Sánchez ignora los informes de los fiscales contra el indulto a los independentistas

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Ábalos y los presos.
Apenas unos días después del razonado informe de los fiscales del Supremo contra la concesión del indulto a los sediciosos del “procés”, el ministro Ábalos reitera como un " compromiso moral" dejar sin efecto las consecuencias de aquél.
Sánchez ignora los informes de los fiscales contra el indulto a los independentistas

Apenas unos días después del razonado informa de los fiscales del Supremo contra la concesión del indulto a los sediciosos del “procés”, con su habitual cinismo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha insistido en las intenciones del Gobierno con un argumento peregrino. “El Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”. El razonamiento resulta pintoresco, cuando los encausados ni han pedido perdón, no se han arrepentido de sus actos; al contrario, todas sus manifestaciones perseveran en sus objetivos, en no considerarse culpables y el repetir las mismas acciones que los llevaron a la cárcel, tan pronto tengan ocasión. Es más, sin las mismas consecuencias, dada la rebaja de penas y calificación del delito cometido, que va a perpetrar el Gobierno de Sánchez.

Ábalos, que es maestro de oficio, ejercido sólo durante tres meses, ya que realmente no ha tenido otra ocupación que la política, es protagonista de un divertido vídeo que circula en redes sociales donde explica que nunca se verá en la vida un Gobierno apoyado por independentistas, ya que éstos tienen una concepción del Estado que no concuerda con el PSOE y sus principios.

Volver a las andadas

Y mientras los fiscales insisten en que existe el riesgo de que los penados de Cataluña puedan volver a las andadas, Ábalos, en sus declaraciones al diario del Conde de Godó nos dice que “debe hacerse lo necesario para reenganchar a Cataluña al proyecto común. Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y la convivencia es positivo”. Y en el mismo lote de las contraprestaciones pactadas para el apoyo a Sánchez y a sus presupuestos, confirma que una de las prioridades del Gobierno es “antes que tarde, corregir algunos desfases del Código Penal que permitirá su equiparación con los de otros países del entorno, donde un delito equivalente al de una sedición no protagonizada por militares no es castigado con más de cuatro años de cárcel”. Y como si sus palabras fueran de fiar, dice que tras al 14 de febrero, las elecciones abrirán un nuevo tempo político en Cataluña, aventurando que el PSC “no pactará con ningún partido que defienda la independencia, y ello implica que no formará parte de una coalición con Esquerra ni sellará con los republicanos un acuerdo de legislatura”. Ya veremos. Y ya veremos cómo logo construyen puentes con los que no ha dejado de pretender romper amarras con España y que tienen claro que ese es su objetivo.

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Los fiscales lo tienen claro.

A Ábalos no parece haberle impresionado el informe individualizado, de cada uno de los justiciables, emitido pos los fiscales del Supremo, que concluye que ni merecen el indulto ni hay razones que justifiquen, sino al contrario, las medidas de Gracia, puesto que no cumplen ninguna de las condiciones para merecerlo: "A juicio del Ministerio Fiscal las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado, al no apreciarse razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión, por lo que el informe que se emite va a ser totalmente desfavorable. Tampoco avalan la concesión de un indulto parcial, bien mediante la reducción de la pena de prisión, bien mediante la sustitución de esta por la pena de inhabilitación, “teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas".

Quisieron quebrar el orden constitucional

Los informes lo dejan claro: "Eximir de responsabilidad, por esta vía del indulto, a quienes valiéndose de las funciones públicas de gobierno han quebrantado gravemente las leyes a través de la ejecución de unos comportamientos delictivos extraordinariamente graves como lo son intentar la liquidación del orden constitucional o los actos de corrupción mediante la disposición de fondos públicos con fines criminales, además de vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias, supone una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal y corrupto".

Y sobre todo, no procede el indulto ya que “ninguno de los condenados ha mostrado signo alguno de reinserción, en el sentido de haber reflexionado sobre su conducta y la condena que les supuso. Su concesión tampoco cumpliría ese fin resocializador y rehabilitador”.  Hay una referencia especial a Oriol Junqueras, que aparte de insistir en que no se considera autor de delito alguno,  “aparte de su conducta, como la del conjunto de los condenados a penas de prisión, con una falta de lealtad democrática sin precedentes, se ha caracterizado por su rechazo a la legalidad constitucional y por la reiterada y contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional, alegando su condición de presos políticos, denunciando que son objeto de persecución por sus ideas políticas y cuestionando la imparcialidad del poder judicial".

Algo más grave que una sedición

La fiscalía aprovecha la oportunidad para rebatir el argumento de que la sedición no exista en el derecho comparado y repasa sus equivalentes de rebelión, en Francia, Italia o Bélgica, o delito de alta traición en los países nórdicos. E insisten en que lo que "sucedió en Cataluña no fue una sedición al uso. Fue mucho más que una grave alteración del orden público, circunstancia esta que justifica las penas finalmente impuestas". Y que "Con el decidido propósito de declarar la independencia (lo que así hicieron) y segregar esa parte del territorio del Estado proclamando una nueva república (lo que no consiguieron), se produjo un alzamiento institucional desde los poderes legalmente constituidos de esa comunidad autónoma, cuya legitimidad emanaba de la Constitución.

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Sánchez dice que el indulto es un compromiso personal con ERC.

Está claro que os sediciosos catalanes no cumplen ni moral ni objetivamente la condición esencial que los excluye del indulto. Ni se han arrepentido, han reiterado que repetirán su conducta. La gracia excluye “Los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que, a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia”. Cierto que no han sido condenados de nuevo, pero porque no han tenido ocasión de repetir su conducta.

Precisamente, para solicitar el indulto, entre la documentación a presentar destaca acreditativa de la reinserción social, laboral o familiar del penado y, en su caso, del proceso de desintoxicación al que esté o haya estado sometido y toda la que pueda aportar en razón de la solicitud planteada. Lo que sí se evidencias son las declaraciones de los penados en este caso reiterando los propósitos de perseverar en las conductas que los llevaron a delinquir.

Sánchez cumple sus compromisos

Dado que es uno de los compromisos personales del doctor Sánchez con sus consocios de ERC, el Gobierno acelerará el proceso para otorgar el indulto a los condenados por el “procés”. De suyo, el titular de Justicia Juan Carlos Campo dio la buena nueva a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso. Tras el informe de los fiscales nadie duda de que será en el mismo sentido el del Tribunal juzgador, el Supremo, lo que Sánchez le trae al pairo. La confirmación del indulto forma parte del paquete de transacciones entre el gobierno con ERC y JxCat, quienes exigen claramente las cesiones deben hacerse en orden a sus objetivos finales, lo que incluye ---y no se han cansado de repetirlo, la libertad de los presos, el referéndum y la independencia. Además, se ha dejado claro que la modificación del Código Penal era uno de los objetivos del Gobierno para esta legislatura, dentro de los compromisos de las negociaciones de Sánchez con sus consocios en Cataluña. De ahí las propias palabras del presidente de que “Se trata de un compromiso firme”, según aseguró durante el arranque del curso político respecto a la reforma de la sedición. @mundiario

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