¿Hay que revisar las dimisiones por una causa judicial?

Me explico: Es cierto que la justicia es lenta. Cierto que los jueces pueden equivocarse o que pueden actuar en algunos casos con falta de imparcialidad; Es cierto que deben iniciar causas ante denuncias presentadas, tengan o no consistencia. En Galicia hemos vivido muchos casos, demasiados, en los que, tras un comienzo, o incluso una sentencia, todo se queda en nada desde el punto de vista jurídico. Pero las causas se han llevado por delante carreras políticas que han sido irrecuperables y no sólo por las acciones judiciales sino, principalmente por las decisiones políticas.

Por eso, la lección que deben aplicar los políticos es que una imputación, un inicio de causa o de vista oral, no debe justificar o promover la remoción del puesto de un cargo, electo o no, en tanto no haya una sentencia condenatoria. Los que después celebran la absolución o el archivo de una causa no tuvieron ningún tipo de miramiento al comienzo del proceso, quizás se aprovecharon de esa situación para mejorar su posición en el partido o hacerse con un cargo público. Si no hubiese existido esa caza de brujas entre partidos políticos, y dentro de los partidos políticos, con los imputados, no hubiésemos llegado a los lamentos de hoy.

Y esto ha sucedido en distintas ciudades gallegas. Uno de los primeros casos fue el de Javier Escribano, parlamentario del PP en Galicia, quien tuvo que dimitir ante el inicio de una causa por supuestos tráfico de influencias. Fue sobreseída poco más tarde, en el 2012, pero él desapareció definitivamente del panorama político.

En circunstancias traumáticas también fue imputado en la Operación Pokemon, el alcalde de Ourense Francisco Rodríguez, y tuvo que dejar el cargo por las presiones políticas. Luego le imputaron otros cargos por los que fue condenado y absuelto posteriormente. Sin embargo, tuvo que vivir el proceso político y social y personal hasta después de dejar la alcaldía.

El alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, también tuvo que dejar el cargo por la misma causa, aunque fue archivada posteriormente. Y fuera de esta operación, fue imputado el anterior alcalde de este pueblo, Pachi Vázquez, quien, después de ser sometido la criba social durante años y la vista oral, salió absuelto. No había delito.

En Lugo, José López Orozco se vio obligado a dejar la alcaldía por una imputación, aunque en este caso fue el BNG quien promovió la destitución aprovechando una decisión judicial, sin pensar en si era justa o injusta, y contando con el acuerdo del PSOE. Perdió la alcaldía, pero ahora ha sido exculpado. José Ramón Gómez Besteiro, que era secretario de los socialistas gallegos, tuvo que dimitir por otra imputación urbanística de la que, igualmente, acaba de ser exculpado. Los dos han perdido años de sus carreras políticas, sin razón.

En Santiago una jueza arremetió contra toda la corporación municipal del PP, condenándola en un caso que rozó la prevaricación, para ser absueltos por el Tribunal Superior, pero las consecuencias habían sido devastadoras dentro y fuera de sus partidos. Ángel Currás, alcalde, también fue imputado en la operación Pokemon en 2014 y la causa fue archivada en el 2020. Además de dejar la alcaldía, los políticos le impidieron ocupar un cargo en Tragsa de Galicia “porque -decían- era recompensar a un imputado”.

Quizá podamos encontrar algún caso más en Galicia, pero con lo dicho hasta aquí queda claro que los cargos públicos son sometidos a la trituradora política y social por una decisión de un juez, que puede estar equivocado o que puede tener algún indicio, pero sin que se espere a comprobar la veracidad de los hechos que se les imputa. Ni siquiera la apertura de la causa oral debería suponer la remoción del cargo hasta después del procesamiento. Todo ello, claro está, si el implicado no admite su delito y se marcha de forma inmediata. @mundiario