¿Qué puede ofrecer Sánchez a Junqueras dentro de la Constitución?

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Aragonès, Torra, Junqueras y Sánchez: distintos personajes, el mismo discurso.

Aragonès vuelve a pedir lo mismo que Torra con sus 21 medidas: el referéndum de independencia.

¿Qué puede ofrecer Sánchez a Junqueras dentro de la Constitución?

Circula por las redes sociales un simpático video, en el que el doctor Pedro Sanchez se remite a la conferencia política del PSOE para afirmar que “nunca más indultos por motivos políticos o económicos”. Y añade que, en todo caso, esos indultos han de ser tasados y siempre con el informe previo del tribunal sentenciador, se entiende que para tenerlo en cuenta.

Pero vamos a ser optimista y esperanzados, y vamos a admitir que, como el presidente de Gobierno sostiene, la gracia traerá la paz civil a Cataluña, el diálogo y la concordia para llevar a todos, francamente, como diría Fernando VII, a la senda constitucional. Y pasemos por alto la reiterada manifestación de Junqueras y los suyos y sus consocios en la Generalitat de que su objetivo sigue siendo la amnistía y el referéndum de independencia. Vamos a ver, con los antecedentes habidos qué cosa puede ofrecer Sánchez a los sediciosos y sus conmilitones que se ajuste al marco de la Constitución.

En su día, como reveló el juez Santiago Vidal, redactor de la Constitución catalana, Sánchez le prometió que, llegado al Gobierno, podría reponer los aspectos del Estatut de 2006, bendecido por Zapatero (“aceptaré el Estatut que mande el Parlamento de Cataluña”, dijo sin conocerlo), mediante leyes orgánicas. Así que empecemos por ahí.

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Junqueras le pide a Sánchez lo mismo que le pidiera Torra.

Como se recordará, tras cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional anuló 14 de los 223 artículos del famoso Estatut que, a juicio del catedrático de Derecho Constitucional, profesor Jorge de Esteban, era una verdadera Constitución, mediante una metodología orientada a efectos de desarmar la Constitución, atribuyendo a la Generalitat un número ingente de competencias exclusivas, que aparecían blindadas. Si el Estatut posee 223 artículos se debe a que de forma minuciosa se han ido desgajando detalladamente cualquier competencia en subcompetencias para evitar que el Estado pueda legislar sobre ellas, a pesar de que en la Constitución aparecen como competencias exclusivas del Estado”, señaló.

¿Se pueden devolver las competencias hurtadas al Estado?

De modo habilidoso, se hurtaba al Estado la capacidad de disponer para Cataluña sus decisiones en “competencias no cedidas”, competencias de las que al Generalitat se apropiaba de modo harto grosero. ¿Puede Sánchez reponer mediante leyes orgánicas o un nuevo estatuto estos aspectos anulados? ¿Qué va a poner sobre la mesa como alternativa a las peticiones de sus consocios catalanes que estos puedan aceptar y que no sea la amnistía y el referéndum?

Cabe recordar ahora que, tras conocerse el fallo que modificaba el Estatut, el primer político que se manifestó al respecto fuera el presidente de la Generalitat Montilla, quien dijo entonces: “El fallo incorpora limitaciones que habrá que superar. El Estatut está bien vivo. Ninguno de sus aspectos fundamentales ha sido anulado". Pese a ello, este ahora consejero de Eléctricas, y miembro del PSOE, convocó una manifestación contra los recortes, destacando que el fallo "no podrá eliminar nuestra aspiración de autogobierno".

En las modificaciones, reinterpretaciones y matizaciones del Constitucional al Estatut, cabe señalar diversas gradaciones, desde evitar que el castellano dejara de ser lengua propia también de Cataluña a retirar al Defensor del Pueblo la capacidad de intervenir en asuntos catalanes, competencia que recaía exclusivamente en Sindic de Greugues, lo que suponía hacer desaparecer otra forma visible del Estado en aquella comunidad.

Se matizaba la propia competencia del Consejo de Garantías Estatutarias fuera vinculante en cuanto a derechos reconocidos en el Estatut y, sobre todo, se rechazó que el llamado Consejo de Justicia de Cataluña actuara con independencia del Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de la Justicia en aquella comunidad, asumiendo funciones ordinarias sobre el funcionamiento ordinario de la Justicia que, en el conjunto de España, corresponden al Consejo General del Poder Judicial y que no pueden trocearse.

La insolidaridad como divisa

El Constitucional fue determinante a la hora de delimitar la regulación de las competencias compartidas, que correspondía al Estado, en materia de actividad financiera de Cajas de Ahorro y funcionamiento de otras entidades de crédito, gestoras de planes de pensiones y entidades en el mercado asegurador. Otros aspectos polémicos, en contra de la solidaridad interregional, se refería a que la Generalitat pudiera exigir a las otras comunidades autónomas, con menos recursos, “un esfuerzo fiscal similar» como condición para que el Gobierno catalán realizara el ajuste de sus recursos financieros”, al tiempo que se eliminaba la posibilidad de que la Generalitat pudiera establecer y regular por ley los tributos propios de los gobiernos locales. En suma, Cataluña iba a disponer de su exclusiva agencia tributaria que asumiera plenamente para aquella comunidad las competencias de la del Estado.

Y la gran cuestión (ya saben por cierto que Sánchez ha dicho repetidamente que Cataluña es una nación y España una nación de naciones), el Constitucional desposeyó de eficacia jurídica a las referencias en el preámbulo del Estatut de los conceptos “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”, reduciéndolos a su carácter simbólico y cultural.

Se suele aludir al “grave agravio” que supuso privar a Cataluña del Estatut “votado por los catalanes”, pero el examen de los datos matiza tal afirmación. Se suele aludir a que los recortes supusieron privar a Cataluña del Estatut. Aquel 18 de junio de 2006, sólo el 48,85 por ciento de los vecinos de Cataluña con derecho a voto se acercaron a las urnas, lo que cuestiona ese clamor al que se refieren ahora, si bien, casi el 74 por ciento votó a favor, algo menos del 21 por ciento en contra, y el 5,34 por ciento se abstuvo.

Las 21 medidas de Torra

La segunda gran cuestión a considerar, si la ponen sobre la mesa son las “21 medidas” que Torra presentó a Sánchez en el anterior episodio de negociación. En diciembre de 2018, en su última reunión, el ex president de la Generalitat a entregó a Sánchez un documento con 21 puntos para zanjar el conflicto. Los dos aspectos substanciales fueron, por este orden, que el Estado “Reconociera y hiciera efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña", al tiempo que, como si fuera una disputa entre dos estados soberanos semejantes, el asunto se resolviera "mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad".  Aparte, Torra exigía, porque o debía de fiarse de Sánchez, que a las conversaciones se incorporara “un relator que certificara los hablado y acordado entre los partidos”.

Con especial habilidad, el verdadero objetivo se acompañaba de una serie de consideraciones generales sobre la necesidad de “regeneración democrática de España” y la "desfranquización" del país para revertir "la desconfianza de la ciudadanía de todo el Estado, y especialmente la catalana, que afectaba a prácticamente todas las instituciones". El primero de esos 21 puntos reflejaba el habitual victimismo como recurso, pues decía “No se puede gobernar contra Cataluña”.

Los dos gobiernos emitieron un breve comunicado conjunto, en el que se manifestaban dispuestos a "seguir potenciando espacios de diálogo", pese a sus "diferencias notables" sobre las vías de resolución del conflicto. El documento inicial de Torra insistía en “un pacto de Estado”, entre iguales, empezando por que el España reconociera el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, “abandonando la vía judicial”. Y se rechazaba tanto la aplicación del 155 como el que las conductas de quienes se alzaran contra la Constitución, en resumen, fuera conocidas por los jueces.

De Torra a Junqueras

O sea, que volvemos al punto de partida. ¿Hay alguna diferencia entre lo que proponía Torra y lo que exigen Junqueras, Aragonès y el resto de las fuerzas independentistas? La hay en cuanto a la experiencia de haber experimentado la vía unilateral y sus consecuencias, que ahora a anular Sánchez, con la previsión de que, modificando el Código Penal, si se volvieran a repetir los episodios de 2017, las consecuencias para los causahabientes serían más livianas.

Pero, insistamos en la pregunta: Si Sánchez no otorga porque no puede, dentro de la Constitución, acceder a lo que piden, ¿qué puede ofrecer a cambio que satisfaga, ya sea temporalmente a los independentistas? ¿Acaso reponer los contenidos inconstitucionales del Estatut de 2006 y reducir todavía más la ya escasa presencia del Estado en Cataluña o un nuevo texto que vaya más allá de lo que fue aquél? A ver cómo se encaja todo eso en la Constitución. De momento, una ministra del Gobierno, la señora Belarra, de Podemos, –cuyos actos por principio son solidarios—ya ha dicho que se otorgue el referéndum de independencia y que el fugado Puigdemont pueda volver, sin  ser, molestado al territorio nacional, exonerado de toda acusación. @mundiario

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