Puigdemont y Junqueras son citados por el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas ha citado para el 28 de enero a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, expresident y exvicepresident de la Generalitat, respectivamente. Esto por los gastos del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, ha informado Societat Civil Catalana (SCC) y confirmado el tribunal.  Esta entidad contraria al independentismo presentó una denuncia, a la cual se sumaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas con la finalidad de que los líderes del procés devuelvan el gasto que conllevó el 1-O.

El Tribunal de Cuentas ha citado también en su investigación a los exconsejeros Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Lluis Puig, Meritxell Serret, Santi Vila y Neus Munté. Y a los ex altos cargos del Govern Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj para fijar la liquidación provisional de los gastos del 1-O. “Tras nuestra denuncia reclamando a los responsables del 1-O que devuelvan todo el dinero público que destinaron a esta jornada ilegal, el Tribunal de Cuentas ha citado a Puigdemont y Junqueras entre otros. Democracia es exigir un uso responsable del dinero de todos los catalanes”, ha escrito SCC en Twitter.

¡Una vez recibida la resolución, los citados tienen 10 días hábiles para presentar alegaciones y aportar documentos o elementos que consideren que deben tenerse en cuenta. También pueden interponer un recurso en un plazo de cinco días, que no suspende las actuaciones del órgano contable.

¡El expresidente catalán Artur Mas, junto a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau, fue condenado por el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2018 a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Sociedad Civil fue también una de las entidades que presentó una demanda en este caso. El tribunal ordenó el embargo de la vivienda del expresidente de la Generalitat en la calle Tuset de Barcelona para hacer frente a la fianza durante el proceso. Los condenados abonaron el importe de la multa, pero recurrieron y el caso está ahora en el Tribunal Supremo. @mundiario