El Estado se moviliza para salvar a la infanta Cristina

Era de prever lo que pasa y que está asumido el escándalo que se está produciendo en la opinión pública, incluido el rebote en contra de la propia Monarquía, cuya prédica de ejemplaridad quedan por los sueldos, ante la movilización del Estado en defensa de la infanta Cristina. Que para el Gobierno de Rajoy era “Cuestión de Estado” era más que evidente.

Pero lo más insólito no es ya que el fiscal, la abogado del Estado y la Hacienda Tributaria no acusen –se podrían haber inhibido- sino que forman la vanguardia de la defensa de la real justiciable con argumentos que son una burla a todos los ciudadanos y especialmente a los contribuyentes.

Las palabras quieren decir lo que dicen, y como bien interpretó el juez Castro, que “Hacienda somos todos”, es que, constitucionalmente, los españoles tenemos el deber de contribuir a sostener el Estado. Y quiere decir eso y no otra cosa. Y por lo tanto, a todos implica, sin excepciones en cumplir nuestras obligaciones fiscales, y bien que se suele perseguir a quien no lo hace.

Pero por lo visto, los miembros de la Casa Real están exentos o no concernidos.

Pero, aparte de ello, que cualquiera que incumpla ese deber nos afecta a todos, y no sólo a la Agencia Tributaria, órgano administrativo que se debe ocupar del asunto. De ahí el pleno sentido, en el proceso del caso Noòs, de la Acción Popular contra la infanta Cristina.

La acusación popular deriva del art. 125 de la Constitución Española, como derecho de participación de los ciudadanos en la administración de la justicia y, por ello, no se precisa ser perjudicado u ofendido por el delito para ejercerla en los delitos públicos. Tal reconocimiento constitucional tiene reflejo en el art. 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los arts. 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para el ejercicio de la acción popular es necesario formular querella, prestar la fianza para responder de las resultas del juicio (fijada por el Juez o Tribunal) y la intervención de abogado y procurador.

El Tribunal Constitucional español ha establecido que el ejercicio del derecho del perjudicado a acusar se ampara en el art. 24.1 de la Constitución, que consagra como derecho fundamental de toda persona “obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

Eficacia de la acción

Destaca el penalista Jordi Tirvió Portús, a quien seguimos, que en el ordenamiento procesal penal español, a diferencia de lo que sucede en otros países (Francia, Italia y Alemania) la acción penal no está monopolizada por el Ministerio Fiscal. En España la acción penal es pública y su ejercicio está legalmente configurado como un deber para el Ministerio Fiscal y como un derecho para todos los ciudadanos.

En el proceso penal español pueden ejercer la acción penal, adquiriendo la condición de parte acusadora, el Ministerio Fiscal, la acusación popular, la acusación particular y el acusador privado. Cualquier ciudadano español (incluidas las personas jurídicas, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional), a pesar de no ser ofendido o perjudicado por el delito, puede ejercitar la acción penal, constituyéndose en acusación popular previo cumplimiento de unos requisitos legales.

Las actuaciones judiciales, desde el inicio del procedimiento penal, han de estar dirigidas a la averiguación del delito y sus circunstancias, a la determinación de los responsables del mismo y aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias. Todo ello se puede dejar en manos del Juez instructor y del Ministerio Fiscal, quienes deben investigar los hechos delictivos y el patrimonio del infractor y su entorno.

Vergüenza histórica

La vergonzosa defensa de la Infanta solo se justifica porque hay que librarla como sea, una cuestión de Estado para este Gobierno que ha mandado a sus servidores en tromba en su socorro: la Agencia Tributaria, tan eficiente a la hora de perseguir las rentas del trabajo, no acusa, y la abogada del Estado dice que Haciendo no somos todos, sino sólo los que pagamos. La caída en picado de la dignidad del Estado ya no es sólo el abrevadero de los corruptos, es una gran burla cruel a los españoles de todos los tiempos. Si el gobierno de Rajoy lo hubiera impuesto, porque para eso manda, la Agencia Tributaria, la Abogada del Estado y la Fiscalía habrían tenido que acusar. Pero cuando hagamos la declaración de la renta, cuando paguemos el IVA, habremos de tener presente la cara de Rajoy, del fiscal, de la abogada del Estado y a la Agencia Tributaria.

La vigencia del juicio de Ortega y Gasset

Parece que hoy en día recobra especial vigencia el famoso artículo de Ortega “Delenda est monarchía” cuando dijo: “La Monarquía piensa que en política [los españoles] son gente mansurrona y lanar”¿Qué diría de este lamentable Estado cuyos servidores defienden a los delincuentes? La cuestión es salvar a la hermana del Rey.  He aquí la vigencia de sus palabras:

“El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanta mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho…….”