PP y Vox sellan su alianza en Baleares: presupuestos a cambio de lengua, inmigración y memoria
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha cerrado un acuerdo presupuestario con Vox que no solo garantiza la aprobación de las cuentas autonómicas de 2025, sino que consagra una nueva etapa de colaboración entre el Partido Popular y la ultraderecha. Tras la Comunidad Valenciana, Baleares se convierte en el segundo territorio gobernado por el PP que sella un pacto estructural con Vox para asegurar la gobernabilidad. Pero este entendimiento no es meramente aritmético: el precio político que conlleva trasciende lo financiero y se adentra de lleno en las coordenadas ideológicas que configuran la España contemporánea.
El acuerdo entre PP y Vox, más allá de sus implicaciones presupuestarias, introduce medidas que suponen un retroceso en el ámbito de los derechos lingüísticos, la política migratoria y la memoria democrática. Se trata, en efecto, de una hoja de ruta marcada por las obsesiones programáticas de la extrema derecha, asumidas por los populares por la necesidad de un Gobierno autonómico de sacar adelante las cuentas autonómicas.
La lengua catalana, históricamente protegida en Baleares como herramienta de cohesión social, ha sido el primer objetivo del acuerdo. La inclusión del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo y la relajación de los requisitos lingüísticos para docentes y empleados públicos representan un cambio al modelo de inmersión lingüística que ha sido clave en la utilización del catalán en el archipiélago.
El argumento esgrimido por el PP —que es preferible contar con profesores que no hablen catalán a no tener profesores— simplifica un debate complejo y relega la lengua propia del territorio a un papel secundario.
Inmigración y memoria democrática
El bloque de medidas sobre inmigración que contempla el pacto PP-Vox sitúa a Baleares a la vanguardia del endurecimiento legislativo en esta materia. Entre ellas está el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y la supresión de ayudas públicas a quienes no acrediten varios años de residencia legal.
El acuerdo culmina con la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, una decisión simbólicamente devastadora. El PP justifica esta eliminación en la existencia de una Ley de Fosas común, pero la medida responde al objetivo de Vox por acabar con las políticas de reparación histórica diseñadas para las víctimas del franquismo.
El pacto presupuestario de Baleares ilustra una estrategia más amplia del PP a nivel nacional. Alberto Núñez Feijóo, tras animar a los barones autonómicos a cerrar acuerdos con Vox, guarda silencio sobre los contenidos ideológicos que estos conllevan.
La referencia de Prohens a que este acuerdo no se ha cocinado “en Waterloo” apunta a una clara intención de distanciarse del modelo de pactos del PSOE con el independentismo catalán. @mundiario