El PP frente al caso Montoro: entre la contención y la contradicción en plena ofensiva contra el PSOE
La imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llegado en un momento especialmente incómodo para el Partido Popular (PP). En plena campaña de denuncia contra la corrupción que salpica al PSOE —y en particular por el caso Cerdán—, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se ve obligado a gestionar una situación que amenaza con desdibujar su relato de regeneración democrática y firmeza ética. Aunque desde la dirección popular se insiste en marcar “diferencias abismales” con el comportamiento del PSOE ante la corrupción, lo cierto es que el caso Montoro expone las grietas de un discurso que ahora debe medirse contra su propia vara de medir.
El caso que instruye un juzgado de Tarragona implica a Montoro, y a decenas de altos cargos del Ministerio de Hacienda, en supuestas maniobras legislativas destinadas a favorecer a determinadas empresas gasistas a cambio de contraprestaciones. Esta investigación ha estallado mientras el PP desplegaba una estrategia centrada en exigir responsabilidades al Gobierno por los escándalos del llamado caso Koldo, donde varios altos cargos del PSOE y del Gobierno han sido acusados de amaños en adjudicaciones públicas.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha tratado de contener el impacto político asegurando que la formación “colabora con la justicia” y que, a diferencia del PSOE, el PP no arremete contra jueces ni lanza teorías de persecución judicial. “Lo que hay que ver es cómo actuamos cada uno. Si yo fuera Patxi López (portavoz parlamentario del PSOE), diría que hay una investigación prospectiva, o que los jueces atacan al PP; y si fuera del PSOE o de Sumar diría que hay lawfare”, afirmó Muñoz.
“A mí me parece bien que se investigue. En mi partido ha podido haber compañeros que han podido usar el partido o el Gobierno para enriquecerse, y eso nos afecta a la gente honrada”, zanjó la portavoz de los populares, que en rueda de prensa en el Congreso este lunes afirmó que “quien tiene que dar explicaciones, en sede judicial, es el señor Montoro”, descartando de plano las exigencias de los socialistas, que pasan porque el expresidente Mariano Rajoy, o en su defecto Feijóo, rinda cuentas públicamente por haber nombrado al exministro de Hacienda. Los populares, sin embargo, sí reclaman que Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas por los casos que afloran en su entorno.
Muñoz ha insistido en que, si hay culpables en su partido, deben ser juzgados, y ha subrayado que el caso se encuentra en su “fase probatoria”. La estrategia de Génova parece apuntar a tratar el caso como un hecho aislado, desvinculado de la actual estructura del partido tras dos renovaciones de la mano de Pablo Casado y ahora el equipo de Feijóo, mayormente originario de Galicia.
La sombra de Marcial Dorado y el control del relato
A este escenario se ha sumado una nueva controversia: las declaraciones del condenado por narcotráfico Marcial Dorado sobre su pasada relación con Feijóo. En una entrevista en El Confidencial, Dorado ha asegurado que el PSOE le ofreció dinero para “soltar una bomba” sobre el líder de los populares antes de las elecciones generales, algo que la formación socialista ha negado tajantemente.
El relato de la regeneración que el PP intenta construir tropieza así con elementos del pasado que aún resuenan en la opinión pública. Por mucho que se quiera desvincular del escándalo, la foto de Feijóo con Dorado sigue siendo utilizada en su contra por sus adversarios políticos.
El caso Montoro ha irrumpido de manera inesperada en la hoja de ruta del Partido Popular, obligando a la formación a equilibrar su narrativa de limpieza ética con la gestión de una herencia política que aún le pesa. Mientras el partido trata de mantener la ofensiva contra el PSOE por los escándalos recientes, la imputación de uno de sus ministros estrella expone una debilidad estructural: la dificultad para exigir a los demás lo que no se aplica internamente con igual rigor. @mundiario