El PP, atrapado entre su discurso y sus alianzas locales en el veto de Jumilla
La política española, cada vez más atrapada en gestos simbólicos y batallas culturales, ha encontrado en Jumilla un nuevo ejemplo de cómo las decisiones locales pueden tener consecuencias nacionales. El Ayuntamiento, gobernado por el PP con el apoyo indirecto de Vox, ha modificado el reglamento de uso de sus instalaciones deportivas para impedir, de facto, la celebración de dos festividades islámicas. La medida llega tras cuatro años de convivencia sin incidentes y justo en el marco de la tramitación de los presupuestos municipales, lo que delata un componente más político que administrativo.
Desde Génova, el discurso oficial es un ejercicio de equilibrio calculado. El vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, insiste en que el texto aprobado “no menciona ninguna confesión” y que el partido “defiende la libertad de culto”. Sin embargo, evitar el nombre no borra el efecto: las comunidades musulmanas del municipio pierden un espacio para sus celebraciones, mientras se preserva intacta la agenda simbólica de “defensa de las tradiciones españolas” impulsada por Vox. El argumento formalista de que “la norma es para todos” esconde la paradoja: una legislación supuestamente igualitaria que termina generando exclusión.
Lo más llamativo es que ni las críticas de la Conferencia Episcopal Española —poco proclive a romper lanzas en favor de minorías religiosas— ni la incomodidad interna en parte del propio PP han bastado para reconsiderar la medida. Vox, en cambio, ha capitalizado el episodio. Su concejal en Jumilla presumió públicamente de haber “doblado el brazo” a los populares, mientras la formación de Santiago Abascal impulsa mociones similares en otras comunidades y en el Congreso, marcando así el terreno ideológico.
El PP, por su parte, juega a la ambigüedad. En algunos municipios, como Murcia, rechaza medidas parecidas; en otros, como Jumilla, las respalda. Esta falta de criterio unificado no es fruto del azar: es una estrategia para mantener el apoyo de un electorado conservador que mira de reojo a Vox, sin romper del todo con un sector que prefiere un discurso más moderado. Pero este tacticismo conlleva riesgos. En el terreno de los derechos fundamentales, la tibieza es a menudo interpretada como complicidad.
El Gobierno, consciente del valor simbólico del caso, ha optado por impugnar la norma, esgrimiendo la defensa de la libertad religiosa como principio constitucional. Génova, en cambio, acusa al Ejecutivo de usar el caso para “no hablar de corrupción”, intentando desplazar el debate hacia la agenda económica y la vivienda. El problema es que, en política, ignorar el fondo de la cuestión no lo hace desaparecer: solo prolonga la crisis y da munición a los adversarios.
Jumilla es, en realidad, un laboratorio político. Demuestra que la convivencia y la pluralidad pueden erosionarse no solo con grandes leyes, sino también con pequeños cambios normativos revestidos de neutralidad. Si el Partido Popular aspira a liderar desde el centro, deberá decidir si su concepto de “libertad de culto” es un principio innegociable o una frase comodín. En un contexto donde la ultraderecha presiona y la sociedad observa, no hay espacio para medias tintas: o se defiende la diversidad en todos los frentes, o se consiente su lenta erosión. @mundiario