Un consejero de Don Juan requirió a Juan Carlos apoyar una consulta popular

Juan Carlos y Don Juan.
Juan Carlos y Don Juan.

Según la historia olvidada de la monarquía reinstaurada en España, sucedió en mayo de 1975. Calvo Serer, consejero de Don Juan de Borbón, requirió a Juan Carlos apoyar una “consulta popular” sobre el futuro de la dinastía.

Un consejero de Don Juan requirió a Juan Carlos apoyar una consulta popular

Según la historia olvidada de la monarquía reinstaurada en España, sucedió en mayo de 1975. Calvo Serer, consejero de Don Juan de Borbón, requirió a Juan Carlos apoyar una “consulta popular” sobre el futuro de la dinastía.

Los partidarios de evitar que el pueblo español se pronuncie sobre la forma del Estado y su jefatura cabalgan sobre una cita de Olagaray, para concluir que "A los reyes no se les elige, ni se les somete a referéndum”. Y añade:

Porque Aquella Monarquía que pretendiera edificarse sobre un plebiscito ya no sería tal, sino que pasaría a convertirse en una jefatura vitalicia del Estado como la que Napoleón y su sobrino -también, con todos los matices, el general Franco en España- ejercieron en dos momentos de la historia de Francia. Ninguna razón podría esgrimirse contra los que, cada cierto tiempo, reclamasen la convalidación del rey por medio de un nuevo referéndum.

 

Pero el 28 de mayo de 1975, Calvo Sererdestacado miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona, digirió una carta a Juan Carlos, donde le decía que la monarquía solamente sería posible si era aceptada por el pueblo español. (Véase Calvo Serer, Rafael, ¿Hacia la tercera república española? En defensa de la Monarquía democrática (Barcelona, Plaza y Janés, 1977).

La carta concluía con estas exigencias:

1. Transmisión de la legalidad representada por V.A. a la legitimidad histórica del jefe de la Dinastía y que ambas soliciten el reconocimiento y apoyo del pueblo español en un referéndum realmente libre; es decir, la consecución de la legitimidad democrática hoy universalmente válida.
2. Movilización de los representantes del poder social que obligaría a Franco a retirarse procediéndose a la consulta popular.
3. Acción nacional que obligue al Ejército a negociar con la Junta Democrática un Gobierno provisional al que incumbirá la realización de la consulta popular.

 

Y esto lo reclamaba un hombre de Don Juan. ¿Es que hemos olvidado la historia?

No deja de ser curioso que Juan Carlos I nunca se ha considerado concernido por las llamadas “Leyes de Familia”, a través de las cuales se trasmite, dentro de la familia, la propia legitimidad dinástica. Así lo entendía su padre el Conde de Barcelona, quien el 14 de mayo de 1977, en un acto casi privado, renuncia a los derechos históricos de los que era depositario y se los trasmite a su hijo. Un año antes, en lo que muchos monárquicos consideraron una nueva bofetada a su padre, en plena transición, el 19 de mayo de 1976, se había proclamado a Felipe “Príncipe de Asturias”. Obviamente de la monarquía del 18 de julio, porque don Juan todavía no cediera sus derechos históricos, y en consecuencia, y desde esta “legitimidad dinástica”, el Príncipe de Asturias sería el propio Rey Juan Carlos I.

Para Guglielmo Ferrero, los principios de legitimidad nacen, crecen, envejecen, se extinguen y, en ocasiones, discuten y se enfrentan entre sí con una fuerza y una saña increíbles. Sus ciclos vitales y sus luchas constituyen una trama invisible de la que se nutre la historia del mundo. Dos principios se han batido y se baten en pugna en nuestro tiempo: elección frente a herencia; democracia contra monarquía:

Desde la Revolución Francesa, el principio aristo-monárquico ha venido siendo combatido sin pausa por personas sinceramente convencidas de batirse por la libertad y el progreso de la humanidad, y sostenido por otras no menos seguras de defender el orden, la familia, la religión y la civilización, salvajemente amenazados por los nuevos bárbaros.

 

Dice Guglielmo que las luchas por el poder que esa confrontación, realmente inacabable van más allá del simple deseo de mejorar la organización de la comunidad política y que básicamente consiste en la existencia en el seno de las sociedades humanas, de ciertas fuerzas que actúan impidiéndolas cristalizar de manera definitiva: “Esas fuerzas son los principios de legitimidad, a los que también hemos denominado Genios invisibles de la ciudad”.  Para este autor, ese conflicto se plantea claramente entre la lucha entre el Genio del Ancien Régime y el Genio de la Revolución:

El problema capital que condiciona la totalidad de la historia de los dos últimos siglos es, precisamente, la lucha entre estos dos principios, una lucha que estallará primero en Europa a finales del XVIII, y que con el tiempo terminará expandiéndose por todo el mundo. Para resolverlo es necesario partir de un dato de capital trascendencia, a saber: un principio de legitimidad no puede ser nunca explicado de manera aislada al margen de la realidad social en la que vive.

 

¿Por qué se aceptó la legitimidad de la aristocracia y la monarquía durante siglos. Pues porque estaban apoyadas por la sumisión al principio hereditario, sustentadas en la riqueza territorial, bendecidas por la Iglesia, y se mostraban ante los súbditos y siervos como en los fascinantes esplendores de la antigua civilización cualitativa. De este modo “la monarquía y la aristocracia lograron hacerse aceptar por las masas como jerarquías legítimas; un pequeño número de familias gobernaron a inmensas multitudes convencidas de que su sometimiento era justo, razonable, conforme a la voluntad divina y a sus propios intereses”.

Mientras que en las sociedades arcaicas, los gobernantes son los intérpretes de las fuerzas mágicas o de los dioses que rigen el mundo y los hombres: el orden social no puede resultar más que de la obediencia a estos mandamientos superiores. El poder era la expresión de la voluntad de los dioses, que se manifestaba con ritos y ceremonias (el protocolo de las monarquías conserva muchos de esos ritos para impresionar a los súbditos). El ceremonial era una de las leyes sagradas del Ancien Régime, la codificación minuciosa, indiscutible e inviolable de las formas, destinada a simbolizar en miniatura y en todo momento de la vida cotidiana, la inmutable distinción entre las jerarquías superiores y las masas sometidas.

En nuestros días, el deseo de muchos biógrafos de crear la idea de una continuidad dinástica armónica entre Don Juan y Juan Carlos queda deslucido por cuestiones protocolarias, que recuerdan otros episodios de esta familia, como cuando su antepasado Fernando VII arrebató el trono a su padre Carlos IV. O, insistimos, cuando en noviembre de 1975, cuando el Conde de Barcelona todavía no había cedido los “derechos históricos” y por lo tanto era el Rey Juan III, y Juan Carlos (en la legitimidad dinástica, el Príncipe de Asturias, en tanto que el sucesor a título de Rey de Francisco Franco (previa condición del inventado título de Príncipe de España), pero en tal ocasión Juan Carlos elevó a su hijo Felipe a la condición de Príncipe de Asturias, creando una curiosa duplicidad, pues el propio Juan Carlos lo era (por su padre), en tanto otorgaba el mismo rol como heredero de la monarquía de Franco. Una chapuza.

Borrás afirma, citando al Conde de Motrico, que existía un Pacto de Familia, así bautizado por Areilza, en recuerdo del establecido con Francia a raíz del establecimiento en España de los Borbones, según el cual padre e hijo se habían repartido los papeles, el uno en Estoril y el otro en la Zarzuela. Ambos los dos puestos a aceptar si era el otro el llamado a ocupar el trono los hechos consumados. Estaba muy en la línea tradicional de los Borbones, o de aquel hugonote, su antepasado Enrique IV de Navarra, que se hizo católico porque “París bien vale una misa”.

Estos han sido uso consuetudinario en la familia. ¿De qué nos sorprendemos?

Un consejero de Don Juan requirió a Juan Carlos apoyar una consulta popular
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