Las libertades en España nunca tuvieron un respaldo mayor y más duradero que la Constitución del 78

Aznar, Rajoy, Juan Carlos I, Felipe González y Zapatero.
Aznar, Rajoy, Juan Carlos I, Felipe González y Zapatero.

Los gobiernos de González y de Aznar ya habrían iniciado la contraofensiva, según han venido a decir ambos ex presidentes de forma contundente y reiterada.

Las libertades en España nunca tuvieron un respaldo mayor y más duradero que la Constitución del 78

Basta poner los oídos en la calle para comprobar que la inmensa mayoría de los ciudadanos contrarios a la rebelión secesionista del Gobierno de Cataluña se preguntan cómo es posible que Puigdemont, cabeza institucional de la asonada, pueda comparecer en el Senado, cámara que él mismo no reconoce, para presentar alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuando lo propio sería que quien ha violado la Ley de forma tan flagrante compareciera ante la Justicia.

Son innumerables los ciudadanos que no terminan de asimilar la delicadeza del proceso normativo en un asunto de tanta trascendencia –el más grave junto a la intentona del 23-F– y, sin embargo, sea tan brusco en otros casos de mucha menor entidad penal. Y el recelo es mayor cuando esa misma gente escucha decir al vicepresidente primero de la Cámara Alta, Pedro Sanz (PP), que sería “un honor” escuchar a Puigdemont en tan elevada tribuna, para lo que el presidente de la institución, Pío García Escudero, ofrece incluso que lo haga en el último minuto de la última hora, previo a la votación que daría luz verde a las medidas propuestas por el Gobierno.

En puridad, nada puede objetarse contra un procedimiento que pretende agotar, desde la generosidad democrática, todas posibilidades para que los rebeldes o golpistas regresen a la legalidad. Son los pros y, para algunos, los contras, de un sistema constitucional construido por todos y para todos, del que se han servido los mismos que ahora lo traicionan. Las libertades en España nunca tuvieron un respaldo mayor y más duradero que la Constitución de 1978, pero es tan notoria la utilización que los secesionistas hacen de la connatural magnificencia del Estado de derecho, que ésta ha comenzado a traducirse en dejación de responsabilidades frente a los que pretenden dinamitarlo.

Cuando quiebra la convivencia, la fatalidad se prolonga en el tiempo y la información oficial es roma o está mal elaborada, es lógico que la incomprensión cale en la ciudadanía y cunda la desafección hacia las instituciones encargadas de defender y hacer cumplir la Carta Magna. En todo este tiempo la Generalitat no ha mostrado ni el más diminuto gesto para la concordia, al contrario. Toda su actuación se enmarca en la afrenta, en la injuria, en la mentira, en el chantaje dilatorio, en el falso victimismo, y no existe el menor indicio para creer que la supuesta intervención de Puigdemont en el Senado no represente una nueva ofensa a la Democracia, un nuevo atentado al orden, esta vez consentido en sede soberana.

Es un riesgo que el Gobierno está dispuesto a asumir, mitad por mandamiento mitad por miedo, quizás como última estrategia para desarmar a los complacientes y desencadenar la contraofensiva que ya habrían iniciado los gobiernos de González y de Aznar, según han venido a decir ambos ex presidentes de forma contundente y reiterada.

El grueso de los españoles ha comulgado a regañadientes con la mansa actitud de Rajoy –me esfuerzo en pensar que la más apropiada a las graves circunstancias–, pero en esa comunión ya no cabe repartir más ruedas de molino. Algunos estamos atragantados.

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