La ‘ley trans’, avalada en el borrador de sentencia del Constitucional
El Tribunal Constitucional comenzará la próxima semana la deliberación sobre la ley trans estatal, con un proyecto de sentencia que respalda de manera casi íntegra esta legislación, aprobada hace dos años. El borrador elaborado por el magistrado Juan Carlos Campo refrenda el derecho a la autodeterminación de género, subrayando que la rectificación del sexo registral basada en la voluntad de la persona se ajusta a los principios constitucionales de dignidad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad.
Aunque el proyecto apenas declara inconstitucionales dos apartados menores de la norma —referidos a sanciones excesivas en casos de discriminación—, su aprobación no está garantizada. El debate interno entre los magistrados ya ha revelado resistencias, tanto en el bloque progresista como en el conservador. Las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, del ala progresista, han manifestado reservas que, unidas a la oposición previsible del sector conservador, podrían forzar matizaciones al texto para lograr una mayoría suficiente.
El recurso contra la ley, presentado por el Partido Popular, sostenía que la autodeterminación de género genera inseguridad jurídica. Sin embargo, el borrador del Constitucional descarta esta interpretación. En su análisis, el tribunal afirma que la equiparación de derechos entre mujeres cis y mujeres trans es una exigencia constitucional y no puede considerarse, en sí misma, una forma de discriminación.
El debate en torno a esta ley no es nuevo. Durante su tramitación, provocó tensiones profundas en el movimiento feminista, el Parlamento y el propio Gobierno, especialmente entre PSOE y Podemos. La autodeterminación de género se situó en el centro de las disputas políticas, hasta el punto de precipitar la salida del Ejecutivo de Carmen Calvo, entonces vicepresidenta.
La ponencia también aborda la protección de los menores, estableciendo un esquema gradual según la edad, con mayores garantías y apoyos cuanto menor sea la madurez del solicitante. Este enfoque, señala el proyecto, respeta el equilibrio entre el principio de seguridad jurídica y la protección de derechos fundamentales.
En sus aspectos esenciales, la propuesta del Constitucional respalda la visión de la Abogacía del Estado, que defendió la constitucionalidad de la norma como una opción legislativa legítima dentro del marco vigente. Aunque el pleno de la próxima semana no concluirá la deliberación ni procederá aún a la votación, el sentido general del debate marca un paso importante en la validación judicial de un texto legal que ha redefinido el marco de los derechos LGTBIQ+ en España.
El movimiento del Constitucional, si se confirma, marcaría un punto de inflexión tanto en el debate político como jurídico sobre la autodeterminación de género en España. El tribunal parece optar por una interpretación de la Constitución que da prioridad a la protección de la dignidad y la identidad personal frente a otros principios como la seguridad jurídica, en línea con una evolución progresiva en materia de derechos fundamentales. No obstante, la fractura interna del tribunal revela que, a pesar del marco jurídico claro, el consenso político y social sobre esta cuestión sigue lejos de alcanzarse. @mundiario