Junts aprieta al PSOE: ultimátum con la amnistía como eje de una relación al borde del abismo

A medida que se agota el plazo de gracia concedido por Junts per Catalunya al Gobierno de Pedro Sánchez, el equilibrio de la legislatura pende de un hilo. El ultimátum lanzado esta semana por Jordi Turull, secretario general de Junts, no solo pone en jaque al Ejecutivo socialista, sino que reabre un debate de fondo: ¿puede un Gobierno depender de fuerzas que no solo lo sostienen por estrategia, sino que condicionan su continuidad al cumplimiento exacto —y con cronograma— de una hoja de ruta política de máximos?

La advertencia de Turull es clara: si la ley de amnistía no se aplica antes de mayo y no se materializan los compromisos pactados, Junts retirará su apoyo al PSOE. No es un farol. En palabras del número dos de Puigdemont, las próximas seis semanas son “una prórroga” que culminará en una evaluación definitiva de la voluntad —o capacidad— del Gobierno para cumplir lo firmado. Y, de momento, el balance que hacen en Bruselas y Waterloo es profundamente negativo.

La ley de amnistía, piedra angular del pacto entre Junts y el PSOE, ha quedado atrapada en el laberinto judicial. La reciente decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont ha desatado la indignación del espacio independentista, que denuncia una “resistencia judicial” frente a lo aprobado por las Cortes. Para Junts, no se trata solo de una cuestión jurídica: es un incumplimiento político. Puigdemont sigue fuera de España, la persecución judicial continúa, y desde su partido se acusa al PSOE y al PSC de mirar hacia otro lado, cuando no de “blanquear” a magistrados que, según Turull, “se han erigido en salvadores del ‘atado y bien atado’”, en alusión a la frase expresada por Francisco Franco sobre la sucesión del Rey Juan Carlos I.

Esta interpretación de la situación refuerza la tesis de que no basta con promulgar leyes, sino que debe haber una “amnistía política” plena. Para Junts, la amnistía no se resume en una resolución judicial: implica la rehabilitación pública de Puigdemont, la restitución simbólica de su figura como actor legítimo y un gesto político que aún no ha llegado: una reunión con Pedro Sánchez.

La foto pendiente: símbolo de una restitución política

Desde que Puigdemont abrió la puerta a apoyar la investidura de Sánchez, dio por hecho que ese gesto vendría acompañado, tarde o temprano, de una foto institucional con el presidente del Gobierno. Ni Illa en su visita a Bélgica ni Sánchez en su agenda han concretado ese encuentro.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha recordado que “en la rueda de prensa que da siempre el presidente del Gobierno antes de las vacaciones de Navidad, ya les dijo él en su momento que esta reunión llegará cuando tenga que llegar, dentro de la más absoluta normalidad”. Pero esa espera prolongada es vista por Junts como una muestra más de la reticencia del PSOE a asumir el coste político de legitimar públicamente al expresident.

El ultimátum no se detiene en la amnistía. Junts también exige avances inmediatos en el traspaso de competencias en inmigración, la oficialidad del catalán en la UE —una promesa aún sin resultados tangibles— y la ejecución íntegra de las inversiones acordadas en los Presupuestos. Hasta que no se acrediten estos puntos, Turull ya ha advertido de que no habrá negociación presupuestaria futura.

El mensaje es inequívoco: o se cumple todo lo pactado o se rompe el tablero. Y en ese tablero, la aritmética parlamentaria no le da al PSOE margen para perder apoyos.

¿Rehenes de la estabilidad o actores decisivos?

El dilema que atraviesa la legislatura es evidente: Junts, un partido que reivindica su objetivo último de independencia, sostiene a un Ejecutivo cuya supervivencia depende de su voto. ¿Es sostenible esta contradicción? ¿Hasta cuándo podrá el PSOE ceder ante exigencias que comprometen su narrativa institucional y su imagen en el resto de España?

Junts sabe que su ventana de oportunidad es limitada, y por eso acelera. La presión sobre Sánchez no solo busca resultados inmediatos, sino mantener viva la centralidad política de Puigdemont y su espacio en la negociación del futuro de Cataluña. Con un Tribunal Constitucional que promete decidir sobre la amnistía antes del verano, los próximos meses serán cruciales para el equilibrio institucional del país.

El pulso entre Junts y el PSOE es un juego de desgaste en el que cada gesto cuenta. Para los de Puigdemont, el tiempo corre en contra si no hay avances visibles. Para Sánchez, cada concesión implica un coste político difícil de amortiguar en el resto del Estado. Pero la amenaza de un colapso parlamentario no es menor. En un Congreso sin mayorías estables, la ruptura con Junts podría arrastrar a España a una nueva parálisis o incluso a una repetición electoral. @mundiario