El juicio al fiscal general se enreda por el borrado de su móvil y correo electrónico

La investigación judicial que rodea al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vivido una jornada clave con la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los técnicos encargados de los informes periciales han asegurado que no pudieron acceder al contenido del teléfono móvil de García Ortiz porque “estaba borrado”, una circunstancia que ha centrado el interrogatorio de las acusaciones.

Según los agentes, el dispositivo fue eliminado el 16 de octubre, el mismo día en que el fiscal fue formalmente encausado. Ante la imposibilidad de recuperar su contenido, la UCO reconstruyó parte de las comunicaciones de aquella noche —en la que se produjo la filtración del correo electrónico relacionado con el caso de Alberto González Amador— a partir del teléfono de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y de los registros de llamadas almacenados por las compañías telefónicas.

Los investigadores también intentaron recuperar información a través de la cuenta de Gmail del fiscal general, pero esta había sido igualmente suprimida. Ni las comisiones rogatorias a Google ni a Meta (empresa matriz de WhatsApp) lograron obtener mensajes o respaldos de las comunicaciones originales.

Durante el juicio, las acusaciones han insistido en que el borrado del móvil podría ser una maniobra para evitar el hallazgo de pruebas comprometedoras que lo vinculen con la supuesta filtración del correo que afectaba al novio de Isabel Díaz Ayuso. La defensa, en cambio, sostiene que el fiscal actuó dentro de sus derechos y obligaciones legales, dado que sus dispositivos contienen información sensible de miles de casos en curso.

El propio García Ortiz, durante la fase de instrucción, defendió que “el borrado periódico de los dispositivos” forma parte de los protocolos de seguridad de la Fiscalía. “No solo es mi derecho a gestionar mis terminales, sino también una imposición legal”, argumentó entonces.

Los agentes de la UCO, por su parte, afirmaron que la reconstrucción de los hechos apunta a que “el dominio de toda la acción” en la noche de la filtración correspondía a García Ortiz “como es normal”, dado su papel jerárquico en la institución. Esa frase fue interpretada de manera diferente por las partes: mientras la acusación la considera una prueba indirecta de su implicación, la Fiscalía la tacha de mera “deducción” sin base probatoria.

En la sesión, también se abordó el papel del periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, autor de la primera noticia sobre la filtración. Los agentes señalaron que creen que Campos no tenía aún el correo electrónico cuando publicó su información, ya que citó una fecha errónea. El periodista, sin embargo, ya declaró ante el tribunal que había tenido acceso al correo a través de una fuente distinta al fiscal general y varias horas antes de que este recibiera el documento.

Otro punto relevante fue la revelación de que el correo electrónico filtrado estaba alojado en una cuenta institucional con acceso compartido entre 16 personas, lo que amplía el número de posibles responsables. Los peritos de la Guardia Civil reconocieron que ese dato no se incluyó en su informe inicial porque su análisis se centró en los dispositivos más directamente vinculados a la cadena de difusión.

El juicio se aproxima a su recta final con la esperada declaración de García Ortiz, que deberá responder a las acusaciones de revelación de secretos. De su testimonio dependerá en buena medida aclarar si la eliminación de sus datos fue un acto rutinario o una maniobra para borrar huellas en un caso que ha sacudido los cimientos del Ministerio Público. @mundiario