El juez imputa a la asesora de Moncloa en la causa de Begoña Gómez: ¿qué se sabe?

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha decidido imputar a Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa y persona de confianza de Begoña Gómez, en la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Álvarez, quien ejercía funciones como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, bajo el mandato de Pedro Sánchez, deberá comparecer ante el magistrado Juan Carlos Peinado el 28 de febrero.

La decisión del juez se produce después de haber tomado declaración a Álvarez en calidad de testigo. En un auto judicial, Peinado señala que la investigación se dirigirá contra la asesora “como posible partícipe en los hechos investigados”. Con esta imputación, Álvarez se convierte en la cuarta persona en la causa que cambia su condición de testigo a investigado tras comparecer ante el juzgado.

En otro auto, el magistrado ha solicitado el registro de llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta la fecha actual. El requerimiento incluye contactos con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo empresarial, así como con el Instituto de Empresa, el IE Africa Center, la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Telefónica y La Caixa, además de “cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en las que participó” Begoña Gómez.

La investigación apunta a que Álvarez pudo haber colaborado en la gestión de la cátedra de Gómez en la UCM. En concreto, se le vincula con comunicaciones dirigidas a empresas para, supuestamente, garantizar el patrocinio de la misma. Un correo electrónico enviado por Álvarez a Reale Seguros sugiere esta posible implicación, según El Mundo: “me dice Begoña que os traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior”.

Imputaciones previas y testigos citados

El juez Peinado ya había imputado anteriormente a tres testigos clave en la investigación: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la UCM Joaquín Goyache y el directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes. Todos ellos fueron interrogados primero como testigos y posteriormente imputados tras sus declaraciones.

Ahora, además de la citación de Álvarez, el juez ha llamado a declarar a los CEO de Google, Telefónica e Indra en calidad de testigos. Estas empresas aparecen mencionadas en la investigación debido a su posible relación con colaboraciones en la cátedra de Begoña Gómez para la creación de un software, por cuyo registro también está siendo investigada por los presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional.

Las acusaciones populares consideran que la participación de Álvarez en actividades privadas de Begoña Gómez podría suponer un delito de malversación de caudales públicos. Un escrito presentado por Hazte Oír destaca que “en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir, una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privada”. En este contexto, la organización señala que la actuación de la asesora podría encajar en los tipos penales de tráfico de influencias y malversación.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que la figura del asesor o asesora de la esposa del presidente no es nueva y ha insistido en que se trata de un puesto de libre designación con funciones específicas de “organización, logística y asesoramiento”. Sin embargo, el Gobierno no ha aclarado si estas funciones incluyen la intermediación en negocios o actividades privadas de la esposa del presidente, que es lo que parece ser que quiere determinar el juez, según las acusaciones particulares.

Alegría también ha señalado que la asesora imputada ostenta un cargo con una escala 26 dentro de la Administración y que no se trata de un alto cargo. “No estamos hablando de un alto cargo del Gobierno, sino de un puesto de libre designación”, afirmó la portavoz.

Con esta nueva imputación, la investigación sobre Begoña Gómez y su entorno sigue ampliándose, con nuevas citaciones y pruebas que deberán esclarecer si existió tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos para actividades privadas. @mundiario