El juez apunta a una red con tentáculos públicos: el caso Hirurok y las comisiones bajo sospecha

El auto del juez Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, traza una hipótesis de trabajo que va más allá de actuaciones aisladas. Según el magistrado, la red conocida como Hirurok (que significaría “nosotros tres” en euskera)—integrada por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— habría operado de forma coordinada entre 2021 y 2023 para obtener beneficios económicos mediante comisiones ligadas a contratos y ayudas públicas. Y lo habría hecho, siempre según la investigación, con el apoyo o la intermediación de “diversos cargos públicos”.

La clave del caso no reside solo en las cifras —cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros y comisiones por 750.614 euros—, sino en el patrón que describe el instructor. El juez considera “esencial” el papel de Fernández, exdirector de la SEPI, por su “capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”. Esa influencia, apunta el auto, podría haber servido para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechando una red de contactos construida durante y después de su etapa al frente del holding público.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibuja un esquema clásico de intermediación: una mercantil —Mediaciones Martínez— canalizando pagos por supuestos servicios de asesoramiento o mediación, algunos de ellos calificados por los investigadores como innecesarios o de “concepto mendaz”. El juez subraya que los integrantes del grupo habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la discreción, una señal de que no se trataba de gestiones transparentes ni puntuales.

El abanico de operaciones bajo sospecha es amplio y territorialmente diverso. Desde el rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos por parte de la SEPI hasta contratos en Mercasa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias o la empresa pública Enusa, además de una ayuda de Sepides a una filial de Forestalia. En todos los casos, el denominador común es la presunta capacidad de la red para “efectuar algún tipo de actividad ante cargos públicos” y obtener a cambio contraprestaciones económicas.

El PP se personará como acusación en la causa

Especialmente relevante es la afirmación judicial de que la red no se limitaba a influir en una sola administración. El auto habla de “varias administraciones públicas” y de una proyección nacional, lo que refuerza la tesis de una estructura organizada y no de episodios aislados. La existencia de un grupo de mensajería denominado Hirurok —“nosotros tres”— refuerza, a ojos del juez, la idea de coordinación estable y finalidad lucrativa.

El caso adquiere una dimensión política inevitable. Fernández fue nombrado director de la SEPI por la entonces ministra de Hacienda y actual vicepresidenta primera María Jesús Montero, un vínculo que la oposición ha aprovechado para elevar la presión sobre el Gobierno. El Partido Popular ya ha anunciado su personación como acusación y ha pedido explicaciones en el Parlamento, mientras que el PSOE insiste en respetar la presunción de inocencia y en dejar actuar a la justicia.

Desde el punto de vista judicial, el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión provisional y de que los investigados estén en libertad con medidas cautelares no minimiza la gravedad de las sospechas. Al contrario, sitúa el foco en la solidez de los indicios económicos y documentales que se están recopilando, especialmente sobre el destino final de las comisiones, parte de las cuales se habrían invertido en operaciones inmobiliarias conjuntas.

El traslado de la causa al juez Santiago Pedraz marca el inicio de una fase más profunda de instrucción. Será ahí donde se determine si la mención a “diversos cargos públicos” se traduce en imputaciones concretas o queda en el ámbito de las sospechas. En cualquier caso, el caso Hirurok vuelve a evidenciar un problema recurrente en la gestión pública: el uso de intermediarios y redes informales para influir en decisiones administrativas de alto impacto económico.

Más allá de las responsabilidades penales que se diriman, la investigación plantea una cuestión de fondo sobre los mecanismos de control en la contratación y en las ayudas públicas. La tesis del juez apunta a fallos sistémicos que permiten que la influencia personal y política se convierta en un activo económico. Un recordatorio de que la lucha contra la corrupción no depende solo de castigar a los culpables, sino de cerrar las puertas que hacen posible estas prácticas. @mundiario