Un hecho sin precedentes: por primera vez, un fiscal general será juzgado

La confirmación del procesamiento del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo, con dos votos a favor y uno en contra, no es solo un escándalo jurídico de grandes proporciones. Es el reflejo de una institucionalidad que tambalea, atrapada entre lealtades partidistas, guerras mediáticas y un deterioro alarmante de la confianza ciudadana en los pilares del Estado de derecho.

Álvaro García Ortiz no es un fiscal cualquiera. Es la cabeza visible del Ministerio Público, el garante último de la legalidad en nombre del Estado. Que esa figura se vea ahora abocada a sentarse en el banquillo de los acusados por presuntamente filtrar un correo confidencial relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, implica una carga simbólica y política de enorme calado. No solo por lo que representa, sino por las circunstancias que rodean el caso: una pugna abierta entre instituciones, con tintes claramente políticos, en un contexto de crispación nacional sin precedentes.

El Supremo ha sido claro. Aunque la instrucción no haya conseguido una prueba directa —ni un mensaje inequívoco, ni un rastro informático determinante—, los magistrados consideran que la secuencia temporal y la lógica de los acontecimientos son lo bastante elocuentes como para considerar que existen indicios racionales para abrir juicio oral. ¿Es esto suficiente para sentar en el banquillo al fiscal general? Según dos de los tres jueces, sí. Para el magistrado discrepante, Andrés Palomo, no hay base probatoria sólida y teme que se esté llevando a juicio una conjetura política revestida de legalidad.

Y, sin embargo, el daño ya está hecho. Aunque García Ortiz mantiene su inocencia y el respaldo del Gobierno —que insiste en respetar los tiempos judiciales mientras defiende a su fiscal general—, la erosión institucional es evidente. ¿Cómo se puede ejercer con legitimidad una autoridad tan delicada como la del fiscal general cuando buena parte de la carrera fiscal, de la judicatura y de la opinión pública cuestiona su permanencia? ¿No resulta paradójico que quien debe velar por la limpieza procesal esté acusado, precisamente, de vulnerar uno de los principios más sagrados del procedimiento penal: el secreto de actuaciones?

La causa contra García Ortiz se sostiene, en buena medida, sobre un conjunto de indicios circunstanciales y sobre la ausencia de una explicación convincente al borrado masivo de sus comunicaciones personales la noche de autos. Una práctica que, aunque él atribuye a razones de seguridad institucional, resulta poco verosímil en su contexto y ha sido interpretada por los jueces como una conducta sospechosa. Como bien subraya el auto, el conocimiento parcial de una información por algunos periodistas no elimina el carácter reservado del dato. Y lo que puede parecer una filtración con ánimo de “aclarar” o “corregir” una narrativa interesada, podría constituir, en realidad, un delito grave en manos de una autoridad pública.

Más allá del caso en sí, lo que resulta preocupante es la incapacidad de las instituciones para gestionarlo con altura de miras. El Gobierno se aferra a su apoyo a García Ortiz, mientras el PP y Vox exigen su dimisión inmediata, aprovechando la coyuntura para desgastar al Ejecutivo. La Fiscalía, por su parte, se ve arrastrada a un terreno pantanoso, dividido entre la disciplina jerárquica y la exigencia de ejemplaridad. En lugar de una respuesta unitaria, prudente y respetuosa con los principios constitucionales, el escenario se convierte en otro campo de batalla ideológico.

Este es un momento crítico para el Estado español. No se trata solo de una figura que podría ser juzgada. Se trata de la credibilidad del sistema de garantías, de la independencia efectiva de las instituciones y de la línea cada vez más delgada entre el poder político y el judicial. Si algo ha demostrado esta crisis es que el diseño institucional actual, con un fiscal general dependiente directamente del Gobierno, está llamado a generar tensiones insostenibles cada vez que se cruzan los intereses políticos con los procesos penales.

La dimisión de García Ortiz no resolvería por sí sola el problema, pero al menos aliviaría la presión sobre la Fiscalía y permitiría recomponer una imagen que hoy aparece dañada. Mantenerse en el cargo, con un juicio pendiente y sin el respaldo de buena parte del sistema, parece más un gesto de obstinación que de responsabilidad institucional.

España necesita instituciones fuertes, independientes y creíbles. No solo por respeto a la legalidad, sino porque sin ellas la democracia se convierte en un juego de trincheras donde todo vale. El caso García Ortiz debe servir para algo más que alimentar titulares y trifulcas parlamentarias: es la oportunidad de repensar el modelo de gobernanza institucional que queremos y de exigir a quienes ostentan cargos públicos el más alto estándar de conducta, incluso cuando la ley no obliga a ello, pero la ética sí. @mundiario