Ley de protección de datos personales para fines de investigación
El Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales para fines de investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, en cumplimiento de una directiva europea de 2016, entre cruces de reproches por la multa impuesta a España al retrasar su transposición y por la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La ley ha contado con el apoyo de 267 diputados, incluyendo tanto a los partidos del Gobierno de coalición como al PP, y sólo cuatro votos en contra. Ha habido también 70 abstenciones, fundamentalmente de Vox.
Se trata de una directiva comunitaria que debía haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de mayo de 2018 y por cuyo incumplimiento España ha sido sancionada por la Unión europea con 15 millones de euros más 80.000 € por cada día de retraso que suman ya casi 20 millones, lo que ha suscitado las críticas de la oposición al Gobierno.
De esta forma y sin poder hablar de pacto de estado, los representantes en el parlamento han llegado a un amplio acuerdo que ha permitido que España cumpla sus compromisos con los socios comunitarios. En el debate, como la semana pasada en la Comisión de Interior, el PP, Ciudadanos y Vox han centrado su crítica en esa multa europea de 20 millones, aunque los socios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han recordado que el retraso se acumuló desde que se incumplió la fecha límite de transposición en mayo de 2018, antes de la moción de censura y de la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska, que ha agradecido desde su escaño la tramitación por vía urgente, ha recordado que las convocatorias electorales con disolución de las Cortes y la lucha contra la pandemia del Covid añadieron retraso a la transposición. No obstante, ha subrayado que la fecha límite era mayo de 2018, pero que por entonces "ni siquiera se había iniciado el trámite legislativo", lo mismo que ocurrió previamente con el Registro de nombres de pasajeros (PNR).
El PP, a pesar de anunciar el voto favorable "por responsabilidad", ha censurado que la ley orgánica se hayan incluido "materias que no es objeto de la directiva para modificar, entre otras, las competencias del Consejo General del Poder Judicial".
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de febrero el proyecto de ley que, según la portavoz del Gobierno, "conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución".
La principal finalidad del texto es que los datos sean tratados por las autoridades competentes de manera que se cumplan los fines prevenidos y,a la vez establecer los mayores estándares de protección de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos.
La ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública incluye sanciones de hasta 240.000 euros en caso de infracción. @mundiario
