El Gobierno usa el error en la causa de Begoña Gómez para atacar al juez Peinado
El Gobierno ha mantenido tradicionalmente una postura de prudencia ante las decisiones judiciales, evitando críticas públicas incluso en casos con implicaciones políticas. Sin embargo, esta actitud ha cambiado en el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Moncloa ha señalado al juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación, acusándolo de prevaricación, una acusación grave que ha llevado al propio Sánchez a presentar una querella contra él, en un movimiento inédito en la historia reciente del Ejecutivo.
La tensión ha aumentado tras un error en el juzgado de Peinado, que no envió de toda la documentación clave a la Audiencia Provincial, a falta de un recurso presentado por la defensa de Gómez. Este fallo ha pospuesto la decisión sobre el posible archivo del caso, lo que desde el Gobierno se interpreta como parte de una maniobra dilatoria del juez. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la actuación de Peinado, quien ya ha recibido dos informes de la Guardia Civil que no encuentran indicios de delito, responde a una clara intención de prolongar la causa para perjudicar políticamente al presidente.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha sido uno de los más críticos con la actuación del juez. En una intervención pública, López calificó el proceso contra Gómez como un “caso político”, acusando abiertamente al juez de prevaricación. A través de la red social X, el ministro señaló que el retraso en la entrega de la documentación a la Audiencia Provincial refuerza esta acusación. “Un suponer, una audiencia provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botella”, ha dicho el ministro.
A pesar de que en Moncloa no se contempla ampliar la querella, el Gobierno mantiene su denuncia política sobre el comportamiento del juez, sosteniendo que la investigación debería haberse archivado hace meses.
El Ejecutivo argumenta que la demora en la resolución del caso, junto con la insistencia en seguir investigando a Begoña Gómez, responde a intereses políticos. En este sentido, López y otros ministros, como Félix Bolaños, han adoptado un tono más contundente de lo habitual al referirse al juez Peinado, asegurando que los movimientos judiciales están orientados a dañar la imagen del presidente y que el caso está impulsado por grupos ultraderechistas. Estos grupos, como Hazte Oír y Vox, habrían promovido la denuncia inicial, lo que en opinión del Gobierno debilita la credibilidad del proceso judicial.
El juez cita a declarar a más testigos
En paralelo, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido que se acelere la resolución del caso para evitar daños irreparables en el derecho de defensa de su representada. Sin embargo, los retrasos continúan, y la Audiencia Provincial ha pospuesto la deliberación sobre el posible archivo de la causa, lo que, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, podría retrasar la decisión final al menos un mes.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y Peinado ha citado a declarar como testigo a Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directiva del Instituto de Empresa, en relación con la contratación de Begoña Gómez en el Africa Center. Además, el juez está evaluando una nueva querella que busca imputar a Gómez por la apropiación indebida de un software desarrollado para su máster en la Universidad Complutense de Madrid.
El caso se complica aún más con la suspensión de la deliberación en la Audiencia Provincial, que, al no haber recibido todos los recursos presentados, tendrá que posponer la decisión. Mientras tanto, Gómez continúa con sus actividades académicas, participando en eventos relacionados con su trabajo como codirectora del Máster en Dirección de Fundraising, aunque la polémica que la rodea ha provocado que otro de los másteres que dirigía no fuera renovado para el curso 2024-2025.
La prolongación de la causa sigue generando tensiones políticas, con el Gobierno firme en su posición de que todo el proceso es una maniobra política destinada a desacreditar a Sánchez y su entorno. La resolución final del caso aún parece lejana, mientras que en Moncloa confían en que el desenlace sea favorable para Begoña Gómez y refuerce su tesis de que todo el caso es un montaje político. @mundiario