La guerra de Donald Trump contra los inmigrantes suma un nuevo capítulo. El presidente de Estados Unidos ha decidido llevar hasta otro nivel el pleito con las ciudades y estados que otorgan protección a los inmigrantes indocumentados y ha demandado a California por sus leyes de ciudades "santuario", que evitan la colaboración de las administraciones públicas con la policía federal de inmigración.
La demanda fue presentada en los juzgados federales de la ciudad este martes y entre otras cosas establece que las normas, aprobadas el año pasado, infringen la Constitución del país. “El Departamento de Justicia y la Administración Trump van a luchar contra estas políticas injustas e inconstitucionales que os han impuesto. Vamos a luchar por hacer vuestro trabajo más seguro y ayudaros a reducir el crimen en EE UU. Y creo que vamos a ganar”, reza el discurso que el fiscal general, Jeff Sessions , tiene previsto decir en Sacramento, la capital de California, frente a un grupo de representantes de las fuerzas de seguridad.
En concreto, son tres leyes las que colocan a California contra las cuerdas: la primera de ellas prohíbe que los empleados privados cooperen de forma voluntaria con las autoridades de inmigración federal. La segunda, permite que los funcionarios estatales, bajo supervisión del fiscal general de California, inspeccionen los centros de detención federales de inmigrantes. La tercera, impide que las fuerzas del orden locales informen a las de inmigración federal cuando un indocumentado va a ser liberado tras una detención, tal como explica el portal DW.
California, ciudad santuario. / RR SS
La demanda de Washington va directamente dirigida contra el gobernador del Estado, el demócrata Jerry Brown , y el fiscal general, Xavier Becerra, y subraya que la Constitución debe estar por encima de las leyes estatales. “California no tiene autoridad para ejecutar leyes que obstruyen, entran en conflicto o discriminan la acción federal en inmigración”, señala la demanda. Estas tres leyes, afirma el documento, “reflejan un intento deliberado por parte de California de obstruir la ejecución de las leyes de inmigración de Estados Unidos”.
La jugada del Gobierno llega para añadir pólvora a la complicada relación de la Casa Blanca con California, un estado fuertemente dominado por los demócratas y en el que Hillary Clinton ganó por cuatro millones de votos. Además, se trata de la localidad donde vive la mayor parte de los inmigrantes indocumentados, cerca de un cuarto de los 11 millones estimados que hay en todo el país, principalmente de origen latinoamericano.
Las autoridades californianas han prometieron desde el principio hacer todo lo posible por proteger a los indocumentados de posibles redadas masivas, pero parece que Donald Trump no está dispuesto a dejar pasar esta ofensa. “En un momento de tormenta política sin precedentes, Jeff Sessions viene a California para dividir y polarizar América aún más. Jeff, estos trucos políticos pueden ser la norma en Washington , pero aquí no funcionan. ¡¡TRISTE!!”, escribió en respuesta a la solicitud del Gobierno el gobernador Brown.
Lo propio hizo el fiscal Becerra, quien es hijo de inmigrantes y ha demandado a la administración del presidente una veintena de veces. "Da igual lo que pase en Washington , California mantendrá su rumbo y aplicará las leyes para defender a toda nuestra gente. Así es como mantenemos seguras nuestras comunidades", agregó. Y con ello dejo claro que la batalla apenas comienza. @mundiario
