Gibraltar: Se requiere mayor firmeza porque el buenismo no suele conducir al éxito

Vista de Gibraltar
Vista de Gibraltar.

El ministro de Hacienda británico concluye siempre su discurso de presentación del presupuesto con la frase: "Este Presupuesto es tan firme como la Roca", refiriéndose, naturalmente, al Peñón.

Gibraltar: Se requiere mayor firmeza porque el buenismo no suele conducir al éxito

El lanzamiento, en la Bahía de Algeciras, de bloques de cemento aderezados con hierros que impiden faenar en nuestras aguas territoriales a los pescadores nacionales, hizo saltar ante la opinión pública el "asunto de Gibraltar", que ha dado lugar a numerosos y diversos comentarios tanto en prensa escrita (tradicional y digital, sin ir más lejos en MUNDIARIO), como en las tertulias radiofónicas y televisivas.

La "protesta" española por el citado "lanzamiento" parece que suscitó las iras del "ministro principal" del Peñón y excitó el celo del Gobierno de S.M. británica, que ordenó despachar una flotilla de buques de guerra como advertencia, aunque disimulada en la disculpa de unas maniobras OTAN previstas con anterioridad y, al parecer, también previamente comunicadas al Gobierno español quien con buena fe (a nuestro modesto juicio, excesiva) incluso despacha a su vez un buque nacional para que acompañe a la flotilla británica (¿para su seguridad o para vigilar sus movimientos?).

Esa actitud del Gobierno británico constituye claramente  una provocación, disimulada eso sí, en las famosas "maniobras", y, al tiempo, una manifestación de que se sepa "quien manda aquí". Pero ¿Quién va a enseñarles a los británicos el tratamiento de asuntos de esta naturaleza? Desde luego no nosotros, y a la vista está la historia. Nos permitimos recordar como anécdota -aunque quizá no lo sea tanto-, que el ministro de Hacienda británico concluye siempre su discurso de presentación del presupuesto con la siguiente frase: "Este Presupuesto es tan firme como la Roca", refiriéndose, naturalmente, al Peñón de Gibraltar.

Se equiere mayor firmeza

No será este modesto  autor quien pretenda dar consejos al Gobierno de España acerca de la conducción política del asunto, aunque, como español, tenga perfecto derecho a opinar y decir al menos que se requiere mayor firmeza, siendo conscientes de que el "buenismo" no suele conducir al éxito, sino a la cesión, a veces vergonzosa.

En el terreno jurídico, al que suele acudirse cuando existe una implícita incapacidad o debilidad política, hemos de recordar algunas de las afirmaciones que contiene el art. X del Tratado de Paz y Amistad de Utrecht entre España y Gran Bretaña, de 13 de julio de 1713, a saber:

"El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña, la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno".

El precepto es claro e inequívoco. 

Identifica claramente a los representantes de las partes en el Tratado: "El Rey Católico", es decir, el Rey de España, a la sazón Felipe V, vinculándose a sí mismo y a sus herederos. Por la otra parte "la Corona de la Gran Bretaña". Obsérvese la diferencia de expresiones, personal en el caso del Rey de España; institucional en el caso de la Corona Británica. 

Expresa de modo preciso e inequívoco el objeto del Tratado en este punto, y sobre qué recae. Objeto es la "cesión", lo que quiere decir tanto como “transmisión”. El elemento objetivo de esa cesión o transmisión es "la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno". De este modo tan claro y también tan preciso queda descrito el objeto de la transmisión a "la Corona de la Gran Bretaña": lo que sería el ámbito territorial terrestre y marítimo anexo, y lo que se encuentre dentro del mismo (ciudad y castillo de Gibraltar, defensas y fortalezas que le pertenecen, y su puerto); tipo de titularidad: "plena y entera propiedad", dando la dicha propiedad "absolutamente" para "siempre, sin excepción ni impedimento alguno".

La expresada, y convenida, plena cesión de los elementos que se describen, tienen también sus limitaciones que el mismo artículo que analizamos del Tratado establece con claridad y precisión, a saber:

 "Pero, para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra".

Este primer grupo de limitaciones al contenido de la cesión parece haberse olvidado tanto por la Corona de la Gran Bretaña como por quienes representen a ésta en el referido ámbito territorial. El Tratado reconoce que la cesión de la propiedad se hace "sin jurisdicción territorial alguna" así como "sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra".

Conclusiones

De todo lo anterior pueden extraerse algunas conclusiones que no debieran ser discutidas, entre ellas dos principales:

> Una, que los terrenos actuales, que exceden de los existentes en la misma fecha del Tratado, han sido usurpados, es decir ocupados y obtenidos ilegítimamente, lo que solamente se puede explicar por la actitud de débil tolerancia que han seguido continuadamente todos los gobiernos que desde entonces España ha tenido.

> La segunda es que quedaba excluida toda comunicación por vía terrestre con el territorio español inmediato; de lo que se deduce que no tienen el menor fundamento las actuales protestas sobre retrasos y controles excesivos en el tráfico entre el territorio español y el que ahora denominaremos "de la Colonia". Existencia de ampliaciones, como las demás invasiones de las aguas marítimas para construcción de mayor servicio habitable, instalaciones portuarias, aeropuerto, etc., que obedecen a la ya señalada razón de debilidad. La instalación de la famosa “verja” fue una muestra de tolerancia, y sabemos que su cierre forzó al Gobierno del Reino Unido a la celebración de conversaciones sobre la cuestión.

El Rey de España no podía prescindir de su sentido humanitario, por lo que también se pactó que "como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto".

Como se puede observar se trata de una excepción a la inexistencia de comunicación por vía terrestre, pero restringida a un supuesto muy concreto y preciso: subvenir a la existencia de grandes angustias, pero dejando claramente establecida la prohibición de "introducción fraudulenta de mercancías por la vía de tierra". Acudiendo al criterio de interpretación de las normas jurídicas (el Tratado lo es), del "sentido propio de las palabras" y de "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" (art.3.1 del Código Civil español), podemos concluir razonablemente que sobre esta base no solamente España está legitimada para la persecución del blanqueo de capitales, inversión de los mismos con origen oscuro y, en general, incumplimientos de obligaciones fiscales españolas, con origen en actividades realizadas a este efecto en Gibraltar.

Tributar en España

Estos últimos días, y por estos acontecimientos, los medios de comunicación españoles dan noticia de la existencia de un número relativamente importante de gibraltareños que tienen su domicilio en España, y, al parecer, no precisamente los más desfavorecidos, quienes no tributan en España. Me atrevería a rogar al Sr. Ministro de Hacienda que ponga en marcha los mecanismos legales vigentes, que el tan bien debe conocer, para que se les exija tributar en España, ciertamente que en los términos establecidos en el Convenio de doble imposición entre España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (de 21 de octubre de 1975, ratificado por España el 17 de febrero de 1976; BOE de 18 noviembre 1976).

No podemos dejar de aludir a una última previsión, la referida al derecho preferente reconocido a España (literalmente a "la Corona de España") para el caso -que nos atrevemos a calificar de muy improbable- de que la Corona británica quisiera prescindir del territorio. En efecto: "Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla". El precepto es muy claro, y no expresa de ningún modo que sea preceptivo tener en cuenta a los habitantes de "la dicha Ciudad de Gibraltar".

¿Podrá prescindir el Gobierno de España de su continua y acentuada tolerancia ante la actitud soberbia de los "llanitos"? ¿Será capaz la alcaldesa de la Línea de la Concepción de prescindir de su posición partidista sin compartir los intereses nacionales de España? Y ¿qué decir del Sr. Mas y sus muchachos? Habría que descontarle de su participación la parte proporcional que fluye por los circuitos financieros del paraíso fiscal, ¿no?

Gibraltar: Se requiere mayor firmeza porque el buenismo no suele conducir al éxito
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