La Fiscalía Europea estrecha el cerco: imputado un empresario en el caso de Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. / RR.SS
Barrabés y un alto directivo de Red.es han sido citados como investigados por la causas sobre unos contratos financiados por el Fondo Social Europeo y adjudicados en procesos en los que intervinieron cartas de recomendación.

La investigación que desde hace un año desarrolla en secreto la Fiscalía Europea en torno al uso de fondos comunitarios ha dado un paso decisivo con la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés y de un alto directivo de Red.es. Ambos han sido citados formalmente como investigados por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias en contratos financiados por el Fondo Social Europeo y adjudicados en procesos en los que intervino Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante cartas de recomendación.

Se trata de la primera gran actuación procesal que vincula de forma directa la investigación europea con el llamado “caso Begoña”, que hasta ahora se instruía en paralelo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado. La Fiscalía Europea, competente en todo lo relativo a delitos que afectan los intereses financieros de la Unión, asumió parte de esa causa en mayo de 2024 al detectar que varios de los contratos investigados estaban sufragados con dinero europeo. Entre ellos, al menos tres adjudicaciones para actividades de formación digital dirigidas a jóvenes y desempleados, por un valor total de 10.2 millones de euros.

El papel de Begoña Gómez en este asunto ha sido especialmente controvertido. Como desveló El Confidencial, la esposa del jefe del Ejecutivo firmó cartas de apoyo a la Unión Temporal de Empresas liderada por Innova Next, consultora del propio Barrabés, en al menos dos de los procedimientos de contratación pública. Las valoraciones subjetivas influyeron de forma decisiva en el resultado final de los concursos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha advertido de que el supuesto equilibrio entre criterios objetivos y subjetivos podría no corresponder: la fórmula aplicada inflaba el peso de los elementos discrecionales, contraviniendo la normativa de contratación pública.

Según los informes periciales remitidos por Hacienda, Red.es otorgó en la práctica mayor peso a factores dependientes de un juicio de valor, sin que estos fueran evaluados por un órgano técnico especializado, como exige la ley. De hecho, las funciones del Consejo de Administración fueron delegadas en el director general de la entidad pública, una práctica que, aunque legal, plantea dudas sobre los investigadores alrededor del nivel de control efectivo en decisiones clave.

La discreta investigación de la Fiscalía Europea

La investigación avanza con múltiples frentes abiertos: desde la revisión de los procesos de adjudicación, hasta la incorporación de testimonios, documentos y análisis financieros provenientes de diversas administraciones públicas. La Fiscalía ha reclamado además la remisión de nuevos informes judiciales elaborados en el procedimiento de Plaza de Castilla, que incluyen las conclusiones de la IGAE.

Este movimiento de la Fiscalía Europea se suma a los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto admitió la existencia de indicios razonables de que Begoña Gómez habría utilizado su influencia para, presuntamente, obtener “beneficios reputacionales y profesionales”. Un argumento que refuerza la tesis de que el caso no se limita a una simple irregularidad administrativa, sino que podría encajar en la tipificación penal del tráfico de influencias.

En este contexto, la instrucción europea se perfila como uno de los desafíos más delicados para el Ejecutivo de Sánchez. Aunque el Gobierno ha insistido en la inocencia de Gómez y ha calificado las acusaciones de maniobra política, la acción de la Fiscalía Europea —independiente de los Estados miembros— añade una dimensión supranacional al caso que escapa al control de las autoridades nacionales.

Si bien la propia Fiscalía ha evitado confirmar oficialmente los nombres de los imputados para no perjudicar la investigación, diversas fuentes recogidas por El Confidencial han señalado que el cerco se estrecha y que podrían producirse nuevas imputaciones en las próximas semanas. @mundiario