No se puede permitir que los juicios influyan negativamente en la posibilidad de pactar reformas
Lo digo porque el macroproceso Gürtel, con todas sus revelaciones, ya que abrir, en estas condiciones, un proceso electoral de 'todos contra todos' sería nefasto para la ya muy decaída confianza ciudadana.
Estoy de acuerdo con lo que dicen gentes próximas al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, en el sentido de que no podemos permitir que los juicios por corrupción influyan negativamente en la posibilidad de pactar reformas, aunque sea desde la oposición, que redunden en bien del país. Lo digo porque el macroproceso Gürtel, con todas sus revelaciones, va a influir sin duda en el ánimo de los españoles durante varias semanas. Y abrir, en estas condiciones, un proceso electoral de 'todos contra todos' sería nefasto para la ya muy decaída confianza ciudadana en sus representantes.
Menos mal que parece muy improbable que esas elecciones vayan a tener lugar ahora, porque a nadie, ni tampoco al PP que ve cómo le recuerdan pasajes de la Gürtel, conviene. Así que me parece que carece de sentido todo aquello de 'yo no pacto con Rajoy porque es un corrupto', frase que ya debe quedar en el pasado, un pasado tan pretérito como quien la pronunció: tiempo habrá de ajustar las 'responsabilidades políticas' que puedan corresponder al presidente en funciones y muy probable próximo presidente. Y las de otros muchos, por cierto.
Siempre he pensado que no hay que judicializar la política, que es algo por lo que los españoles, que no hicimos una revolución como la francesa, sentimos auténtica pasión: olemos la sangre y la demandamos a cualquier precio y sin atender a circunstancias atenuantes o eximentes, tan solo a las agravantes. Y eso, la conveniencia de alejar la pura política de los tribunales hasta donde se pueda, vale tanto para Mariano Rajoy, que está saliendo bastante de rositas hasta ahora en el gran proceso contra la corrupción del PP, como, en muy otro orden de cosas, para Artur Mas o Francesc Homs, organizadores de aquel remedo de consulta ilegal del 9 de noviembre de 2015 y para quienes, desde redes sociales, cenáculos y mentideros en Madrid, hay voceros que piden castigos desmesurados, al margen de cualquier Código. Y lo mismo me vale también hasta para el necio concejal de Badalona que se dedicó a romper ante las cámaras una orden judicial; que los jueces hagan su trabajo, castiguen lo que crean procedente de acuerdo con la legislación vigente -legislación muchas veces discutible, como toda obra humana- y, por su parte, que la política se lleve por los cauces que ha de llevarse, que pasan básicamente por el Parlamento.
Por ello creí muy conveniente esa comisión parlamentaria prevista en los acuerdos de investidura entre PP y Ciudadanos, dedicada a investigar las pasadas corrupciones en el partido gobernante: supongo que ahora, ante la próxima investidura, esos acuerdos, tan buenos para el país, aunque fuesen a mi entender de una gran modestia reformista, se mantienen. Y entonces tendremos pronto en marcha la famosa comisión de investigación, que nos dará muchas tardes de gloria a los informadores y a los espectadores.
Que, ya digo, una cosa son los procesos judiciales y otra, muy distinta, las comparecencias en sede parlamentaria. Y esa comisión, que será todo un proceso a la corrupción que hemos padecido en España -porque no se limitará, como veremos, al PP-, hay que ponerla en marcha cuanto antes. Concretamente, en cuanto se forme el nuevo Gobierno, que presumiblemente -y PSOE mediante- será en la primera semana de noviembre.
Lo que no puede ser es mezclar el juicio Gürtel con el proceso político. Dejemos que Correa y Bárcenas se ajusten las respectivas cuentas ante el juez, con pacto fiscal por medio o no, y déjennos a los medios contarlo con los detalles, titulares y comentarios que nos parezcan oportunos, que para eso estamos. Pero esa vista oral no puede reemplazar a la comisión parlamentaria, donde el PP -y el PSOE, y los nacionalistas catalanes- tendrán que dar explicaciones relacionadas con la responsabilidad política de quienes, por acción u omisión, permitieron toda aquella suciedad, afortunadamente, creo, pasada y quizá hasta erradicada.
Será ese un mal trago, sin duda, para Rajoy, que no comparece como testigo, ni quizá tuviese por qué hacerlo, en las sesiones judiciales del 'caso Gürtel' -no me parece un hombre personalmente contaminado por la corrupción, a la que ha combatido a su flemática, demasiado flemática, manera-. Pero que sí tendrá que sentarse, como un responsable al menos político, ante la comisión parlamentaria que va a repasar cuanto, desde la era casi de Manuel Fraga, pasando por la de Aznar (o la de Felipe González, para no hablar ya de Jordi Pujol), haya existido de procedimientos irregulares con respecto a los dineros públicos desviados en beneficio ilegítimo de los partidos o de los particulares. Aguardo con pasión ese momento de pasar factura a una parte, la más lamentable, de nuestra Historia democrática. Una factura que forma parte del necesario proceso de regeneración, que también tiene deudas con el pasado, además de con el presente y el futuro.
