España ante el dilema de consagrar el aborto en la Constitución para evitar retrocesos
El anuncio de Pedro Sánchez de promover una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto ha vuelto a poner en el centro del debate político un tema que, pese a estar regulado desde hace más de una década, nunca ha dejado de ser utilizado como arma ideológica. La interrupción voluntaria del embarazo está amparada por la ley de 2010 y avalada por el Tribunal Constitucional en 2023, que reconoció este derecho como parte de la autodeterminación de la mujer. Sin embargo, los últimos movimientos en el Ayuntamiento de Madrid, donde PP y Vox apoyaron una moción que pretendía obligar a informar sobre un inexistente "síndrome postaborto", han encendido las alarmas sobre la fragilidad de este derecho si cambia la correlación de fuerzas políticas.
Blindar un derecho en la Constitución no es un gesto simbólico: supone elevarlo al máximo nivel de protección jurídica. Francia lo hizo en 2024 y marcó un precedente en Europa. En España, el camino es mucho más complejo porque requiere una mayoría cualificada en el Congreso y el Senado, lo que obliga a contar con el apoyo del PP, partido dividido históricamente sobre esta cuestión.
La estrategia del Gobierno y el dilema del PP
La maniobra de Sánchez no solo busca garantizar un derecho, también coloca al Partido Popular en una posición incómoda. Por un lado, necesita mantener un discurso moderado para su electorado de centro, pero por otro, compite con Vox en el espacio de la derecha, donde el rechazo frontal al aborto es parte central del ideario. El precedente de Alberto Ruiz Gallardón en 2014 es ilustrativo: su intento de restringir la ley acabó en fracaso y forzó su dimisión, ante la evidencia de que buena parte de la sociedad española no aceptaba retrocesos.
Hoy, la situación no es distinta. Las encuestas muestran que la mayoría de la población apoya la regulación vigente y considera el aborto un derecho consolidado. Sin embargo, la presión de Vox obliga al PP a radicalizarse en ocasiones, lo que abre la puerta a iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid, que pese a ser rectificada después, deja clara la deriva ideológica. El problema para Feijóo es evidente: si apoya a Vox, pierde al centro; si se desmarca, puede perder a parte de la derecha.
El reto pendiente de la igualdad territorial
Más allá del debate jurídico y político, hay una realidad que afecta directamente a las mujeres: el acceso desigual al aborto en función del territorio. Según datos del Instituto de las Mujeres, en comunidades como Madrid apenas un 0,27% de las interrupciones se realizan en centros públicos, mientras que en Cataluña o Navarra los porcentajes superan el 30%. Esta brecha demuestra que, aunque la ley sea la misma en todo el país, la aplicación depende en gran medida de la voluntad de las administraciones autonómicas.
Por eso, blindar el aborto en la Constitución sería un avance, pero no resuelve el problema de fondo si no se acompaña de políticas que garanticen su acceso real en la sanidad pública. Un derecho en el papel sin mecanismos que lo hagan efectivo en la práctica corre el riesgo de quedarse en una promesa vacía. La responsabilidad del Estado no se limita a legislar, también debe asegurar la igualdad efectiva de las mujeres, vivan donde vivan, a la hora de ejercer su libertad.
Blindar el derecho al aborto no es una cuestión de partidismo, sino de democracia y seguridad jurídica. Garantizar que ninguna mayoría coyuntural pueda recortar libertades reconocidas es una obligación en un país que se dice avanzado. Si España quiere estar a la altura de las democracias más sólidas, debe aprender de experiencias como la francesa y dar un paso firme para que la autonomía de las mujeres no dependa de pactos políticos ni de equilibrios territoriales, sino de la certeza de que la Constitución protege su libertad de decidir. @mundiario
