El escudo social, la prueba de fuego del Gobierno en un ciclo político en clave electoral
El arranque del año electoral se anuncia con una prueba de resistencia para las mayorías del Congreso. El nuevo decreto ómnibus que prorroga el denominado escudo social —y que incorpora la subida de las pensiones— no tiene garantizada su convalidación y obliga al Ejecutivo a reactivar una negociación compleja con bloques ideológicamente distantes y prioridades divergentes. El escenario recuerda, casi punto por punto, al vivido hace un año, cuando un texto similar fue rechazado en primera instancia y solo salió adelante tras concesiones de última hora.
El Gobierno ha optado de nuevo por un macrodecreto que agrupa medidas de fuerte impacto social: la actualización de las pensiones, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para hogares vulnerables, el veto a los cortes de suministros básicos y la prórroga del bono social eléctrico, entre otras. Una estrategia que busca blindar políticamente el paquete, pero que vuelve a generar rechazo entre varias fuerzas parlamentarias por mezclar ámbitos que, a su juicio, deberían negociarse por separado.
En el bloque de la derecha y el centro-derecha, el respaldo está lejos de ser automático. PP, PNV y Junts coinciden en cuestionar la fórmula del decreto ómnibus, aunque por motivos distintos. Los populares mantienen que apoyarían la revalorización de las pensiones —especialmente las mínimas, con subidas previstas de hasta el 11 %—, pero recelan de un texto que consideran heterogéneo y poco transparente. Génova deja así su voto en suspenso y aprovecha el debate para reforzar su discurso crítico sobre la situación económica y social, en pleno contexto preelectoral.
Los nacionalistas vascos, por su parte, introduce matices de fondo: reclama mayor protección para los pequeños propietarios e insiste en que que la responsabilidad de garantizar alternativas habitacionales recae en el Estado. Además, vuelve a incomodarse ante la prioridad que el Ejecutivo ha dado al acuerdo con EH Bildu, con quien compite directamente en el País Vasco. Aunque los jeltzales no cierran la puerta al apoyo, condicionan su decisión a cambios concretos en el texto.
Junts, otra vez decisivo
Con Vox descartado y la derecha dividida, el foco vuelve a situarse sobre los independentistas catalanes. Los siete votos del partido de Carles Puigdemont aparecen de nuevo como determinantes para salvar el decreto. La formación catalana evita, por ahora, fijar posición y remite su decisión al debate parlamentario y al contenido final del texto. La experiencia del año pasado, cuando Junts forzó una negociación in extremis y la división del decreto en dos, planea sobre la estrategia del Gobierno.
Desde el Ejecutivo, el mensaje es de calma y continuidad. La negociación, dirigida por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se apoya en la “buena predisposición” de los socios de izquierda, que consideran el escudo social una pieza clave para dar sentido a la legislatura. El primer acuerdo con EH Bildu refuerza ese bloque, pero al mismo tiempo complica el acercamiento a otras fuerzas necesarias para alcanzar la mayoría.
El debate sobre el escudo social no se produce en el vacío. Llega tras un revés electoral para el PSOE en Extremadura y en un clima de desgaste político para el Gobierno. La oposición vincula la discusión económica con un relato más amplio de crítica a la gestión y a los escándalos que rodean al Ejecutivo, mientras exige explicaciones adicionales, como la comparecencia del ministro de Economía en el Senado.
Para el Gobierno, la convalidación del decreto es una señal de fortaleza política y de capacidad para sostener su agenda social en un año marcado por las urnas. Para la oposición y los socios más exigentes, es una oportunidad para marcar perfil, condicionar el rumbo del Ejecutivo y medir fuerzas antes de las próximas citas electorales.
El resultado de esta votación dirá mucho sobre la estabilidad de la legislatura y sobre hasta qué punto el escudo social sigue siendo un elemento de consenso o se ha convertido, definitivamente, en un campo de batalla parlamentaria. @mundiario
