Escocia y Gales tramitan su propia ley del Brexit

Banderas de Europa y del Reino Unido. / RR SS
Banderas de la Unión Europea y de Reino Unido. / RR SS

La ministra principal de Escocia ha dejado claro que no aceptarán un divorcio “duro”, y en conjunto con el Gobierno galés ha presentado un proyecto de ley alternativo al que se debate en la actualidad en Westminster. 

Escocia y Gales tramitan su propia ley del Brexit

El camino del Brexit continúa complicándose. Tras semanas de negociaciones, el Gobierno de la debilitada primera ministra Theresa May no ha logrado conseguir acercar posturas, y a la crisis se suma un nuevo movimiento: las autoridades de Escocia y Gales han comenzado a tramitar su propia ley sobre el divorcio de Reino Unido y la Unión Europea (UE). Las competencias dependientes en la actualidad de la UE, una vez que Londres abandone el bloque comunitario siguen siendo la mayor piedra en el recorrido.

De acuerdo a información del diario El Confidencial, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y el laborista Carwyn Howell Jones -al frente del Gobierno galés- han presentado ante sus respectivos parlamentos “autonómicos” un proyecto de ley alternativo al que se debate en la actualidad en Westminster - las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes-. En esa línea, la nacionalista Sturgeon ha dejado claro que el gobierno escocés rechaza el plan para la separación propuesto por el Gobierno británico, ya que lo considera “extremo”.

El centro de la polémica esta vez gira en torno a la cláusula 11 del proyecto de ley de retirada, que actualmente se encuentra en discusión, la cual establece traspasar a la legislatura británica todas las actuales normativas comunitarias acumuladas desde la adhesión de Reino Unido al bloque en 1973. Los defensores de la medida han dicho que el objetivo de la misma es evitar un vacío legal cuando llegue el Brexit, pero no todos los involucrados creen que esta sea la mejor opción.

En ese sentido, el Gobierno central propone que, de los 111 poderes y responsabilidades transferidos actualmente a Bruselas, 86 pasen directamente a Edimburgo y Cardiff y 25 se “congelen temporalmente” en Londres, a fin de establecer un marco común en todo el Reino Unido, apunta El Confidencial. “Esto funcionaría como un freno de seguridad para poder acordar un marco global en temas como la agricultura, protección ambiental o pesca”, ha dicho un portavoz del Gobierno.

Sin embargo, existe un problema imposible de ignorar: el tiempo. La realidad es que no hay un periodo de tiempo establecido para que estos poderes se devuelvan luego a Escocia y Gales y los gobiernos “autonómicos” no están dispuestos a esperar, sobre todo el escocés, cuya relación con Londres en los últimos años por cuestiones independentistas no es precisamente la más cordial. Es por eso que los representantes han solicitado que se repatrien los 111 poderes en su totalidad.

“Hay una cuestión de principio en juego. Por eso no nos comprometemos. Si lo hiciéramos, permitiríamos que Westminster ejerciera poder sobre las responsabilidades del Parlamento escocés y no creo que ningún ministro principal escocés que se precie pueda estar de acuerdo con eso”, ha asegurado Sturgeon.

La ministra principal se ha sumado a las voces que consideran que la mejor opción es que Reino Unido continúe formando parte del mercado único y la unión aduanera con un modelo similar al de Noruega. En este punto vale la pena resaltar que, si bien esta nación no forma parte del club comunitario, sí tiene acceso a los espacios europeos de libre comercio. A juicio de la representante escocesa, un acuerdo similar se podría obtener con Londres, pero solo si May “fuese capaz de liberarse de la línea dura” que defienden algunos miembros del Partido Conservador.

Por su parte, el presidente del parlamento escocés, Ken Macintosh ha advertido que la tramitación de esta ley paralela está fuera de las competencias de la Cámara. Mientras que desde Whitehall -donde se encuentran los ministerios- han asegurado que no están dispuestos “a cambiar de opinión”. “Ya nos hemos movido un largo trecho y no podemos avanzar más de la manera que los gobiernos escocés y gales quieren que los hagamos. Aún estamos en negociaciones y se está tratando de encontrar una solución, pero no sé si ahora mismo podemos cerrar esa brecha”, ha zanjado un portavoz.

El asunto se complica. La realidad es que los parlamentos “autonómicos” de Escocia y Gales no tienen poder de veto para poder descarrilar la ley británica de retirada de la Unión Europea. Pero de la misma manera, hay otro punto importante: Westminster nunca ha legislado sin su consentimiento en un asunto de normativa descentralizada. @mundiario

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