¿Es el Pacto Territorial del PSOE la solución al conflicto catalán?

Los errores y precipitaciones de la transición, especialmente aquellos que quedaron consagrados en la Constitución emergen estos días en el proceso que, como consecuencia en parte de ellos, se viven Cataluña. Aparte de la legislación electoral que primó la representación de los partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña, y les otorgó una capacidad arbitral, justamente decisiva en cuestiones vitales para un Estado en el que no creen, la fórmula que cocinaron Abril Martorell y Alfonso Guerra, del “café para todos” se concretó en lo que en Europa consideraban recientemente todavía un Estado disparatado e insostenible económicamente, primando especialmente a dos regiones privilegiadas, tratando de disimularlo bajo la apariencia del citado “café para todos”.

En realidad, fue Clavero Arévalo el encargado dar de los acuerdos que establecieron, en ese terreno, Francisco Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, y Alfonso Guerra, número dos del PSOE. No deja de ser curioso que el que fuera presidente del Congreso y ministro de Defensa, José Bono, llegara a confesar que nunca pensó que iba a ser presidente de una comunidad llamaba “Castilla-la Mancha”, porque en realidad “nadie pensaba en eso”, o sea, en que España tuviera 17 autonomías, con competencias que en no pocos casos superan las de los estados federados más federados.

Privilegios concedidos

En aquellas reuniones de mantel, fuera del Congreso, donde los diputados de la comisión constitucional discutían, un ingeniero agrónomo valenciano y un licenciado en letras, aficionado al teatro, sevillano, mantenían una negociación paralela da la que saldría el engarce de otorgar un concierto al país vasco, al margen del régimen fiscal común. Del mismo modo se otorgaron otras excepciones, como policía propia o transferencia de las prisiones, cosa prevista en los estatutos vasco y catalán, que solamente se aplicó en el segundo caso, con los efectos que estos días conocemos.

Es curioso que, años después, uno de los detonantes de la situación que vive estos días Cataluña sea parte esencial de la respuesta que puso en marcha Artur Mas, cuando el presidente Rajoy se negó a otorgar a esta comunidad un pacto fiscal como el que existe con Euskadi.

A ellos se debió introducir la expresión “nacionalidad” diferenciada de las regiones comunes, en la Constitución para satisfacer a los catalanes, fuente futura de no pocos conflictos y confusiones, ya que con el tiempo aparte de las tres calificadas de tales, Aragón, Valencia y Andalucía requerirían ser consideradas como tales. Como antecedente se partió de los Estatutos aprobados en la segunda República o que se hallaban ya en el Congreso como el gallego en 1936..

Una caricatura que refleja una realidad.

Un socialista tan cualificado como José Luis Corcuera, hoy fuera del PSOE, ha insistido que el partido de Pablo Iglesias nunca fue un partido que concibiera España como un Estado federal, considerando que los ciudadanos habrían de ser iguales en toda España en derechos y deberes, con independencia de su vecindad civil o lugar de residencia. Y sin embargo, hoy en día, el PSOE hace de la “federalización de España” una de sus propuestas políticas en orden a eso que se llama “el encaje de Cataluña”, es decir, tratando de dar respuesta a la burguesía nacionalista de aquella comunidad y a sus posteriores aliados.

La doctrina del PSOE

Si rastremos los escritos, declaraciones y pensamiento que construyeron los principios del PSOE es difícil hallar rastro de esa doctrina que hoy marca la orientación programática de este partido, que emana de sus propias bases ideológicas y de la llamada Declaración de Granada de 2013.

Resulta sorprendente que el PSOE hable de “pacto territorial” como si los territorios y no las personas fueran, y especialmente para un socialista, titulares de los derechos y deberes, con independencia de su residencia dentro del Estado y en ese sentido llega a afirmar que España está formada por “varios pueblos”, y no por uno solo como se supone que debe creer un socialista. Y en lugar de tener un proyecto común y general para el conjunto de los españoles se insiste en que es preciso revisar la distribución de competencias entre las autonomías y el Estado, obviamente a costa de las de éste, ¿o es que se van a devolver las competencias más polémicas y frutos de conflictos al régimen genera, como educación, sanidad o las propias prisiones en su caso?

Es curioso este párrafo de la citada declaración, donde se afirma: “El nacionalismo moderado de Cataluña ha abandonado el terreno de la moderación y se ha pasado al campo del secesionismo. Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España”.

No se trata, porque a estas alturas será difícil, de “recentralizar” España, pero tampoco de proyectar sobre el conjunto nuevos privilegios y excepciones que facilitan el avance de los objetivos del independentismo que pretende de entrada más dinero y menos Estado. Y el PSOE propone una “reforma en profundidad del Estado, avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias”. Y, como si España estuviera en conflicto con ella misma, propone “restablecer el consenso territorial en España”. ¿Quién rompe en todo caso ese consenso? En todo caso, la mitad de la población de una parte de España.

En la fórmula del PSOE se dicen cosas contradictorias.  Por un lado, propone “Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones”. Y se vuelve a insistir en la existencia de entidades diferenciadas; es decir, de ciudadanos que no son iguales, según donde residan. Y luego, una curiosa conclusión: las reformas legales no son suficientes, es precisa la reforma de la Constitución (¿y eso no es una reforma legal?)

Cataluña precisa volver a la normalidad

Pero la guinda de toda esta declaración es insólita. Se pretende reducir las competencias del Tribunal Constitucional para que, como ocurrió con el Estatut de 2006, que Zapatero hizo suyo sin conocerlo, se pudieran corregir las transgresiones de la Constitución que aquel contuviera: “Necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos”.

¿Se habrán dado cuenta del alcance de lo que proponen?: Imaginemos que se repiten los hechos y que se vuelve a redactar un Estatuto que es una Constitución para Cataluña con competencias de Estado, usurpando la de la nación española y sus instituciones y que vuelve a ser votado (el del 2016 atrajo a las urnas a menos de la mitad del censo, si bien el 75 por ciento de los votantes lo apoyó), según la propuesta del PSOE sería inamovible porque el Constitucional no podría corregirlo. @mundiario