El disco duro de Ábalos y el naufragio ético del PSOE

Cuando un exministro intenta —presuntamente— que una persona se lleve un disco duro oculto entre la ropa mientras su vivienda está siendo registrada por la Guardia Civil, el problema no es solo legal. Es profundamente político. Porque lo que está en juego no es únicamente si José Luis Ábalos participó o no en una red de corrupción: lo que se cuestiona es si la política española ha normalizado hasta tal punto la falta de ejemplaridad que una escena así, propia de una novela de espías de baja estofa, apenas sorprende.

Los hechos son elocuentes. Durante el registro del domicilio del exministro socialista en Valencia, Ábalos intentó que la mujer que le acompañaba sacara de la vivienda un dispositivo oculto. Fue detectado por los agentes, cacheada la mujer, requisado el disco duro. A partir de ahí, la operación prosiguió con la incautación de otros dispositivos electrónicos y libretas que, previsiblemente, serán clave en la investigación sobre la red de comisiones y adjudicaciones presuntamente ilegales en la que está implicado su exasesor Koldo García.

Conviene detenerse no tanto en el “cómo”, sino en el “por qué”. La política española lleva años siendo zarandeada por escándalos de corrupción, pero el caso Koldo”—y sus ramificaciones, que ahora alcanzan a Ábalos y a otros dirigentes— tiene un perfil especialmente preocupante: no es una herencia de tiempos remotos, ni un asunto aislado en una administración local. Se trata de una supuesta trama nacida en el corazón del Gobierno central durante una de sus etapas más delicadas, y en el área estratégica de los transportes, vital durante la pandemia.

Ábalos no es un actor secundario. Fue secretario de Organización del PSOE, hombre de confianza de Pedro Sánchez, ministro de Fomento y uno de los arquitectos de su consolidación interna. Que hoy esté siendo investigado por presunto encubrimiento o participación en una red corrupta no puede despacharse como un caso individual. Menos aún cuando el PSOE ha tardado más de un año en expulsarlo del partido, después de suspenderle de militancia pero mantener abierto un expediente que no terminaba de resolverse. ¿Por qué esa demora? ¿A qué se temía, o qué se intentaba proteger?

El episodio del disco duro es, más que un escándalo en sí mismo, un símbolo: la resistencia a rendir cuentas, la tentación de ocultar pruebas, el intento de salvar los restos de un naufragio político. No sabemos aún qué contenía el dispositivo, pero el mero hecho de intentar sacarlo por la puerta trasera ya es grave. Revela no solo una sospechosa falta de colaboración con la justicia, sino también una concepción patrimonialista del poder que sigue incrustada en la cultura política española: la de que las normas no aplican igual cuando uno ha estado “en el ajo”.

Este caso obliga al PSOE a mirar de frente sus propias contradicciones. La regeneración democrática no se predica; se practica. Y si el partido quiere mantener cierta legitimidad ética frente a la ciudadanía, no puede limitarse a señalar a los corruptos del pasado o del adversario. La corrupción no es una mancha ajena, es un virus que anida donde encuentra condiciones: la impunidad, el amiguismo, el clientelismo, la falta de controles reales. Y esas condiciones pueden producirse también —y con más facilidad de la que muchos admitirían— en las altas esferas del poder.

El futuro político de Ábalos está finiquitado, pero el daño simbólico ya está hecho. Una vez más, la desconfianza crece, el cinismo social se acentúa y la política democrática pierde prestigio. Solo cabe esperar que la justicia actúe con celeridad y que la clase política —especialmente quienes gobiernan— entienda que la regeneración no es un eslogan electoral, sino una exigencia permanente.

La pregunta que queda flotando, después de todo, es incómoda: si esto ha ocurrido con uno de los principales ministros de un Gobierno progresista, ¿qué otras verdades seguimos sin conocer? Y lo que es aún más preocupante: ¿quién está dispuesto a impedir que vuelva a ocurrir? @mundiario