El dilema: votar la reforma de Rajoy o el pacto del Gobierno con sindicatos y patronal

En la época en la que hacía autostop tenía una máxima: no despreciar ninguna oferta que te ayudara a avanzar, aunque sólo te brindaran transportarte unos pocos kilómetros. Porque cualquier avance te acerca a tu destino, o a tus objetivos. Una filosofía muy diferente a la del “todo o nada” en la que algunos se instalan, para pasar la vida prácticamente sin progresar ni un paso. Otros lo definen con la frase de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

El Gobierno de coalición tenía la esperanza de derogar la reforma laboral con la que Rajoy -sin pactarlo siquiera con los empresarios- hizo retroceder la calidad de las relaciones de trabajo, y precarizó de manera desmedida las condiciones de vida de los trabajadores. Derogar es casi una forma coloquial de hablar, y significa muy poco si no se aprovecha el momento para mejorar las cosas, incluso con relación a como estaban antes de la reforma que se pretende cambiar. Y para tratar de cumplir sus objetivos, decidió que el mejor camino era negociar un pacto realizable, con los sectores directamente implicados en su futuro cumplimiento: sindicatos y patronal.

Tras múltiples reuniones, intercambio de propuestas, análisis, discusión de datos, y debates sobre diferentes fórmulas, se llega a un difícil pacto social de Gobierno, Sindicatos y Patronal. No se trata aquí del trabajo de un experto, por lo que no entraremos a un análisis de los pormenores del decreto ley. Pero, leído y releído el texto del mismo, hay algo que queda muy claro: los objetivos que se marcan para la concreción de las diversas reformas de la normativa hasta ahora vigente van encaminados a cuatro aspectos que, en los últimos años, han sido objeto de preocupación, de quejas y reivindicaciones; y hasta de una gran precariedad y empobrecimiento de los trabajadores, y de una pérdida de la competitividad de nuestras empresas. Y a la creación y profundización de diversas brechas entre los colectivos de trabajadores, ya sea por razón de edad, de género, o de posibilidades de acceso a la formación.

Basándose en la lucha contra el desempleo y la temporalidad (que sólo generan precariedad), y en el reforzamiento de la negociación colectiva, el real decreto ley se plantea explícitamente como objetivo el cumplimiento del artículo 9.2 de nuestra Constitución, que fundamentalmente se impone el propósito de convertir a los individuos en ciudadanos con plenos derechos. Y podemos recordar que dice textualmente:

“9.2 Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Puede chocar a primera vista que para hablar de reforma laboral se ponga la mira tan alta. Pero eso nos da una idea de la voluntad de abordar las relaciones laborales en un marco de desarrollo pleno de ciudadanía, que trate de eliminar o reducir al máximo la brecha entre explotadores y explotados. Algo que trata de afrontar en un contexto de pacto social, y en una dinámica de desarrollo de país.

Aborda el decreto ley esas aspiraciones asumiendo cuatro vectores clave de las relaciones laborales, a través de los cuales establece las reformas concretas detalladas, y establece los controles para su funcionamiento:

El primero es la Simplificación de contratos y la Reducción de la Tasa de Temporalidad. Una tasa de temporalidad en la que, para nuestro sonrojo, superamos en 12 puntos la media de la Unión Europea.

El segundo aborda la modernización de la Negociación Colectiva.

El tercero plantea la Modernización de la Contratación y Subcontratación de las Empresas.

Y el cuarto  establece en las empresas Mecanismos de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y apoyo a la transición.

Cuatro ejes que no sólo se plasman en una gran concreción de detalles en el desarrollo normativo, sino que vienen muy pedagógicamente desarrollados en el ilustrativo preámbulo, o exposición de motivos.

Lo curioso es que todo lo que hemos venido sabiendo sobre la discusión de los diferentes partidos y dirigentes políticos acerca del decreto ley, poco tiene que ver ni con estos principios y objetivos, ni -mucho menos- con su desarrollo y concreción. Lo más concreto que hemos llegado a escuchar (y que por cierto puede ser razonable) es que se valoren los convenios colectivos a nivel autonómico. A pesar de que los convenios sectoriales suelen ser provinciales.

El resto va de si habéis prometido derogar y no derogáis, o de que queremos convertir en proyecto de ley este pacto social (cuyo valor ni siquiera se intenta reconocer), y articular un debate interminable de un proceso de enmiendas, al final del cual, si es que tiene final, el cuidadoso y casi imposible pacto social logrado puede quedar hecho unos zorros. Hay algún diputado que ha llegado a criticar los esfuerzos de diálogo de miembros del gobierno con diferentes colectivos catalanes afectados, reclamándose él como único interlocutor de la negociación (en este caso en nombre de ERC).

¿Es que nadie valora si la reforma propuesta en el pacto de los agentes sociales y el Gobierno supone un avance sobre la realidad lamentable a la que están sometidos los trabajadores? ¿Y nadie es capaz de condicionar su apoyo de ahora, como mucho, a que se comprometa un proceso posterior para seguir negociando determinadas mejoras concretas de lo ahora pactado? ¿Es que determinados dirigentes políticos, incluso reclamándose de izquierdas, no saben lo acuciante que es la precariedad laboral, la incertidumbre de la temporalidad, el desamparo de vivir, sin convenio colectivo, a expensas de lo que te mande el patrón?

¿Es que, sean del partido que sean, no caen en la cuenta de que nos estamos jugando el país, de que la Unión Europea nos reclama con urgencia una reforma, y que la misma condiciona los fondos de recuperación que son vitales para España y todos sus territorios?

¿Y es que nadie se da cuenta de que, si se viene abajo este decreto ley, lo que queda es la denostada reforma de 2012 del señor Rajoy? ¿No han caído en la cuenta de que votar en contra es votar a favor de la reforma de Rajoy? Y no es porque sea la reforma de Rajoy, sino porque es la que tantas penalidades ha creado al conjunto de nuestros trabajadores, y tanta desorientación a nuestra estructura empresarial. ¿O es que no les importa un bledo la situación y el progreso de nuestros trabajadores y de nuestras empresas? @mundiario