Crisis en el Gobierno por el contrato con Israel: una decisión que pone en jaque la coalición

La reciente crisis desatada por la compra de munición a Israel ha vuelto a sacudir los cimientos del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. En el centro del conflicto: un contrato de 6.6 millones de euros para adquirir 15 millones de balas, adjudicado a la empresa israelí IMI Systems, que ha sido rescindido de forma unilateral tras la presión ejercida por Izquierda Unida. Una presión que ha sido tan efectiva como reveladora: cuando se pone en juego la coherencia ideológica frente a los intereses estatales en materia de seguridad y defensa, los equilibrios de una coalición tan diversa se tambalean.

El Gobierno había sostenido hasta ahora que España no mantenía operaciones de compraventa de armamento con Israel desde el 7 de octubre de 2023, fecha del atentado terrorista de Hamás que dejó 1.200 muertos y más de 250 secuestrados, lo que llevó a Tel Aviv a emprender una ofensiva en Gaza. Sin embargo, el caso de las balas, unido a la continuidad del contrato con la empresa israelí Guardian Homeland Security para la compra de placas balísticas —material considerado de protección y no armamento— pone en evidencia una realidad más compleja. La distinción entre ofensiva y defensiva en el comercio de material de seguridad es sutil y, en este caso, políticamente explosiva.

Izquierda Unida ha hecho de este contrato una línea roja. No es solo una cuestión ética —rechazar cualquier acuerdo con un “Estado genocida”, como ha declarado la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego— sino también una batalla por el relato, por marcar la identidad del espacio político que representa. Exigen ahora una auditoría de todos los contratos suscritos por Interior y Defensa con empresas israelíes. No es una demanda menor: implica revisar, fiscalizar y probablemente cancelar otros acuerdos que podrían afectar la operatividad de las fuerzas de seguridad del Estado.

La tensión ha obligado a Pedro Sánchez a tomar cartas en el asunto. El presidente ha ordenado la rescisión del contrato, desautorizando de facto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se había mostrado reacio a dar marcha atrás esgrimiendo razones económicas y operativas. El argumento de Interior, basado en una supuesta indemnización millonaria por cancelación, no bastó para La Moncloa.

Izquierda Unida exige una auditoría completa

Pero más allá del coste económico, el precio político de esta crisis es considerable. La rescisión es un intento de aplacar a Izquierda Unida, que amagó incluso con abandonar el Gobierno. Aunque su permanencia ha sido justificada por la importancia de impulsar la agenda social —con medidas como la reducción de la jornada laboral o la ampliación del derecho al voto a los 16 años—, el episodio revela un malestar de fondo. La participación de IU en el Ejecutivo parece cada vez más dependiente de gestos simbólicos que permitan justificar internamente su permanencia en un gabinete que no siempre comparte sus prioridades.

Además, esta crisis evidencia el desgaste del ministro del Interior, que ha quedado en una posición comprometida ante la opinión pública y frente a sus socios. Su defensa inicial del contrato, la continuidad de compras a empresas israelíes y la gestión del proceso han alimentado las críticas no solo desde IU, sino también desde los socios progresistas del bloque de la investidura (ERC, EH Bildu y BNG) que reclaman una política exterior coherente con los valores que dice defender el Gobierno.

La cuestión de fondo, sin embargo, va más allá del contrato de las balas. Revela el conflicto latente entre dos almas del Ejecutivo: una, que prioriza la estabilidad institucional, las relaciones internacionales y la seguridad del Estado; otra, que exige una política exterior y de defensa alineada con principios éticos y derechos humanos. Conciliar ambas es cada vez más difícil.

La crisis de las balas es, en definitiva, una advertencia. El equilibrio de la coalición no puede darse por garantizado cuando las decisiones afectan a cuestiones de alto voltaje político e ideológico. La gestión de la política de Defensa y de las relaciones internacionales será un campo minado para el Gobierno si no se establece un marco claro de actuación que evite nuevos episodios de fractura. @mundiario