El Consejo de Europa advierte del estancamiento de las medidas anticorrupción en España

El nuevo informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha arrojado una dura crítica sobre la situación española en materia de lucha contra la corrupción institucional. A seis años de la publicación de las 19 recomendaciones de su quinta ronda de evaluación, el grupo constata que ninguna ha sido plenamente cumplida. Solo 16 se han implementado “parcialmente”, mientras que tres siguen completamente desatendidas. España, concluye el documento, “no cumple suficientemente” ni una sola de las directrices clave para prevenir la corrupción en las altas esferas del Gobierno central y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este diagnóstico no solo resulta preocupante por el contenido concreto de las observaciones, sino por el contexto en el que se emite: un momento en el que la sociedad española asiste al estallido de varios escándalos vinculados al tráfico de influencias y la opacidad en la gestión pública. El informe de Estrasburgo llega mientras siguen resonando casos como el Ábalos-Cerdán, la investigación sobre la familia de Pedro Sánchez o la reciente instrumentalización del aforamiento por parte de autoridades autonómicas para frenar procedimientos judiciales.

Uno de los principales reproches del Greco se dirige a la figura del aforamiento político. Aunque el Gobierno español ha argumentado que esta prerrogativa no equivale a impunidad, lo cierto es que el informe constata que no se han adoptado medidas concretas para reformar el sistema de responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo. Tampoco ha habido cambios a nivel central —el ámbito evaluado por el Greco— pese a que algunas comunidades autónomas sí han promovido reformas limitadas.

El caso del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reavivado este debate tras invocar su condición de aforado para evitar la instrucción judicial sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

“Las autoridades se han referido a diversas modificaciones en diferentes entidades subnacionales para modificar el procedimiento de aforamiento, pero no se han producido cambios a nivel central, que es el objeto de la actual ronda de evaluaciones”, destaca el nuevo informe, que concluye que “no se han tomado medidas para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno”, sostiene el documento.

Transparencia opaca: los lobbies, las puertas giratorias y los asesores

El informe también señala la inacción del Ejecutivo respecto a la regulación de los grupos de presión. Aunque existen borradores legislativos para regular los lobbies, estos siguen estancados en el Congreso y sometidos a ampliaciones indefinidas del plazo de enmiendas. Mientras tanto, las agendas de los altos cargos, los registros de reuniones y las identidades de los intermediarios siguen sin ser públicos, lo que impide un control efectivo del proceso de influencia sobre la toma de decisiones gubernamentales.

Asimismo, se critica con contundencia la falta de regulación eficaz sobre las llamadas “puertas giratorias”. “Las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de divulgación financiera deben reforzarse aún más, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados”, afirma el Greco. El organismo concluye que los mecanismos de control siguen siendo débiles y carecen de una supervisión independiente real.

Otro flanco sensible es la opacidad en torno a los asesores políticos. Según el Consejo de Europa, el Gobierno español no ha abordado con seriedad la necesidad de equiparar las exigencias de transparencia de estos cargos con las del resto de altos funcionarios. Hoy en día, más de 900 asesores operan en la administración central sin que sus nombres, funciones ni salarios sean públicos.

Fuerzas de seguridad: avances desiguales

En el ámbito policial, el Greco reconoce algunas mejoras, pero considera que las reformas están lejos de ser suficientes. La Guardia Civil ha implementado iniciativas como el Plan de Acción de Ética Profesional (Plaep) y su sistema interno de integridad (Sintegc), aunque varias medidas clave aún no han sido adoptadas. La Policía Nacional, por su parte, recibe una valoración más crítica: carece de una estrategia anticorrupción específica y su Código Ético, vigente desde 2013, no cuenta con mecanismos efectivos de aplicación. Las prácticas de contratación discrecional y los ascensos siguen sin suficientes garantías de objetividad y transparencia.

También se mantiene una preocupación por la desigual integración de la mujer en los niveles superiores de mando de ambos cuerpos, así como por la falta de estructuras internas eficaces para prevenir prácticas corruptas o discriminatorias.

Otro punto central del informe es la debilidad institucional de organismos clave para el control y la transparencia. La Oficina de Conflictos de Interés (OCI) sigue sin presupuesto propio ni independencia funcional, al estar su dirección directamente designada por el Gobierno. Su escasa actividad sancionadora y la pasividad mostrada ante casos potenciales de conflicto —como el del rescate a Air Europa vinculado a Begoña Gómez— refuerzan la percepción de ineficacia.

Del mismo modo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha experimentado avances en autonomía, pero sigue sin contar con capacidad sancionadora efectiva, un requisito básico para garantizar su autoridad. Esta situación pone en duda la voluntad real de establecer mecanismos de rendición de cuentas que puedan operar con autonomía frente al poder ejecutivo. @mundiario