El control de la información por el Gobierno nos devuelve a lo peor de la Ley de Prensa

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¿Vuelve la Ley Fraga?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió hace tiempo a los gobiernos que la Libertad de Expresión incluye los contenidos críticos que les  gusten o no
El control de la información por el Gobierno nos devuelve a lo peor de la Ley de Prensa

En su famoso libro “El Arte de la Guerra”, Sun Tzu nos enseña que hay que aprovechar los momentos de mayor debilidad del enemigo para atacar. Y eso es lo que hace el Gobierno de Progreso del doctor Sánchez, a la hora de ir imponiendo o amenazando con imponer una serie de medidas que vacíen de contenidos fundamentales la Constitución, ya sea el Derecho a la Libertad de Expresión, la inviolabilidad del domicilio o la prevalencia del castellano como lengua común de todos los españoles. Y para ello se aprovecha de la turbación y miedo que padece la sociedad española ante el avance de la Covid-19 y sus efectos. Ahora que la gente tiene miedo es el mejor momento para imponer un modelo de sociedad controlada desde el poder hasta en los mínimos detalles. Y no digamos si alguna de esas medidas, dada la precariedad del Gobierno, han de ser el pago a quienes lo sostienen, a costa de destruir y causar efectos irreversibles en la propia concepción del Estado.

La gran paradoja es que un Gobierno que repetidamente ha mentido y miente a los españoles se alce como paladín de la verdad, que tiene al frente a un presidente que, como dicen sus hagiógrafos como cualidad destacada, “no se siente concernido por sus palabras sino por sus objetivos”; es decir, que hoy dice una cosa y hace la contraria, o sea que miente, sabe que miente y que sabemos que miente, sin rubor ni vergüenza, de modo que no sólo no explica sus virajes, sino que cínicamente presume de cumplir siempre su palabra. Por eso que es consecuente que sea este Gobierno el que quiera imponernos una sutil censura para evitar toda crítica a sus errores, mentiras y apaños. Ellos van a determinar lo que es verdad y lo que no. Tiene gracia que el comunista Iglesias forme parte de este ejecutivo, cuando ayer denunciaba justamente lo que ahora patrocina junto a su consocio Sánchez.

La ley Fraga

Quienes conocimos y padecimos la Ley de Prensa de Fraga de 1966 ----en tiempos en que el PSOE no estaba ni en la lontananza--- sentimos un profundo escalofrío ante su retorno, pues no en vano, su artículo 2 nos advertía que se podía criticar a las autoridades “con el debido respeto” (que por cierto no se definía, y que podía ser establecido por sus delegados-comisarios en cada caso), y que por si no fuera suficiente, duplicaba la sanción al incorporar al Código Penal el artículo 165 bis, con idéntica redacción que la Ley de Prensa, por lo que te podían sancionar dos veces: una de modo administrativo y otro penalmente.

Es ya asunto viejo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fijó la definición del contenido de la libertad de expresión: es uno de los fundamentos de la sociedad democrática, que comprende tanto la expresión de ideas como de opiniones como la información sobre las mismas. Y como subraya la profesora Teresa Freixes San Juan, Libertades informativas e integración europea, (Madrid, Colex, 1996), pág.51): “Las ideas o expresiones o informaciones comprenden tanto las que se comparten o gustan como aquellas que disgustan o que no son compartidas. Y desde otra perspectiva, el TEDH incluye dentro de la libertad de expresión e información a las informaciones publicitarias o comerciales y a la denominada libertad de antena”. O sea, lo que le guste al Gobierno de turno y lo que no.

La claridad del Tribunal Constitucional

Nuestro Tribunal Constitucional entiende (véase STC 6/1988) que: “La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, mientras que el derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, sobre hechos o, mejor aún, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables” Y por si quedan dudas añade que un interés constitucional es la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática: “Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda tener opiniones diversas e incluso contrapuestas", y ha puesto reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no sólo protege un interés individual, sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo. Los medios de comunicación, en su conjunto, son un campo más dentro del que caben todos los derechos y libertades, derechos fundamentales y libertades públicas.

El comisariado de la verdad

Pero al Gobierno todo esto le trae al fresco, y crea un comisariado de la verdad, a cuyo frente pone, nada menos que el principal fontanero de la Moncloa, como no podía ser de otro modo: Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.  No cabe mayor cinismo que el preámbulo de la orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, publicado en el BOE núm. 292, de 05/11/2020, fecha en la que entra en vigor dicha disposición, donde dice: ”El acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas, porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales. Además, la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales. Por este motivo, la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

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Prensa y censura

España cuenta con suficientes mecanismos administrativos y legales para combatir la mentira, la calumnia, y demás delitos que se puedan cometer a través de los medios, imponer la rectificación y establecer responsabilidades a los autores de tales hechos. Y eso creemos los periodistas que ya conocimos los rigores de la censura en otros tiempos.

Salida por la tangente para disimular

Pero, pese a que no está en vigor, el Gobierno hace suyas las líneas estratégicas del European Democracy Action Plan para justificar este control del mensaje y la información. La Moncloa pretende colocarse bajo el paraguas de Bruselas. La norma a la que se acoge tiene como objetivo concreto combatir el terrorismo y no está en vigor, sino que la bloquea, curiosamente, el grupo socialista. Aparte, se mete en el mismo saco todos los procesos informativos. Ante la reacción inmediata de las asociaciones de periodistas, calificados juristas y expertos en la materia, como es su costumbre, el Gobierno ha salido por la tangente, intentando disimular, diciendo que su plan aunque se alude a que el objetivo del plan es “atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europea", contempla, entre otras cosas, incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos; o fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil”.

Para justificar el control de la información, como queda dicho, se ha rebuscado donde instalarlo y para ello se remite a una situación muy concreta, los riesgos de la injerencia rusa en los procesos electorales, pero eso no engaña a los expertos en Derecho y estrategia digital, porque las medidas de control se podrán aplicar por el Gobierno de forma discrecional a aquello que le interese. El objetivo es otro: el control efectivo de la información y sus efectos sobre la opinión pública en las medidas que afecte al Gobierno, como claramente quedó de manifiesto cuando un alto mando de la guardia civil reveló que se había encomendado a la Benemérita el seguimiento de las informaciones críticas contra el ejecutivo al inicio de la pandemia de la Covid-19. Fue reveladoramente premonitorias las palabras del general José Manuel Santiago Marín, ascendido a jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, a quien se le escapó en rueda de prensa que estaban trabajando para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. El Gobierno aprovechaba las críticas de su gestión de la pandemia para evitar toda crítica en general. Y ahora se da un paso más.

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Esto no es sólo una caricatura

Por eso, pareciera una broma que se remita al artículo 20 de la Constitución, señalando que defiende el "acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio y justifica que su decisión es una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación".  Pero no se dice la verdad: el European Democracy Action Plan aún no está en vigor y no se espera que haya avances hasta finales de año.

La comisión de la verdad

Bajo la apariencia de que se trata de construir una barrera para evitar interferencias en los procesos electorales, y para combatir a la desinformación, con carácter general, se crea una especie de comisariado gubernamental, una Comisión Permanente, para asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación", coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida de forma ordinaria por el director del Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez ejercerá las funciones de Secretaría.

Las cuatro fases progresivas del proceso aluden a la "coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado", pero en el primero de ellos se trata simplemente de "Monitorización y vigilancia: detección, alerta temprana, notificación y análisis". Y ahí cabe de todo. Por eso, los analistas –como ocurría con la Ley Fraga y el debido respeto—señala la inseguridad jurídica que supone, mediante una simple orden, afectar a derechos fundamentales como el artículo 20 de la Constitución sobre la Libertad de Expresión y la propia doctrina del Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos sobre la materia.

Proceso advertido

Especialmente importante es la ventana abierta a la colaboración de terceros ---se supone que afines---, como medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, las ONG y aquellas personas en su condición de expertos, cuya contribución se considere relevante para llevar a cabo "acciones como la identificación y no contribución a la difusión de la desinformación, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital, entre otras".

Pero nadie se puede sorprender: desde el primer momento nos dieron señales de lo que se estaba cociendo. Ahora se comprende por qué  el CIS preguntó sobre la qué dirían los ciudadanos qué opinaban sobre censuras a los medios en determinados contenidos controlando o restringiendo la información para evitar bulos. O cuando en septiembre de 2018.la vicepresidenta Calvo reveló que el Gobierno era favorable a una regulación de los medios dejando claro que no compartía el principio que la mejor ley de prensa es la que no existe, como creemos los periodistas que conocimos la de Fraga.

Y como anticipo de lo que se preparaba, hace apenas unos días PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron en el Congreso una normativa para la vigilancia y control de lo que llaman ·"discurso del odio" en el espacio digital,  sin la intervención de un juez, lo que deja en manos del Gobierno decidirlo.

El control de la información por el Gobierno nos devuelve a lo peor de la Ley de Prensa
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