Las cesiones de Sánchez en Cataluña y Euskadi, un síntoma preocupante

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Dirigentes del PSOE con discurso variable en cada caso.
Las cesiones del PSOE en Euskadi y Cataluña afectan al respaldo de la Policía, al cuestionar en un caso su lucha contra el terrorismo, y en otro su propia presencia en Barcelona.
Las cesiones de Sánchez en Cataluña y Euskadi, un síntoma preocupante

El PSOE ha dejado de ser un partido con un sentido unitario de la política y el Estado como se aprecia en Euskadi, Navarra, Cataluña o Baleares. La cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez en sus cesiones al independentismo, ya sea apoyando la retirada de la Policía Nacional del centro de Barcelona o el blanqueo de ETA que se ha puesto en marcha en Euskadi y Navarra, como si los terroristas fueran soldados, con una causa equivocada, pero que se enfrentaron como iguales a las fuerzas del Estado. Veamos los casos:

> País Vasco. La secretaria general del PSE, Idoia Mendía, mantiene una fraterna relación con el ex etarra Arnaldo Otegui, con quien cena en Navidad. El PSOE apoyó la ley del PNV para blanquear a ETA y revisar la actuación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, retiró el recurso de anticonstitucionalidad de la misma, y votó a favor de su reforma. El propio Marlaska reveló que ETA seguía un protocolo, de suerte que todos sus comandos declaraban haber sido torturados, aunque fuera mentira. Las denuncias de entonces, ahora amparadas también por el partido de Sánchez, pese a los socialistas asesinados, valdrán indemnizaciones y reconocimiento.

> Navarra. Además de su pacto tácito con Bildu-ETA, el Partido Socialista de Navarra apoya una iniciativa semejante a la anterior y la euskaldunización de Navarra. Gracias a la abstención de Bildu, María Chivite es presidenta de aquella comunidad.

> Cataluña. El PSC –cuyos diputados en Madrid, entre ellos la actual presidenta del Congreso y la delegada del Gobierno, Meritxell Batet y Teresa Cunillera, respectivamente votaron a favor del derecho a decidir de los vecinos de aquella región—se ha sumado a las propuestas nacionalistas para que la Policía Nacional sea retirada del centro de Barcelona y obligarla a abandonar la sede de la Jefatura Superior de Policía, repetido objeto de asalto por parte de los CDR durante los reciente episodios violentos en aquella ciudad.

> Baleares. La actual presidenta y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, mantiene una postura institucional crítica con todo aquello que resalte la configuración de las islas como parte de España. Impulsa una política de “catalización” y eliminación del castellano como lengua de uso común en la administración, la escuela o la cultura. Tiene a gala no asistir a aquellas efemérides que resalten la historia de Baleares como parte de España, especialmente en aquellas conmemoraciones de carácter militar.

Euskadi, Navarra y Cataluña

Pero de todos estos hechos, son particularmente significativos los relativos al País Vasco, Navarra y Cataluña. En este último caso, hace unos días, el PSC se abstuvo en una moción presentada en el Parlamento catalán, recomendando que, si se siguen empleando pelotas de goma, los mossos no colaborarán con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este y otros hechos denotan que el Partido Socialista de Cataluña tiene su propio discurso, pues no en vano nada menos que hasta la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera se manifestó en su día favorable al indulto de los sediciosos.

El PSC acaba de votar a favor de la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que la Jefatura Superior de Cataluña abandone su sede de Vía Layetana para convertirla “en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista”. La presencia de esta dependencia en el centro de Barcelona es, para los independistas, el símbolo de la presencia del Estado en la ciudad, y se pretende que el edificio pierda su carácter simbólico, no en vano fue el primer objetivo del ataque de los CDR durante el pasado conflicto. No existe iniciativa semejante en otra parte de España.

Conviene recordar que, en junio de 2017, el diputado de ERC Joán Tardá logró sacar adelante (con el voto en contra del PP) en el Congreso una proposición no de ley, es decir, una declaración de intenciones, que exigía la conversión aquellas dependencias “en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Cataluña”. Esquerra Republicana, de quien depende en estos momentos que Sánchez llegue a ser presidente del Gobierno, ha vuelto de poner este asunto sobre la mesa. Pese a su apoyo a la iniciativa de Esquerra y para salvar la cara, el PSC añadió que pese a mandarlos fuera del centro de la ciudad, los policías nacionales deberían continuar ejerciendo sus labores en Barcelona. Tras conocerse este apoyo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentó que especialmente que el PSC se sumara a una iniciativa que “humilla” a la Policía.

El blanqueo de ETA, según la policía

En ese mismo sentido, en abril de este año, gracias al PNV y PSE salió adelante la “Ley de Reparación víctimas de abusos policiales” en el Parlamento vasco, que, pese a su enunciado, según los sindicatos policiales, blanquea el terrorismo de ETA. La Ley fue modificada para salvar los riesgos de inconstitucionalidad, por ello, y por parecerles corta, se abstuvieron de apoyarla EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y el PP ha votado en contra.

Teóricamente, la reforma de la Ley pretende reconocer e compensar los pretendidos por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999. Fue fruto de un acuerdo alcanzado previamente por Pedro Sánchez y el PNV. El PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia, como parte de las compensaciones a la derecha católica vascongada, el PNV, por su apoyo.

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El juez Marlaska sabe de las denuncias falsas de ETA.

Pese a cualquier simple denuncia ahora no comprobable, es suficiente para poner en marcha el proceso de reconocimiento, sin otras garantías, la aplicación de la Ley revisa en realidad la actuación de la policía y la guardia civil en aquel periodo. Conviene recordar que el propio ministro del Interior, Marlaska, reveló en su día que todos los etarras que eran detenidos y llevados a presencia de un juez, como él mismo, cumplían el protocolo de ETA de declarar haber sido torturados, aunque fuera mentira. Que la Ley va más allá de su pretendida justificación reparadora, gracias al apoyo del PSE se desprende de las propias palabras del diputado del PNV Íñigo Iturralde, quien dijo que, pese a todo, "no se pone punto y final a un proceso que es inaplazable y necesario".

Podemos y Bildu pretendían ir más allá y sentar al Estado y a sus servidores en el banquillo de la historia, para justificar a ETA, como ya en su día la disculpara Pablo Iglesias al subrayar que era un fenómeno debido a causas políticas. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, terció con paños calientes para no ofender a las víctimas de ETA. Pero no pudo evitar que del texto de la misma se ponga en duda la propia actuación del Estado y de sus servidores en este conflicto, al tiempo que trasciende de los crímenes de ETA, de los que más de 300 quedaron impunes.

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Miguel Iceta apoya que la Policía Nacional deje el centro de Barcelona.

Por otro lado, como ya se hiciera en el País Vasco, en el Parlamento foral de Navarra, la organización del PSOE en aquella comunidad, ha respaldado la moción que, pese a su alambicada redacción, es pura y simplemente un intento de justificar las actividades de ETA y considerar que fue una lucha policía, de igual a igual, entre sus comandos y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. @mundiario

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