La Audiencia Nacional asume el ‘caso Plus Ultra’ y blinda la investigación bajo secreto
La tormenta judicial que rodea a Plus Ultra cambia de escenario. La Audiencia Nacional ha decidido asumir la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea y, al mismo tiempo, mantener el procedimiento bajo secreto. El movimiento no es menor: desplaza el foco desde un juzgado ordinario de Madrid al órgano encargado de los grandes casos de corrupción y criminalidad económica en España, y eleva la presión política y judicial sobre un asunto que nunca dejó de ser incómodo.
El caso, que parecía archivado por un error procesal y condenado a diluirse en el ruido político, revive ahora con un nuevo impulso institucional. La decisión de la Audiencia Nacional no solo reordena la competencia, sino que envía un mensaje claro: la investigación trasciende el debate partidista y apunta a posibles ramificaciones internacionales y financieras de mayor calado.
Durante años, el rescate de Plus Ultra fue un símbolo para la oposición. Se cuestionó si la compañía cumplía los requisitos para ser considerada estratégica, si sus cuentas estaban saneadas antes de la pandemia y si la estructura de su capital —con vínculos venezolanos— debía haber pesado en la decisión del Consejo de Ministros. Mientras otras aerolíneas también recibían apoyo público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el foco político se posó casi exclusivamente sobre esta compañía.
Pero el procedimiento judicial dio un giro cuando la Fiscalía Anticorrupción detectó indicios que iban más allá del debate sobre la legalidad administrativa del rescate. Las solicitudes de cooperación internacional remitidas por Francia y Suiza, en el marco de investigaciones sobre una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela, abrieron una dimensión distinta: la posibilidad de que las ayudas públicas hubieran sido objeto de un uso indebido y de que existiera una trama financiera de mayor alcance.
De la polémica política a la sospecha penal
El recorrido judicial del caso ha sido accidentado. La jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, asumió inicialmente la investigación del rescate, pero tuvo que archivarla en 2023 por no prorrogar a tiempo el plazo de instrucción. Un error formal que dejó sin respuesta judicial definitiva una de las polémicas más sonadas de la pandemia.
Sin embargo, el archivo no fue el punto final. Tras las nuevas diligencias impulsadas por Anticorrupción, el procedimiento se reabrió y desembocó, en diciembre de 2025, en la detención del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; del consejero delegado, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez. Todos quedaron en libertad tras declarar, pero la imagen de los máximos responsables de la compañía bajo investigación supuso un punto de inflexión.
La intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que registró las oficinas centrales en busca de documentación fiscal, reforzó la percepción de que el caso había superado el ámbito estrictamente administrativo para adentrarse en el terreno penal.
La decisión de la Audiencia Nacional de asumir la causa implica reconocer que el asunto podría encajar en su ámbito competencial, reservado a delitos económicos complejos, con posible dimensión internacional o impacto relevante en la economía nacional. No es un detalle técnico: es una declaración de intenciones. @mundiario
