Anticorrupción sitúa a Ábalos en el centro de una red criminal y reclama 24 años de prisión
La petición de penas presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Supremo marca un nuevo punto de inflexión en el llamado caso Koldo. Según el escrito del fiscal jefe, Alejandro Luzón, el exministro de Transportes José Luis Ábalos habría desempeñado un papel “determinante” en una organización dedicada a obtener beneficios económicos a través de contratos públicos durante la pandemia. En conjunto, Anticorrupción reclama para él 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación.
Para su antiguo asesor, Koldo García —a quien el fiscal describe como “el alter ego” del exministro y su “testaferro de facto”—, la solicitud asciende a 19 años y medio de cárcel. El comisionista Víctor de Aldama, tras colaborar con la justicia y aportar documentación relevante para la investigación, se enfrenta a siete años de prisión.
En su acusación, Anticorrupción sostiene que el grupo actuó con un reparto de roles perfectamente definido: Ábalos aportaba la influencia política necesaria para mover resortes administrativos, García materializaba sus decisiones y gestiones, y Aldama captaba empresas interesadas en lograr adjudicaciones. Según el fiscal, esta estructura se mostró especialmente eficaz en los primeros meses de la pandemia, cuando Aldama habría tenido acceso a información privilegiada sobre las necesidades urgentes de material sanitario, lo que le permitió posicionar a una de sus empresas, Soluciones de Gestión, como adjudicataria de contratos millonarios de Puertos del Estado y ADIF.
La investigación también detalla presuntos beneficios personales obtenidos por Ábalos entre 2019 y 2022. Entre ellos, un contrato para acceder a un piso en el Paseo de la Castellana propiedad de Aldama, el pago del alquiler de una vivienda en Madrid para su entonces pareja, Jésica Rodríguez, y el uso de un chalé en Cádiz durante el verano de 2021. Además, el fiscal asegura que Aldama entregó al menos 10.000 euros mensuales en efectivo que se repartían entre el exministro y su asesor, llegando incluso a realizar pagos en República Dominicana cuando no disponía de liquidez en España.
Otro elemento destacado por el ministerio público es el uso de empresas públicas para proporcionar empleos a personas del entorno del exministro. Según el escrito, Rodríguez cobró más de 43.000 euros en Ineco y Tragsatec pese a eludir sus funciones, mientras que otra allegada, Claudia Montes, habría accedido a un puesto en Logirail gracias a la intervención directa de Ábalos y Koldo.
El origen de esta red, según Anticorrupción, se remonta a las primarias del PSOE de 2017, cuando Ábalos conoció a Koldo García en Navarra y comenzó una relación de confianza que derivó en su ascenso como asesor ministerial. A partir de ahí, la Fiscalía describe una evolución que culminó en una “oportunidad conjunta de enriquecimiento” tras la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes.
Ábalos y García han recurrido su procesamiento, denunciando que la instrucción les ha privado de acceder a pruebas clave y vulnera sus derechos de defensa. También sostienen que la causa se ha tramitado sin respetar las garantías de aforamiento del exministro, que sigue siendo diputado.
Con este escrito de acusación, la Fiscalía cierra el primer capítulo de una causa que ha ido ampliándose y que ya roza a distintas figuras del entorno socialista. Ahora, será el Tribunal Supremo quien decida si los tres acusados deben sentarse finalmente en el banquillo por una de las tramas más sensibles surgidas de la gestión de la pandemia. @mundiario