Acciona marca distancias con el caso Koldo y abre una investigación interna
La constructora Acciona ha decidido actuar con rapidez tras verse implicada en el escándalo de presuntas mordidas por contratos de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Tras ser señalada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la compañía ha anunciado la apertura de una investigación interna y ha subrayado su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” ante los hechos investigados. Con esta respuesta, busca proteger su reputación y desvincular a su cúpula directiva de una trama que, según la Guardia Civil, podría haber canalizado más de 500 millones de euros en contratos presuntamente amañados.
La empresa, controlada por la familia Entrecanales y con presencia en más de 40 países, ha dejado claro en su comunicado que, de confirmarse las irregularidades, estas estarían circunscritas a la actuación individual de un exdirectivo, Fernando Merino Vera, quien fue despedido en abril de 2021. Merino, que ejercía como delegado territorial en Navarra y La Rioja, habría actuado, según el informe de la UCO, como intermediario entre Acciona y el entorno de Ábalos, incluyendo a su asesor Koldo García y a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE hasta su reciente dimisión.
En su informe, la UCO sostiene que Cerdán, García y Ábalos habrían percibido comisiones por facilitar adjudicaciones a determinadas empresas, entre ellas Acciona. Los pagos bajo sospecha ascienden, según el documento, a 620.000 euros, con otros 450.000 euros supuestamente pendientes de abono, y estarían ligados a contratos públicos obtenidos por la compañía en ciudades como Murcia, Logroño, Sevilla o Sant Feliu de Llobregat. Las adjudicaciones, aunque realizadas en procedimientos abiertos, habrían favorecido a Acciona mediante puntuaciones especialmente elevadas en criterios técnicos, según el informe de la UCO.
La gravedad de los indicios ha provocado incluso una reacción pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien los calificó de “gravísimos” en una reciente rueda de prensa, aunque descartó un adelanto electoral. Acciona, por su parte, ha reiterado su voluntad de colaborar con las autoridades y ha mostrado disposición a adoptar “las medidas legales oportunas” si se comprueba la implicación de otras empresas que formaron parte de Uniones Temporales de Empresas (UTEs) con la constructora en las licitaciones investigadas.
La relación entre Cerdán y Koldo data de 2015
Precisamente el uso de UTEs ha sido uno de los puntos abordados por Acciona en su defensa. La compañía sostiene que se trata de “una fórmula habitual de trabajo de las grandes empresas para la ejecución de proyectos dentro del sector de las infraestructuras en todos los países”, y que en todos los casos se establecen compromisos contractuales de respeto a las normas de cumplimiento y diligencia. Aun así, ha reconocido que, si se detectaran fallos en sus controles internos, se adoptarán las responsabilidades correspondientes.
El informe de la Guardia Civil detalla también los vínculos entre los implicados desde antes de su paso por Madrid, situando el origen de la supuesta relación entre Merino, Cerdán y García en Navarra, en 2015, con motivo de un proyecto minero. Con el ascenso de Ábalos al Ministerio de Transportes en 2018, las conexiones se habrían intensificado, facilitando presuntamente una red de favores y contratos públicos.
Aunque el foco mediático ha recaído con fuerza sobre Acciona, la investigación también alcanza a otras dos constructoras, OPR y LIC, que igualmente habrían facilitado pagos en efectivo o contratos laborales a personas del entorno de los investigados, según los agentes de la UCO en su demoledor informe. Todo ello forma parte de una presunta trama de corrupción en la contratación pública que podría tener ramificaciones políticas y empresariales de gran alcance. @mundiario