Aborto y médicos objetores: Ayuso rompe la unidad del PP y desafía al Gobierno central
“¡Váyanse a otro lado a abortar!”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que rechaza la creación del registro de médicos objetores de conciencia que establece la ley.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a convertir la sesión de control en la Asamblea regional en un escenario de confrontación política. Apenas media hora le ha bastado para desmarcarse de la ley estatal que obliga a las comunidades a crear un registro de médicos objetores de conciencia en la sanidad pública y para lanzar un nuevo pulso al Gobierno central y a su propio partido.
“¡Váyanse a otro lado a abortar!”, ha espetado la líder madrileña desde su escaño al ser interpelada por Más Madrid sobre las medidas adoptadas por su Ejecutivo para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La presidenta madrileña ha sido tajante: “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca”.
En un tono desafiante, Ayuso ha apelado a la Constitución y a los derechos humanos para justificar su negativa a cumplir la norma aprobada en 2023. “Cada año abortan en España 106.000 personas. Desde que ustedes llegaron, un millón. A mí me parece un fracaso como sociedad”, ha dicho, antes de cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por “promover el aborto” y de citar incluso el Corán para atacar a Más Madrid. “Pregúntele a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán lo que opinan del aborto, de la homosexualidad o de la transexualidad”, ha afirmado, en una intervención que ha provocado un visible malestar en la bancada de la oposición.
Ayuso y la tensión interna del PP
Las declaraciones de Ayuso llegan en un momento de especial tensión interna para el Partido Popular. La dirección nacional, que buscaba cerrar la crisis abierta por el pleno del Ayuntamiento de Madrid —en el que Vox logró colar la aprobación de un inexistente “síndrome posaborto”—, ve ahora cómo la presidenta madrileña reabre el debate desde una posición más dura.
Mientras comunidades gobernadas por el PP como Aragón o Baleares ya han anunciado que cumplirán con la creación del registro de objetores, Ayuso se desmarca abiertamente. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, había asegurado días antes que Madrid acataría la ley, pero fue desautorizada públicamente por la propia presidenta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado en reaccionar. A través de un mensaje en X (antes Twitter), ha advertido de que el Ejecutivo utilizará “todos los instrumentos legales” para garantizar los derechos de las mujeres madrileñas. “Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”, ha escrito.
El Ministerio de Igualdad también ha criticado las palabras de Ayuso, señalando que su negativa “pone en riesgo la aplicación de un derecho básico reconocido por ley” y “atenta contra la libertad y la salud de las mujeres”.
El cambio de postura de Ayuso sobre el aborto es notorio. En 2021 defendía en una entrevista en Onda Cero que una menor debía poder abortar incluso sin el consentimiento de sus padres: “Una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante, no puedes obligarla a llevar una vida contraria a la que desea”. Tres años después, el discurso es radicalmente distinto. En una entrevista reciente con El Debate, la presidenta aseguraba que el aborto “no puede ser un derecho” y que supone “acabar con la vida de un ser humano”. Aunque rechaza penalizarlo, considera que debe ser “muy poco frecuente”.
La negativa de la líder madrileña a crear el registro de objetores no solo abre un frente legal con el Gobierno central, sino que profundiza la brecha dentro del PP. Su postura refuerza su perfil de líder autónoma y combativa frente a Génova, pero a costa de erosionar la estrategia de moderación que intenta proyectar Alberto Núñez Feijóo.
En el plano institucional, el desafío de Madrid plantea un conflicto de competencias con el Estado que podría acabar en el Tribunal Constitucional. La ley de salud sexual y reproductiva establece que todas las comunidades deben garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública, algo que el Ejecutivo central considera “irrenunciable”.
En el terreno político, el episodio consolida a Isabel Díaz Ayuso como una de las voces más influyentes —y divisivas— del PP, capaz de marcar la agenda nacional con apenas una intervención de media hora. @mundiario