Venezuela y los presos políticos: las excarcelaciones no borran el fondo del problema

La cifra exacta no existe, y quizá ahí resida una parte esencial del problema. El Gobierno venezolano no reconoce la existencia de presos políticos y, por tanto, no ofrece un recuento oficial. El vacío lo llenan desde hace años organizaciones independientes de derechos humanos, con Foro Penal como referencia principal para medios internacionales y organismos multilaterales. Según sus últimos balances, a mediados de este mes había en torno a 900 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, una cifra que fluctúa con cada nueva detención o excarcelación.

En Navidad, el Ejecutivo de Nicolás Maduro anunció la liberación de 99 presos políticos, el mayor número de excarcelaciones en un solo día en el último año. Antes, el pasado 2 de agosto, otras 13 personas habían salido de prisión con medidas judiciales sustitutivas. El Gobierno presentó estos gestos como señales de apertura y humanización del sistema penal. En términos estrictamente individuales, lo son: cada liberación supone el fin –o al menos una pausa– de una experiencia carcelaria marcada por la incertidumbre y la presión política.

Sin embargo, incluso tras estas decisiones, quedarían más de 800 presos políticos en el país, según los recuentos más prudentes. Y otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón, elevan esa cifra hasta las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos en sus propios registros. La disparidad no es anecdótica: revela la dificultad de seguir un fenómeno que combina opacidad institucional, detenciones de corta duración, reencarcelamientos y procesos judiciales irregulares.

La definición que manejan estas ONG no es caprichosa. Se trata de personas detenidas de forma arbitraria o desproporcionada por su vinculación real o supuesta con la disidencia: dirigentes opositores, activistas sociales, sindicalistas, periodistas, militares críticos o simples manifestantes. El abanico es amplio y, en los últimos años, incluye también a menores de edad.

El impacto de la condena de un adolescente

La reciente condena a 10 años de prisión del adolescente Gabriel Rodríguez, acusado de terrorismo por su participación en las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del año pasado, ha tenido un impacto simbólico difícil de ignorar. No es un caso aislado, sino una señal de hasta qué punto la respuesta penal se ha endurecido frente a la protesta social, incluso cuando esta adopta formas espontáneas o juveniles.

En las últimas semanas, además, se han producido nuevas detenciones en un contexto de creciente tensión internacional. Entre los arrestados figuran el politólogo Nicmer Evans, los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo, y el activista Melquíades Pulido, militante de Vente Venezuela. Estos casos refuerzan la percepción de que las excarcelaciones no forman parte de una estrategia sostenida de descompresión política, sino de movimientos puntuales, a menudo ligados a coyunturas externas.

Desde la perspectiva del Gobierno, el cerco diplomático y las sanciones impulsadas por Washington son utilizadas como argumento para cerrar filas y justificar una mayor dureza interna. Desde la oposición y la sociedad civil, ese mismo contexto se vive como un factor que agrava la persecución y reduce aún más los márgenes de actuación política y mediática.

El resultado es una paradoja conocida: gestos parciales que alivian la presión internacional, pero no modifican la estructura del problema. Mientras cientos de personas sigan encarceladas por razones políticas –o bajo acusaciones penales que organizaciones independientes consideran infundadas–, las liberaciones puntuales difícilmente podrán interpretarse como el inicio de una verdadera política de distensión. En la Venezuela de hoy, el debate ya no es solo cuántos presos políticos salen de prisión, sino cuántos siguen entrando. @mundiario