El Sur está entre nosotros y lo desaprovechamos

Jamás pensé que iba a escribir aplaudiendo una iniciativa de la Conferencia Episcopal española, dadas sus connotaciones no especialmente progresistas. Pero esta vez me alegro de tener que romper esa tendencia, cuando he leído el comunicado que han sacado, urgiendo a los poderes públicos españoles que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular para legalizar la situación al medio millón de inmigrantes sin documentación (quizá más) que tenemos en España. Detrás de ese comunicado, igual que tras la iniciativa legislativa, está con certeza la mano del buen hacer de Cáritas, que siempre se ha distinguido como una ONG comprometida con los ciudadanos más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Y la verdad es que no se entiende que una iniciativa legislativa que lleva tantos meses sobre la mesa no se haya abordado por parte del Congreso de los Diputados, para resolver la situación de un número tan importante de personas que, residiendo en España, y viviendo cada día el esfuerzo de tratar de ganarse la vida, y participando (como es debido, gracias a que somos un Estado Social de Derecho) de nuestros servicios públicos, tienen mayoritariamente la voluntad de integrarse honradamente en el trabajo y en la sociedad.

La existencia de ese medio millón de personas no solamente pone en evidencia la existencia de la inmigración, y la enorme dificultad de controlar su acceso a través de nuestras fronteras (¿cuánto dinero estamos gastando con el Frontex, y con los diferentes servicios que tratan de impedir o de atender su llegada -por no hablar del dinero que empleamos con terceros países, como Marruecos o Mauritania, para que establezcan una barrera que ellos manejan a su antojo y conveniencia-?). Pone en evidencia otras muchas cosas:

Por ejemplo, una incertidumbre ya congénita de nuestros poderes públicos, que termina traduciéndose, por una parte, en que haya diversas empresas y ciudadanos particulares, que se sitúen fuera de la legalidad dando trabajo a estas personas, sin retenciones fiscales, sin cotizaciones a la Seguridad Social, y por otra en un amontonamiento de la burocracia que tramita y tramita repetitivamente, y con las mismas personas, plazo tras plazo, los documentos que un día introdujeron en la rueda administrativa, sin mayor resultado que el de dar vueltas y vueltas al absurdo de la mera tramitación. Y -sobre todo- la falta de realismo de nuestros legisladores, que señalan largos plazos de estancia en nuestro país (dos años para quien tiene que buscar en una carrera de obstáculos el pan de cada día es una eternidad) para considerar su acceso a la residencia y permiso de trabajo.

Comprendo y comparto la iniciativa del Gobierno de querer ahormar el camino de la inmigración por la vía de acuerdo regular con los países de origen, y organizar ordenadamente la llegada de personas extranjeras que vengan con contratos de trabajo, sea por temporadas, sea de manera definitiva. No sólo hay que hacerlo, sino que quizá debemos esforzarnos en que nuestros servicios consulares desarrollen una actividad eficiente que en estos momentos no está funcionando de una manera visiblemente capaz. Porque si así fuera, no habría tantas personas que se pondrían en manos de las mafias, ni que se aventurarían a subirse a una patera o un cayuco, o a emprender el viaje por cuenta propia, muchas veces con toda su familia. Tenemos que analizar ese tema detenidamente, porque a la vista de la realidad, algo está fallando en ese negociado.

Pero no comprendo que fiemos nuestra actuación sólo a esa no suficientemente eficiente iniciativa, mientras tenemos ya en España a medio millón de personas, y a diferentes sectores de la actividad económica que están reclamando mano de obra que no encuentran entre los nacionales. Y sé que se dio un tímido paso -que casi nadie conoce y muy pocos practican- para dar la oportunidad a una empresa de contratar a inmigrantes sin documentación para puestos para los que no encuentran a españoles.

No quiero desmerecer el trabajo de nuestras señoras diputadas y diputados. Pero no entiendo cómo no toman en sus manos esa iniciativa legislativa popular de poner dentro de la ley a medio millón de personas que conviven con nosotros y al que tenemos marginado de la ley. Considerar su casuística y realidad; analizar la forma como hay que ir haciéndolos pasar por una capacitación, de acuerdo con sus capacidades y habilidades; hablar con las empresas para conocer las necesidades; activar los centros de formación para facilitar la cualificación adecuada. Todo con el objetivo de que medio millón de personas no vivan como zombis en España, no anden al margen de la ley. Y que formen parte de pleno derecho de nuestra sociedad, trabajando de forma regular y legal, cotizando a la Seguridad Social, pagando sus impuestos. Convertir esa iniciativa legislativa en una ley que tenga en cuenta todos los matices de una realidad compleja, es una obra de arte que marcaría la vida de las diputadas y diputados que la trabajen. Cualquiera de nosotros se sentiría orgulloso de participar en la solución de ese problema.

Comprendo que legalizar de un plumazo a medio millón de personas dé un cierto vértigo, porque inicialmente puede desde desbarajustar las estadísticas de empleo, hasta provocar la reacción de los más retrógrados de nuestra sociedad, con campañas manidas de oposición a una medida que no solamente es humanitaria, sino que ayuda a poner a cero el contador social de nuestro país. Pero hay modos de ir haciéndolo por fases y ordenadamente: por eso hablaba de la obra de arte de la ley. De la ley y de los servicios de las Administraciones que deben tramitar adecuadamente ese proceso.

Y no nos dejemos llevar de tópicos. Una persona que en países de salarios ínfimos es capaz de trabajar para ahorrar el coste del viaje; y más aún si además es capaz de caminar kilómetros y kilómetros llenos de obstáculos y de penalidades; y en muchos de los casos, es capaz de subirse a una patera o un cayuco y echarse a un mar incierto y peligroso… Esa persona está demostrando una voluntad, una decisión y unas ganas de hacer y arriesgar por su vida, que son encomiables. Y por eso mismo a esas personas las necesitamos en España. No sólo porque vayan a pagar nuestras pensiones, sino porque con ese tesón y esa audacia vital, va a ser capaz, si la dejamos, de arrimar el hombro para sacar adelante nuestro país.

Nuestro mundo rural se va a morir si no cuenta con esas personas, entre otras: su media de edad (su envejecimiento), su renta media, su decrecimiento vegetativo, lo hacen incapaz de progresar por sí mismo. Necesita un apoyo externo decidido, y necesita a nuevos pobladores que lo revitalicen, y que vuelvan a poner en producción muchos de los alimentos de los que antes éramos autosuficientes y que ahora tenemos que importar. Digan lo que digan las campañas xenófobas irracionales, nuestro país necesita de ese Sur (y lo pongo con mayúsculas) que ya tenemos entre nosotros, y que estamos siendo incapaces de aprovechar suficiente y dignamente. @mundiario