Solo si hay cambios profundos en las adjudicaciones públicas podrá acotarse la corrupción

Por más que el caso Koldo resulte escandaloso por sus protagonistas, no supone una novedad. Lo verdaderamente relevante no es lo que aflora, sino lo que confirma: que la corrupción en España tiene un patrón estable y un ecosistema propio. Si no se reforman de raíz los mecanismos de toma de decisiones en las adjudicaciones públicas, seguiremos asistiendo al desfile de escándalos que, uno tras otro, sacuden las instituciones sin que nada cambie en lo esencial.

Las grabaciones hechas por Koldo García, los informes de la Guardia Civil y las investigaciones del juez del Supremo han puesto al descubierto una red en la que vuelven a aparecer los ingredientes clásicos: comisiones ilegales, adjudicaciones a dedo, tráfico de influencias y funcionarios públicos operando como intermediarios de intereses privados. El caso afecta de lleno al PSOE, con nombres tan significativos como los de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Pero el problema no es solo un partido, sino el sistema que permite –y en ciertos casos hasta fomenta– este tipo de conductas.

Pedro Sánchez, acorralado por el escándalo, ha prometido una auditoría externa y ciertos cambios en la dirección del partido. Pero como bien ha señalado el politólogo Víctor Lapuente, esto no va al fondo del problema. La corrupción no es una enfermedad que se cure con cosmética. Lo que urge es revisar cómo se toman las decisiones clave en la administración pública: quién las toma, con qué criterios y con qué controles.

Durante años hemos asistido al deterioro de los mecanismos de vigilancia interna y al uso partidista de las instituciones. La contratación pública sigue siendo, en demasiados casos, un territorio opaco donde el mérito cede ante la afinidad política o los intereses económicos. En lugar de reforzar los controles técnicos y garantizar la transparencia en cada fase del proceso, los gobiernos –de uno y otro signo– han preferido mantener cierto margen de discrecionalidad. Ese margen es precisamente el que alimenta las redes clientelares y abre la puerta a las tramas corruptas.

Un punto de inflexión

El caso Koldo marca un punto de inflexión no solo porque salpica directamente al Gobierno en ejercicio, sino porque revela que los resortes internos del partido que lo sustenta han fallado. Y cuando un partido es incapaz de prevenir y cortar estas prácticas en su seno, difícilmente puede liderar una regeneración institucional.

El desconcierto dentro del PSOE es prueba de ello. Varios dirigentes, incluidos barones autonómicos y altos cargos, ya cuestionan la estrategia de aguantar hasta 2027 con una reestructuración mínima. Temen, con razón, que la crisis se agrave y erosione aún más la credibilidad del proyecto político del Gobierno. Pero más allá del calendario electoral, lo que está en juego es la salud democrática del país.

La lucha contra la corrupción no se resuelve con ruedas de prensa ni con auditorías encargadas a consultoras externas. Requiere valentía política para abordar reformas imprescindibles: despolitizar los órganos de control, reforzar la independencia de los técnicos, profesionalizar la contratación pública, y establecer mecanismos automáticos de alerta y revisión.

Mientras esto no ocurra, las instituciones seguirán siendo terreno fértil para quienes ven en lo público una oportunidad de negocio y no un servicio al bien común. No basta con señalar a los culpables de cada escándalo: hay que vaciar de oportunidades el sistema que los hace posibles. Solo entonces podremos hablar seriamente de regeneración democrática en España. @mundiario