Riesgo de retroceso en la solidaridad interterritorial
El pacto de ERC con el PSC no solo cuestiona la equidad del sistema de financiación autonómica de España, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la solidaridad interterritorial y la estabilidad fiscal del país.
El reciente preacuerdo entre el PSC y ERC para implementar un modelo de financiación ad hoc para Cataluña, similar al cupo vasco o al concierto navarro, representa una clara anomalía en el panorama fiscal internacional. Este movimiento no solo cuestiona la equidad del sistema de financiación autonómica de España, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la solidaridad interterritorial y la estabilidad fiscal del país.
Hasta hace solo dos semanas, el Gobierno central consideraba un concierto económico para Cataluña una línea roja infranqueable. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, expresó el 15 de julio que ni ella ni el PSC apoyaban tal esquema. Sin embargo, el contenido del preacuerdo conocido este martes entre los socialistas catalanes y ERC revela un cambio de rumbo alarmante. Este nuevo pacto permitiría a la Agencia Tributaria Catalana gestionar y recaudar todos los impuestos generados en el territorio, un cambio radical que socava los principios de solidaridad fiscal.
Expertos en financiación autonómica han criticado duramente esta propuesta en las páginas del diario El País. Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, advierte de que replicar la experiencia foral en Cataluña resultará en una menor contribución a la solidaridad interterritorial, exacerbando las disparidades económicas tanto personales como territoriales. Otras comunidades autónomas, especialmente las más ricas como Madrid y Baleares, podrían exigir un trato similar, lo que desestabilizaría aún más el sistema.
Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada y presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, cuestiona la viabilidad económica de este modelo. La fragmentación de la Agencia Tributaria estatal y la insuficiente capacidad de la Agencia Tributaria Catalana para asumir nuevas responsabilidades en tan poco tiempo son aspectos que no se pueden ignorar. La Agencia Catalana, con solo 23 inspectores tributarios frente a los 2.000 de la agencia estatal, no está preparada para gestionar la recaudación del impuesto sobre la renta del ejercicio 2025.
Pérdida significativa de recursos para el Estado
Además, Ángel de la Fuente, director ejecutivo del centro de análisis Fedea, pone de manifiesto la pérdida significativa de recursos para el Estado. Actualmente, Cataluña recauda aproximadamente 55.000 millones de euros, de los cuales la mitad va al Estado. La contribución catalana bajo el nuevo modelo tendría que compensar esta pérdida, además de aportar al sistema de financiación común, algo que parece poco realista.
El principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, se ve amenazado por este acuerdo. Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, subraya que cualquier modificación en el sistema de financiación autonómica debe respetar este principio fundamental. La flexibilidad constitucional tiene sus límites, y el nuevo esquema podría requerir una reforma constitucional para ser viable.
Un peligroso precedente
El acuerdo entre PSC y ERC establece, pues, un peligroso precedente. Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), destaca que mientras la reforma del sistema de financiación autonómica se retrasa, Cataluña recibe un trato preferencial, aumentando la preocupación y el descontento en otras comunidades. Esta falta de equidad puede provocar una fragmentación aún mayor y socavar la cohesión territorial.
El preacuerdo para un concierto catalán no solo representa una anomalía fiscal en el contexto internacional, sino que también amenaza con desmantelar los principios de solidaridad y equidad que sostienen el sistema de financiación autonómica de España. Es esencial que el Gobierno y las comunidades autónomas trabajen juntos para reformar el sistema de manera justa y equitativa, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan disfrutar de niveles similares de servicios públicos.
La implementación de este modelo apresurado y desequilibrado no solo es imprudente, sino que también pone en peligro la estabilidad fiscal y la cohesión social del país. @mundiario
