El problema no son las mayorías de RTVE

Los portavoces del Gobierno y algunos medios de comunicación destacan que el objetivo del decreto es rebajar las mayorías necesarias para el nombramiento de los consejeros, sin que el más numeroso grupo parlamentario, el PP pueda bloquear esta elección.

Pero este no es el problema. La posibilidad de utilizar la mayoría absoluta en caso de que no se alcancen los dos tercios requeridos ya estaba en la Ley Zapatero de 2006. Los problemas que se plantearon con esta cláusula eran sobre el tiempo que debía transcurrir desde que no se alcanzaran los dos tercios hasta recurrir a la mayoría absoluta.  En principio fueron dos meses, pero cuando se presentaron problemas se bajó este plazo a 48 horas o a 15 días, según el legislador de turno. Y siempre se acusó al Ejecutivo de querer hacerse con RTVE sin consenso.  Incluso hubo una ocasión en que la propuesta gubernamental no alcanzó ni siquiera esa mayoría absoluta. Los socios del gobierno no estaban satisfechos. Entonces nombraron a Rosa María Mateo para ocupar el cargo de administradora única, sin consejo y sin control.

Desde entonces, con normas de dudosa legalidad, el Gobierno de Sánchez ha hecho lo que ha querido en RTVE con total mando por medio de Rosa María Mateo, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa, respectivamente.

Por tanto, lo de las mayoría no es el objeto del famoso decreto. Lo que es realmente nuevo es el paso de 10 a 15 miembros del Consejo de Administración. Es un exceso total que va a costar mucho dinero público. Hasta este momento, los consejeros cobraban únicamente dietas por asistencia a las sesiones. No tenían dedicación exclusiva. Con el nuevo decreto tendrán esa dedicación y deberán, por tanto, tener un sueldo acorde y compensatorio de las incompatibilidades que deberán respetar.

Con el aumento de puestos y de remuneraciones lograrán contentar a los socios del Gobierno sin que ninguno se sienta defraudado, única manera de conseguir la mayoría absoluta en última instancia.

Además, se le garantiza que van a estar en el puesto seis años ininterrumpidos ya que eliminan el curioso precepto de renovar cada tres años de la mitad del Consejo de Administración como estaba legislado hasta ahora. En todo caso, a pesar del mandato legal, nunca consiguieron realizar esta renovación en el tiempo previsto.

Totalmente fuera de lugar está la decisión de que 11 consejeros sean nombrados por el Congreso y 4 por el Senado, es una desproporción abusiva como nunca se ha producido con la elección del Consejo de Administración de RTVE. 

Esta no es la solución. Sigue siendo “una televisión sin ley” como el libro que acaba de publicar Mundiediciones en Amazon. @mundiario