La presión de Washington en Venezuela apunta a un reordenamiento estratégico

Donald Trump ha optado por despejar cualquier duda sobre el rumbo de su política hacia Venezuela. Al ordenar el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entren o salgan del país, el presidente de Estados Unidos no solo intensifica la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, sino que hace explícita una motivación que durante años había permanecido en segundo plano: el petróleo como eje central de la confrontación. La narrativa oficial, centrada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, queda así superada por un discurso que apela abiertamente a los recursos, los activos estratégicos y la restitución de una influencia perdida.

El anuncio no llega solo. Se acompaña del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas, una demostración de fuerza difícil de justificar únicamente desde parámetros policiales. Trump habla de “activos robados” y exige su devolución inmediata, sin precisar a qué bienes se refiere ni bajo qué marco legal podrían reclamarse. El mensaje es esencialmente político: Estados Unidos se reserva el derecho de asfixiar financieramente a un régimen que considera ilegítimo, aun a costa de tensar los límites del derecho internacional y de alterar equilibrios regionales delicados.

Desde Washington, la medida se presenta como una pieza más de una estrategia de presión máxima. Las sanciones a navieras, la persecución de los llamados buques fantasma y la incautación de cargamentos buscan cerrar las vías de exportación de crudo hacia Asia, en especial hacia China, principal comprador del petróleo venezolano –a bajo precio– desde que el mercado occidental quedó prácticamente cerrado. Desde un punto de vista estrictamente económico, la lógica es clara: sin ingresos petroleros, el margen de maniobra del chavismo se reduce drásticamente.

Sin embargo, la eficacia de esta estrategia es discutible. La experiencia demuestra que las sanciones prolongadas rara vez provocan por sí solas cambios de régimen. A menudo refuerzan a las élites en el poder, que se adaptan a economías de guerra y trasladan los costes a la población. En el caso venezolano, el riesgo es empujar aún más al país hacia circuitos opacos, alianzas no occidentales y mecanismos informales que profundizan la degradación institucional y social.

Un objetivo amplio

El argumento antidroga, eje central de la justificación oficial del despliegue militar, tampoco resulta plenamente convincente. El flujo de cocaína que atraviesa Venezuela hacia Estados Unidos es marginal si se compara con las rutas del Pacífico o con el impacto devastador del fentanilo, cuyo origen y tránsito se concentran en México y Centroamérica. Sostener una operación aeronaval de alto coste para interceptar embarcaciones en el Caribe equivale, en términos de eficiencia, a utilizar un instrumento desproporcionado para un problema limitado. La magnitud del dispositivo sugiere que el objetivo real es más amplio.

El objetivo de Trump apunta a la reconstrucción de la influencia estadounidense en su hemisferio y, en particular, a un reordenamiento del tablero energético

Ese objetivo apunta a la reconstrucción de la influencia estadounidense en su hemisferio y, en particular, a un reordenamiento del tablero energético. Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue un socio petrolero privilegiado de Estados Unidos. La cercanía geográfica, la complementariedad entre su crudo pesado y la capacidad de refino estadounidense, y la presencia de activos venezolanos en suelo norteamericano crearon una interdependencia profunda. Ese vínculo se quebró con el chavismo, las nacionalizaciones y, finalmente, el régimen de sanciones impuesto desde 2017.

Un régimen autoritario

Hoy, Venezuela es un régimen autoritario con un Estado profundamente deteriorado, infraestructuras colapsadas y una industria petrolera devastada. Pese a contar con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su producción ha caído por debajo del millón de barriles diarios, lastrada por la mala gestión, la falta de inversión y las propias sanciones. La reconstrucción del sector exigiría estabilidad política, seguridad jurídica y una inversión masiva durante años, un escenario difícil de conciliar con la actual estrategia de confrontación.

Venezuela tiene las mayores reservas del planeta, pero produce menos del 1% del petróleo mundial

No obstante, el petróleo sigue pesando. Las licencias concedidas a Chevron para operar de forma limitada muestran que, incluso en medio del enfrentamiento político, Washington introduce dosis de pragmatismo cuando conviene a sus intereses. Empresas y refinerías estadounidenses observan con atención el crudo venezolano, aunque reactivar plenamente el sector no sea una prioridad inmediata en un contexto de demanda global incierta. Venezuela tiene las mayores reservas del planeta, pero produce menos del 1% del petróleo mundial.

La estrategia impulsada por figuras clave como Marco Rubio endurece aún más el marco conceptual al vincular al Estado venezolano con el narcoterrorismo. Desde el punto de vista político, esta calificación amplía el margen de maniobra de la Casa Blanca. Desde el económico, convierte a Venezuela en un activo tóxico, generando una incertidumbre jurídica que disuade a empresas, mercados y países terceros, incluso ante la eventualidad de una transición democrática.

Tensión para Trump y Maduro

Los costes de esta política no son menores. El despliegue militar tensiona el equilibrio institucional en Estados Unidos al operar sin una autorización clara del Congreso. A ello se suman los efectos colaterales sobre el comercio caribeño, el sector aéreo y las economías de países vecinos que dependen, legal o informalmente, de la actividad venezolana. La presión sobre Caracas se proyecta así más allá de sus fronteras.

La respuesta del Gobierno de Maduro, que acusa a Trump de querer apropiarse de las riquezas del país, encaja en un relato largamente construido. El chavismo ha hecho de la narrativa del asedio externo un pilar de su legitimidad. Cada gesto de fuerza de Washington refuerza ese discurso y le permite presentarse como víctima de una agresión imperial, incluso cuando su responsabilidad en el colapso económico y social del país es ampliamente reconocida.

El lenguaje de Trump añade una capa adicional de complejidad. Designar al régimen venezolano como organización terrorista extranjera reduce los márgenes para una salida negociada y desplaza la diplomacia en favor de la coerción. Es un salto cualitativo que puede reportar réditos políticos a corto plazo, pero que también prolonga la incertidumbre económica y política de un país clave para la estabilidad regional. Venezuela no es Cuba, ni por tamaño, ni por recursos, ni por impacto potencial en los mercados energéticos.

Una salida con años por delante

Incluso en el escenario de una salida de Maduro, la incertidumbre persistiría. La reconstrucción de Venezuela exigiría años de estabilidad, una transición cuidadosamente gestionada y un delicado equilibrio entre el Ejército, los intereses creados en torno a la renta petrolera, la presencia de Rusia y China y una sociedad profundamente fragmentada. Una transición fallida podría derivar en mayor inestabilidad, espantar capitales y acercar al país a dinámicas propias de un Estado fallido.

En el fondo, la relación entre Estados Unidos y Venezuela siempre ha sido económica, con profundas consecuencias políticas. Bajo la retórica del narcotráfico reaparece la lógica de siempre: quién controla los recursos y quién fija las reglas del juego. La apuesta de Trump puede debilitar al chavismo a corto plazo, pero también amenaza con prolongar el limbo económico de un país que, pese a su riqueza potencial, sigue atrapado entre sanciones externas y un poder interno incapaz de ofrecer una salida creíble. Entre la presión legítima sobre un régimen autoritario y el riesgo de normalizar la ley del más fuerte, la línea es fina. Y, una vez más, quienes más pueden perder son los ciudadanos venezolanos. @J_L_Gomez en @mundiario