Periodistas y escritores teníamos miedo a la justicia

El conocimiento de la sentencia contra el Fiscal General del Estado en el 20-N, aniversario de la muerte de Franco, me pilló camino de Extremadura para asistir a las “IV Jornadas sobre el Tribunal de la Inquisición de Llerena” sobre los judeoconversos. La larga represión político-religiosa de semejante organización ha sido uno de los periodos de nuestra historia realmente interesante por cuanto significó en la vida cotidiana y por cuanto definieron el miedo a la administración de Justicia, no sólo para nuestros antepasados sino también por su proyección hasta la España actual. Con la idea de escribir una historia con la Inquisición en activo he leído no sé cuántos procesos contra presuntos herejes, iluminados, judaizantes, brujas, moriscos, protestantes, erasmistas… En todos ellos, más del 99% de los estudiados por los expertos, el objetivo no era otro que condenar al reo, rapiñar su patrimonio en beneficio de la siniestra organización y privarlo de sus cargos. Sin otras pruebas que la simple delación por envidias, intereses ideológicos, económicos o de sembrar el terror. Sí, el Tribunal del Santo Oficio instituyó el miedo a la administración de justicia y a sus impunes prácticas durante más de tres siglos y medio. Unas actitudes que imprimieron un fuerte carácter en nuestra sociedad.

La Inquisición fue definitivamente abolida en 1834 dejando tras de sí más de 30.000 condenas estudiadas y un reguero de pantomimas judiciales en las que los inquisidores eran jueces acusadores y parte. Aparecía la figura del fiscal, pero su función se limitaba a mantener la ficción de un proceso que enfrentaba a dos partes. En realidad, el fiscal era un inquisidor como los demás, salvo que no participaba en la votación de la sentencia. Por lo general los resultados estaban decididos antes de las vistas y la sociedad se veía obligada a aceptarlos por mor de la sumisión o del miedo. Esto sucedió hasta antes de ayer. Luego la restauración borbónica no mejoró el obsoleto sistema de justicia civil y la dictadura de Franco la volvió a reconvertir en un instrumento de represión al servicio del régimen. Quienes pretendíamos escribir a la búsqueda de la verdad o simplemente de la justicia lo hacíamos con miedo y “entre líneas” con el censor en la mesa contigua (reconvertido por la Ley Fraga en corrector) y con el Código Penal, que tipificaba como delito la falta de respeto a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, pendiendo como una daga sobre nuestras cabezas. Todos guardamos en nuestros diarios casos pre democráticos o de la transición en los que compañeros, como fue el caso de Federico Puigdeval, condenados por publicar reportajes o artículos “ofensivos para la moral de algún juez”. A Fede de El Pueblo Gallego le cayeron un montón de años de inhabilitación y una multa impagable por publicar un reportaje sobre un espectáculo de travestís. Corrían mediados los años setenta. Ayer mismo.  

Por todo ello, durante el proceso contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, no he podido evitar la resurrección de los procesos inquisitoriales en los que la sentencia ya estaba decidida sin más pruebas que los bulos, la negación de la verdad de los periodistas asistentes como testigos, el crédito al teatrillo del novio y del jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Y de nuevo no he podido evitar el temor a la Justicia al sentarme a escribir este artículo mientras que están apareciendo conexiones de intereses entre algunos miembros del tribunal y las acusaciones, las políticas conservadoras y la añeja manipulación de la administración judicial. Ejercer la política con la espada de la Justicia en la mano va contra la democracia. Mal asunto. @mundiario