Pedro Sánchez: “si no hay presupuestos, elecciones”

No hacen falta más teorías constitucionales, ni políticas, ni disquisiciones económicas sobre las consecuencias o no de tener cuentas del Estado, especialmente para afrontar el incremento del gasto en Defensa. Con las declaraciones del ahora presidente del Gobierno en 2018 son suficientes. No tiene más que aplicar lo que piensa cuando el Gobierno no consigue que le aprueben los presupuestos. (Aunque en aquella ocasión si se aprobaron gracias al PNV).

Pero es que Pedro Sánchez dijo más: “yo les quiero anunciar que la conclusión y el acuerdo a la que ha llegado la Ejecutiva federal es que si no tiene presupuesto ni convoca elecciones, por respeto a la ciudadanía de este país, por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Vivimos en una democracia parlamentaria. Un Gobierno tiene que aprobar su principal Ley que son los Presupuesto Generales del Estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal Ley tiene como obligación constitucional, y por la responsabilidad de ser el presidente de todos los ciudadanos, que someterse a una cuestión de confianza; y si esa cuestión de confianza la pierde, el presidente ya no tendrá ninguna excusa para no convocar las elecciones”.

Nadie puede decir que no es una teoría política bien estructurada y consistente. Sin embargo, cuando él se ve en esa situación no pasa nada. Todo es normal. No hay que alarmarse por no tener PGE en los últimos años. Pero eso están los fondos de Europa.

Es más, cuando un Gobierno no quiere cumplir un mandato constitucional se puede decir que es un Gobierno en rebeldía contra ese mandato, por lo menos. Esa es la situación en la que se encuentra actualmente el equipo de 22 ministros de Pedro Sánchez, al no cumplir lo que impone la Constitución sobre los Presupuestos del Estado.

Es casi un clamor unánime en los medios de comunicación y en los grupos parlamentarios. El Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes para que sea sometido a votación. En caso de que no resulte aprobado, pueden quedar prorrogados los del año anterior hasta que se logre un acuerdo en la Cámaras. Lo que no puede hacer es dar por prorrogados los anteriores sin haber presentado ninguno, como lleva haciendo desde hace años, y por decisión personal, sin fundamento legal ninguno. Ni tampoco puede presentarlos en las fechas que quiera porque logre apoyos entonces. La obligación constitucional es presentarlo tres meses antes de que finalice el año; a partir de ahí comienza todo el resto del proceso. Al no cumplir ninguno de los requisitos, está añadiendo al incumplimiento un fraude de ley.

Aún hay más, para que el Gobierno pueda abordar el  incremento del gasto en Defensa a que se ha comprometido Pedro Sánchez, sin el respaldo del Gobierno ni del Congreso, no puede escamotear el debate parlamentario. El mandato legal es muy claro: A las Cortes Generales les corresponde otorgar las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, así como las restantes autorizaciones previstas en el artículo 94.1.b) de la Constitución. Así como aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes.

No hay forma de escamotear estos trámites, por mucho que el ministro Bolaños zarandee las Constitución, desoiga la legalidad vigente o se tape los ojos.

Lo que no puede hacer el presidente actual del Gobierno, por respeto constitucional y por respeto a la ciudadanía, es tratar de engañar a todos con nuevas teorías constitucionales inventadas y actuar como si no estuviéramos en una democracia parlamentaria. @mundiario