Ofensiva de Trump contra Maduro: un embargo disfrazado de arancel
Donald Trump ha vuelto al centro del tablero internacional por la vía que mejor domina: la presión económica. Esta semana, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que podría traducirse, en la práctica, en un embargo total al petróleo venezolano. Bajo una ambigua redacción, el decreto establece que a partir del 2 de abril se impondrán aranceles del 25% a todas las mercancías exportadas a Estados Unidos desde cualquier país que compre crudo venezolano, ya sea directamente o a través de intermediarios.
Con este golpe, Trump no solo apunta a la línea de flotación de la ya maltrecha economía venezolana –dependiente casi por completo de sus exportaciones de hidrocarburos–, sino que ensaya una nueva táctica de presión global que va más allá del caso Maduro. Si las sanciones directas no han logrado quebrar la resistencia de regímenes como el venezolano, el iraní o el ruso, tal vez funcione esta fórmula más insidiosa: castigar a terceros países por sus vínculos comerciales con Estados indeseables para Washington.
La amenaza tiene implicaciones que, dependiendo de su implementación, pueden llegar a ser devastadoras. En primer lugar, para Venezuela. Aunque su producción petrolera está lejos de sus años dorados (poco más de 800.000 barriles diarios frente a los más de tres millones que llegó a bombear), el país sigue dependiendo casi exclusivamente de este recurso para su supervivencia económica. Una interrupción efectiva de sus exportaciones, que ya van en declive, supondría un golpe seco para un país sumido desde hace años en una crisis estructural.
En segundo lugar, los efectos podrían salpicar a empresas y países aliados de EE UU como España. Aunque las importaciones de crudo venezolano no son determinantes en el mix energético español, sí han crecido un 16% en el último año, y empresas como Repsol tienen acuerdos vigentes con la venezolana PDVSA que podrían quedar en entredicho. Si los aranceles se aplican de forma indiscriminada, el castigo recaería también sobre compañías que, como Repsol, están cobrando antiguas deudas mediante envíos de crudo. Lo que se presenta como una medida contra el chavismo podría acabar penalizando al tejido empresarial europeo.
Un experimento para futuras estrategias
Por ahora, Bruselas se mantiene cautelosa, a la espera de ver cómo se traduce en la práctica la ambigüedad calculada de Trump. La experiencia reciente con sus guerras comerciales –desde los aranceles al acero y el aluminio hasta las represalias contra el whisky escocés o los productos agrícolas europeos– demuestra que el expresidente es capaz de tensar la cuerda incluso con los aliados más fieles.
Más allá del caso venezolano, esta jugada parece diseñada como experimento para futuras estrategias de presión indirecta. Si funciona, Trump podría extender el modelo a otros escenarios: imponer costes a quienes comercien con China, Irán o incluso con Rusia en caso de una eventual reanudación de relaciones económicas. En ese sentido, esta medida tiene un eco preocupante de unilateralismo y extraterritorialidad: la ley estadounidense usada como herramienta de castigo global.
Por ahora, ni China ni India –principales importadores del crudo venezolano– parecen demasiado preocupadas. Ambas han rechazado de plano la medida, que interpretan como una nueva injerencia de Washington en los flujos comerciales internacionales. En Pekín lo tienen claro: las reglas del juego no las dicta un solo país.
Queda por ver si esta nueva fórmula de presión económica logra lo que no consiguieron las sanciones tradicionales: forzar un cambio de rumbo en Caracas. Pero el precedente es inquietante. Trump no solo está castigando a Maduro; está ensayando una doctrina económica que podría cambiar las reglas del comercio internacional. Y eso sí que debería preocupar a todos, no solo a Venezuela. De hecho, España es uno de los países afectados por los aranceles de EE UU al petróleo de Venezuela y, además, sufre las consecuencias de que Trump ha revocado el permiso de Repsol para exportar crudo de Venezuela. La petrolera española había reanudado la actividad conjunta con la venezolana PDVSA en 2023. Un nuevo lío está servido. @mundiario
