El ocaso de la OTAN anticipa la necesidad de la defensa única europea
La erosión de intereses y valores entre las dos orillas del Atlántico, reflejado en la crisis de Groenlandia, anticipa el colapso funcional de la OTAN. Europa está descubriendo que el paraguas de seguridad americano tiene hoy más agujeros que tela. Hoy en día el imperialismo unilateral y monroviano de los Estados Unidos –que no es exclusivo de Donald Trump, sino una tendencia estructural de su electorado– requiere de la Unión Europea (UE) la adopción de una decisión histórica. La dependencia de terceros para la defensa propia es la antítesis de la autonomía estratégica europea. Es preciso dotarnos de una arquitectura de defensa propia, como ya escribimos en estas mismas páginas, con menos evidencias, en marzo de 2025.
La actual fragmentación es una gravísima ineficiencia que no nos podemos permitir. Según datos del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS), la falta de cooperación entre los Estados Miembros (EM) de la UE en la defensa supone un coste de entre 25.000 y 130.000 M € anuales, a causa de la duplicidad de sistemas de armamento y la falta de economías de escala. El ahorro real entre esas dos cantidades tan diferentes sería tanto mayor cuanto más se unifique la política de defensa europea. Solo una política única de defensa europea puede ser eficaz, eficiente y compatible con el mantenimiento e incluso el hundimiento del Estado del bienestar que constituye, junto al imperio de la legalidad y los derechos fundamentales de las personas, las bases del sistema civilizatorio europeo.
En la actualidad, la UE opera con más de 170 sistemas de armas diferentes, mientras que los EUA operan con apenas 30. Esta balcanización técnica obliga a una dependencia tecnológica externa que drena recursos públicos sin generar un retorno industrial real en nuestro territorio. Una industria de defensa integrada, financiada con eurobonos o mecanismos de deuda conjunta, permitiría optimizar el gasto. Si las compras se realizan en un mercado único de defensa europeo, el multiplicador económico quedaría en casa, fomentando el I+D+i y el empleo cualificado dende Galicia hasta Polonia. Porque una defensa integrada reduciría el gasto agregado de los presupuestos estatales mediante la eliminación de duplicidades. Al centralizar las capacidades (inteligencia satelital, transporte estratégico, ciberdefensa…), se liberan recursos que hoy se pierden en la ineficiencia burocrática de 27 ejércitos estancos. Si la inversión en defensa no se canaliza a través de las estructuras europeas, mediante un sistema único de defensa, estaremos regando el complejo militar-industrial norteamericano mientras aquí recortamos en sanidad, educación y servicios sociales.
Esta UE de la Defensa requiere de reformas normativas para superar la actual arquitectura de mínimos del actual Tratado de la Unión Europea (TUE). La UE debe caminar hacia una mutación constitucional que transforme la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en una verdadera estructura federal. Esto exigiría eliminar la necesidad de unanimidad en el Consejo para decisiones operativas, evitando que un solo EM (como sucede hoy con Hungría en diversos asuntos) pueda vetar la capacidad de respuesta del bloque. Esta mutación constitucional podría basarse, de conformidad con los artículos 42.6 y 46 TUE, como “cooperación estructurada permanente (PESCO)”, de forma que los EM que lo decidan puedan iniciar pronto una cooperación militar muy estrecha mediante el desarrollo de protocolos de integración orgánica, creando, en el operativo, unidades de combate con mando único europeo, y en lo comercial una Agencia Europea de Defensa con potestades reguladoras reales sobre el mercado de armamento, funcionando como una autoridad de competencia militar.
El mantenimiento y hundimiento del Estado de bienestar y el éxito de esta nueva política de defensa requiere de un Fonso Europeo de Defensa, sustancialmente parecido al NextGenerationUE, que emitiese deuda conjunta europea para no reducir los fondos estatales, nacionales y locales destinados a la sanidad, educación, servicios sociales o dependencia, con el fin de financiarnos la transición hacia una autonomía estratégica europea.
Este proceso debe respetar el principio de subsidiariedad, permitiendo que naciones con capacidades industriales específicas, como Galicia, (astilleros de Navantia, hub aeronáutico de las Rozas-Outeiro de Rei, o nuestras TIC podrían codesarrollar el software de combate europeo) sean actores directos en esta nueva cadena de valor, sin pasar por el filtro centralista del Estado español. Así, el paso de una economía de defensa balcanizada que le compra a los EUA a una de desarrollo propio europeo beneficiaría directamente al tejido empresarial gallego. Si los centros de decisión permanecen en Europa y los centros de producción en Galicia la industria de la defensa y protección civil contribuiría a financiar nuestros servicios públicos mediante una base fiscal más sólida y tecnológica. @mundiario
