Junqueras revela ante el Congreso que el trato para la amnistía ya está cerrado

En los acuerdos comerciales se debe ser serios. En su regreso al Congreso de los Diputados como invitado especial, el dirigente de ERC, Oriol Junqueras ha dejado varios mensajes: que está seguro de que la amnistía se aprobara para incluir en ella a todos los encausados del procès por "algo que no era un delito en el Código Penal", o sea, el referéndum, "para devolver la justicia a todos los que se ha cometido una injusticia". Y de momento, como acto de confianza en Sánchez, dice que apoyaron a Francina Armengol para presidir la casa de la que debe salir la gracia definitiva y que la amnistía se pactó en ese mismo acto. Y que “aquel 17 de agosto arrancamos a los socialistas un compromiso de acabar con la represión por todos los medios legales posibles”.  El Gobierno de progreso no ha respondido. Al tiempo,  los diversos tamborileros que van apareciendo en apoyo de la masa coral que trata de crear el ambiente que facilite a Sánchez cumplir la exigencia o precio que le exigen no ya sus viejos consocios de la mayoría de progreso, sino el aparecido en primer plano de la escena, o sea, el fugado Puigdemont, digo que estos timbaleros son realmente creativos. En su exhumación de lo que fue o, según ellos, debería haber sido la respuesta del Estado ante el “procès”, insisten en que el asunto se llevó mal por “judicializarlo”, o sea, que los culpables sigue siendo el Estado que se defendió de una agresión y por eso es de Justicia aplicar la amnistía a todos los que estuvieron implicados en el asunto, cuyos derechos fueron agredidos, con independencia de sus actos, incluso los más nítidamente calificados como delitos en el por ahora vigente, Código Penal, ya rebajado.

Una de las más repetidas afirmaciones de Pedro Sánchez es que ahora en toda España se cumple la Constitución y que el llamado “conflicto catalán” se ha reducido de manera notable, gracias a él,  a lo que se suele añadir que fue la torpeza de Rajoy lo que lo exacerbó al “judicializarlo”, o sea, aplicar la ley, empezando por el 155, con lo que estuvo de acuerdo de forma expresa, en tanto otros como el comisionado de “Sumar” Jaume Alens, ha llegado a decir que el propio Tribunal Constitucional va a tener ocasión (se supone, si se otorga la amnistía y el asunto llegue a su mesa) de rectificar sus errores anteriores con respecto al asunto catalán. Es como si uno y otros creyeran, insisto, como dijera Ortega, que el conjunto de españoles somos una masa de bóvidos. Pero en ello andamos. Dentro de esa línea de encaje del asunto, sin el menor pudor se invoca la Constitución como marco más que plausible, de manera realmente creativa. Lo primero que hay que decir que la amnistía es un precio o pago que se le exige a Sánchez para dejarlo en la Moncloa. Y es falso el argumento que anular todos los efectos penales del “procès” sea un elemento que garantice que los actos cometidos y sus fines vayan a repetirse, cuando una y otra vez los que los cometieron y dirigieron se reafirman en los objetivos por los que los provocaron, se reinstalan en su doctrina y advierten, como los de Puigdemont que no renuncian a perseverarlos.

Por encima de ello, sin duda, nos hallamos ante un debate jurídico, donde caben diversas posiciones sobre la propia amnistía. Para unos inviable, para otros posible. Pero al margen de este debate, la cuestión final es su propia utilidad y justificación con el teórico fin perseguido. Los eventuales beneficiarios de la gracia se sienten potentes, reforzados, seguros, de que han acertado en su camino, y que luego de haber impuesto los indultos y la reforma substantiva del Código Penal, su hoja de ruta victoriosa impone la amnistía y en su momento el referéndum. ¿O es que pretenden otra cosa, ante un Estado derrotado al que se impone reconocerlo con las medidas exigidas?

El embajador volante ante Puigdemont

Basta con seguir las manifestaciones del que fuera embajador volante ante Puigdemont con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Diaz, Jaume Asens, defensor de que la amnistía puede otorgarse con toda tranquilidad. Un sector relevante del constitucionalismo sostiene que la amnistía, en este caso, debe responder a determinadas situaciones históricas, como fue en su día el tránsito de una dictadura a una democracia, y no el precio para salvar el sillón de un candidato a presidente de Gobierno en apuros, que precisa acogerse a lo que sea para seguir siéndolo, al precio que le imponen, sin que ni siquiera exista, sino al contrario, de que la medida que le dictan suponga resolver un conflicto, sino reforzar a quienes lo mantienen.

No es cierto, por otro lado, luego de la excepcional de 1977, que aparte de indultos ordinarios, se haya otorgado en España ninguna amnistía más, sino en todo caso su ampliación o corrección de errores en la misma, mediante las oportunas leyes que no eran en si misma amnistías nuevas, como queda claro con la mera lectura de sus preámbulos. Hay otros aspectos destacados en cuanto a la repetida rendición del Estado. La diferencia entre el indulto es que el primero elimina la pena, lo segundo hace lo propio con el delito. Pero en este caso, la amnistía se aplicaría exclusivamente a un grupo concreto de justiciables, pero el delito seguiría existiendo para otros que, en el mismo tiempo, cometieron actos semejantes. Es insólito, ya que se paralizarían las numerosas causas judiciales contra cargos públicos y grupos violentos como los CDR que cometieron los mismos actos que se mantienen para los infractores comunes, lo que se añade al paquete anterior de la desaparición de la sedición y la rebaja de la malversación, con los efectos subsiguientes.

Y conviene recordar que entre los beneficiados por la amnistía se encuentran personajes de enorme relieve, a los que alcanzaría la impunidad, como Josep María Jové y Lluis Salvador, ambos hombres fuertes de Oriol Junqueras en el Generalitat que presidió Puigdemont. Así como los miembros de Tsunami Democràtic o los 12 CDR procesados en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, entre otros. En el caso de Puigdemont, el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa, tendrá que dictar un auto de conclusión de sumario, mientras que la Sala de lo Penal, que enjuició al resto de líderes independentistas, dictaría el sobreseimiento de las actuaciones en aplicación directa de la nueva norma. O sea, que lo veríamos volver a España triunfalmente, es decir, que Sánchez cumpliría su promesa de traerlo de vuelta, aunque no como se esperaba. Pero la lista de beneficiados sería amplísima, esos 2.850, que según Ómnium Cultural sufren las represalias del Estado, aparte de los 29 incursos en las actuaciones del Tribunal de Cuenta, aparte de las actuaciones contra los alcaldes implicados en el procès y delincuentes diversos.Conviene recordar que, como dice osé Antonio Martín Pallín (magistrado emérito del Tribunal Supremo): “la amnistía pudiese obrar como la tecla de una computadora que borra lo escrito en la pantalla”. Lo malo es que salvo esa ficción la realidad sigue existiendo. Y siguen existiendo para otras leyes penales y la punibilidad de otras posibles conductas en periodos distintos a los que abarca su aplicación.  ¿Y si los amnistiados, como advierten, volvieran a cometer los mismos actos?@mundiario.