Incendios forestales en España: la herida que no cicatriza
A 14 de agosto de 2025, España lideraba la estadística europea de superficie arrasada por el fuego: 148.205 hectáreas calcinadas, frente a una media anual (2006–2024) de 79.570, según el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS). Ocho comunidades autónomas sufrían entonces incendios activos. Galicia, y dentro de ella la provincia de Ourense, es un epicentro recurrente, pero el fenómeno es nacional y sus causas, estructurales.
El catedrático de Biología y Geología, y doctor en Biología Ramón Varela Díaz recuerda en la edición GALICIA de MUNDIARIO que el 56 % del territorio español es superficie forestal, pero el dato no dice nada sin considerar cómo está gestionada. En Galicia, por ejemplo, el 68,6 % es forestal y gran parte se ha repoblado con especies pirofíticas —como el eucalipto o ciertos pinos— que arden con facilidad, propagan el fuego y se regeneran después, reforzando su dominio en el paisaje.
El impacto de esta dinámica es múltiple: pérdida de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero, afectación a la salud por partículas contaminantes, daños en viviendas e infraestructuras, y una factura económica que se multiplica año tras año. A ello se suma, como apunta Varela, un coste menos visible: “desánimo, rabia e impotencia” en las comunidades rurales que ven cómo se repite el ciclo de abandono y fuego.
Ourense, caso paradigmático, ha visto arder más de 102.000 hectáreas entre 2015 y 2024, lo que representa el 55 % de todo lo quemado en Galicia. Su terreno, muy montañoso y con amplias zonas de matorral sin uso económico, se quema una y otra vez: el 79 % de sus incendios son intencionados. Allí se cruzan varios factores: despoblación —la provincia ha perdido casi un tercio de su población desde 1981—, ausencia de ordenación del territorio y una política forestal que no favorece la prevención.
Un problema no exclusivo del noroeste
Pero este patrón no es exclusivo del noroeste. Castilla y León, Andalucía, la Comunidad Valenciana o Canarias han registrado en la última década episodios similares, con incendios que se convierten en grandes catástrofes por la conjunción de calor extremo, combustible vegetal abundante y falta de medios de prevención eficaces.
El expresidente de la asociación ecologista Adega señala en el mismo artículo un punto incómodo: se invierte mucho en extinción —en Galicia, más de 200 millones de euros anuales— pero poco en prevención y ordenación territorial. El resultado es un “fracaso” en términos de eficacia, con objetivos anuales de reducción de superficie quemada que se incumplen sistemáticamente. Y, lo más grave, sin una estrategia clara para atajar las causas humanas del fuego: en Galicia, tres de cada cuatro incendios son provocados.
La cuestión de fondo es que España, como otros países mediterráneos, está atrapada en un modelo de gestión forestal y territorial que no ha sabido adaptarse al cambio climático ni al vaciamiento rural. La combinación de altas temperaturas, sequías prolongadas y abandono de usos agroganaderos tradicionales crea un paisaje vulnerable, donde basta una chispa —intencionada o fortuita— para desencadenar un desastre.
El debate que plantea el profesor Varela desde Galicia vale para todo el país: ¿seguiremos poniendo el foco en más medios aéreos y brigadas, o abordaremos la raíz del problema con políticas de repoblación humana, diversificación forestal y persecución real de los incendiarios? Lo que está en juego no es solo un paisaje: es el futuro de la España interior y de sus comunidades rurales. @mundiario
