La disputa entre Junts y ERC prevalece frente a su coincidencia en un horizonte independentista

Si hubiésemos tenido que hacer una comparativa abreviada entre los resultados registrados en las tres citas electorales celebradas desde el pasado mes de febrero (primero al Parlamento gallego, después al vasco y hace pocos días a la Cámara legislativa catalana) tendríamos que establecer una conclusión principal: los cambios mas relevantes han ocurrido en el escenario catalán.

La razón resulta evidente a partir de la comprobación de las cifras: es la primera vez –desde 2012– en la que las formaciones políticas independentistas no alcanzan la mayoría absoluta de los escaños del Parlament. Mas aún: si hubiésemos ampliado la mirada hasta los años 80 del pasado siglo, certificaríamos que, desde 1984, los partidos nacionalistas (cuando CiU no se declaraba independentista) mantuvieron su hegemonía aritmética en el ámbito del poder legislativo. Si a todo esto le añadimos la circunstancia de que nunca antes el PSC había obtenido la doble condición de fuerza mas votada y con mas escaños, completaríamos el cuadro explicativo de la singularidad política vivida el 12 de mayo.

La bajada electoral del independentismo catalán afectó mas a ERC y a las CUP que a Junts. Los estudios postelectorales podrán delimitar mejor las causas de esta asimetría. Las posibles hipótesis están sobre la mesa: ¿existió una penalización específica por las deficiencias constatadas en la gestión del Gobierno encabezado por Pere Aragonés? ¿Cuánto influyó la tendencia conservadora que atraviesa la geografía política europea en la resistencia electoral experimentada por Junts e incluso en la aparición de la ultraderechista Alianza Catalana? ¿Qué peso tuvo el liderazgo casi mesiánico de Puigdemont en el desigual reparto de los apoyos electorales entre las candidaturas independentistas?

En todo caso, las élites dirigentes independentistas deberían reflexionar a fondo sobre la orientación que siguieron en la última década. La deserción de mas de 700.000 votantes que habían apostado en las elecciones de 2017 por las ofertas presentes (Junts, ERC y CUP) no se puede despachar con una apelación a las políticas represivas practicadas desde algunas instancias del aparato del Estado. Sería mas constructivo sustituir esa tentación por otras consideraciones: la carencia de realismo en la evaluación de la relación de fuerzas en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto del universo estatal y europeo; la excesiva rigidez en el diseño de la hoja de ruta que debería recorrer el proyecto independentista; las fisuras importantes que cortocircuitaron la credibilidad de la reiteradamente invocada unidad independentista...

Conviene recordar que las trayectorias históricas de ERC y Junts fueron, ciertamente, divergentes. La primera fue capaz de compartir un gobierno tripartito con PSC e IC (Iniciativa per Catalunya) entre 2003 y 2010 a pesar de que había defendido el voto negativo a la reforma del Estatut que habían acordado Maragall, Artur Mas y Zapatero. Junts es el heredero político de CiU, fuerza gobernante en la Generalitat desde 1980 e integrante del pacto constitucional de 1978. Con semejantes antecedentes, solo es posible explicar la coincidencia posterior a causa de diversos factores bien conocidos: la sentencia del Tribunal Constitucional estimando una parte del recurso presentado por el PP contra el Estatut aprobado en referéndum; la negativa del gobierno de Mariano Rajoy a cualquier pacto con CiU (circunstancia que aceleró el tránsito cara posiciones independentistas de esta formación política); la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución para suspender el funcionamiento de las instituciones de autogobierno y la promoción de iniciativas judiciales contra los dirigentes nacionalistas que derivaron en fuertes condenas por parte del Tribunal Supremo.

Hoy, la desaparición de una parte relevante de ese contexto (sobre todo la salida del PP del Gobierno del Estado y la aprobación de los indultos y de una ley de amnistía) ha provocado que la disputa por la hegemonía entre Junts y ERC ocupe un lugar prioritario frente a la genérica coincidencia en un horizonte independentista. Resulta evidente que el clima social y político existente en Cataluña ha variado significativamente respecto a las citas electorales de 2017 y 2021.

Cuando se abren las urnas, es muy importante acertar en la lectura de las cifras que proporcionan y en el diagnóstico de la situación resultante. En este caso, parecen pertinentes algunas conclusiones:

1) No existe apoyo electoral suficiente para una estrategia política que sitúe como objetivo a corto plazo la consecución de la independencia de Cataluña mediante un referéndum unilateral o pactado.

2) Las corrientes políticas independentistas siguen teniendo un apoyo notable (61 escaños sobre el total de 135) que certifica la singularidad del escenario político catalán (la hegemonía nacionalista en el Parlamento vasco está construida con un partido –el PNV– que no propone la independencia de su nación) y que obliga a buscar nuevas fórmulas que posibiliten un amplio acuerdo sobre el futuro estatus de Cataluña en el ámbito del Estado español.

3) La línea que viene siguiendo el PP desde hace mas de una década (primero con Rajoy, después con Casado y ahora con Feijóo) no tiene el aval de la mayoría de la población catalana.

4) Para encontrar nuevos puntos de encuentro que permitan avanzar en la resolución del conflicto político que se ha desarrollado en esa comunidad será preciso transitar por caminos intermedios entre la constitución de una Cataluña independiente y el estricto mantenimiento de los actuales niveles de autogobierno.

Mientras se busca una salida constructiva al laberinto catalán, Núñez Feijóo sigue refugiado en su rincón, sustituyendo la necesaria reflexión autocrítica por la obsesiva continuidad de la guerra contra el sanchismo, dispuesto a practicar una nueva modalidad de negacionismo: empeñarse en afirmar que todo sigue igual en Cataluña por culpa de Pedro Sánchez. @mundiario