Decretos, eméritos y el arte de no tocar nada: España y la ciencia de la indolencia legislativa

Uno solamente pretendió exponer que era un fallo semántico el considerar como emérito u honorifico a Juan Carlos I. Pero, chicos, tengo que volver a escribir sobre tamaño tostón, puesto que hay gente que sigue erre que erre.

En la vasta y gloriosa historia de la inacción política española —esa que cabalga entre la siesta constitucional y la desmemoria planificada— hay episodios dignos de figurar en los anales del absurdo y – como alguien tacha -, de chapuza. Uno de ellos, sin duda, es el que rodea la figura de Juan Carlos I tras su abdicación: un rey sin corona pero con título honorario, con despacho pero sin función, con escándalos pero sin responsabilidad. Un ciudadano peculiarmente ilustre, cuyo estatuto jurídico parece haber sido redactado en una sobremesa de domingo, con la misma firmeza legal que una receta de croquetas.

¿Quién decidió que Juan Carlos I debía ser llamado “Rey Emérito” u “Honorifico”? ¿Dónde está la ley, el decreto, el artículo constitucional que así lo establece? Pues… en algunos sitios, legajos y demás basura jurídica. Está claro.

Lo que pasa es que, cualquier ley, decreto ley y otras cosa más aburridísimas, los gobiernos posteriores a quienes hicieron tales leyes, pueden cambiarlos y derogarlos, siempre que tengan mayoría absoluta en El Congreso de los Diputados (o esa mayoría se la concedan otros partidos de las antípodas) – que me lo ha dicho mi hijo que es Catedrático por oposición en Derecho Constitucional en la UAB -. Y sin embargo, ahí está, como si tal cosa. Se le denomina así en todos los medios, en documentos oficiales, en el lenguaje diplomático y en el protocolo institucional. Se ha convertido en una verdad asumida, una de esas “costumbres” que en España acaban teniendo más fuerza que el Derecho positivo.

Y es aquí donde conviene analizar cómo un decreto ley o una ley puede —y debe— ser modificada por otro gobierno, si realmente existe voluntad política. Porque el origen de este despropósito no es otro que la combinación de dos ingredientes explosivos: la no interpretación lingüística de la RAE y la apatía y gandulería legislativa de los gobiernos que han preferido dejarlo todo como estaba. Por conveniencia, por cobardía o simplemente por esa pereza castiza que ya es patrimonio nacional.

El origen del desaguisado

El 2 de junio de 2014, Juan Carlos I anuncia su abdicación. Lo hace mediante una carta dirigida a su hijo, entonces Príncipe de Asturias, ahora Rey Felipe VI. En esa misiva, el rey saliente expresa su deseo de seguir usando “el título de Rey, con carácter honorífico, como Rey Emérito”. A primera vista, parece una cortesía protocolaria. Pero a partir de ahí, comienza la gran ficción.

Nadie en el Gobierno se molesta en regular jurídicamente el estatus del ex-monarca. No se emite decreto alguno. No se legisla sobre sus derechos, deberes, títulos ni responsabilidades. Simplemente, se acepta su auto-denominación como si fuera una tradición de siglos. Y lo que fue una petición informal acaba convirtiéndose en un tratamiento oficial, amparado no por una ley sino por la inercia de los usos y costumbres.

Se acude entonces, como tantas veces, al oráculo de la lengua: la Real Academia Española. Y ahí está, en el diccionario, la definición de “emérito”: “Dicho de una persona: que se ha jubilado y conserva sus honores o premios”. Perfecto. Suena solemne. Parece ajustado. Y como España es un país donde se confunde la gramática con la jurisprudencia, se da por zanjada la cuestión. La RAE lo dijo. Amén y  el consabido "qué más me dará a mi lo que quieran decir estos politicastros…."

La RAE como chivo expiatorio

La Real Academia Española no tiene poder normativo en cuestiones jurídicas. No legisla, no regula, no impone. Simplemente define, a posteriori, los usos lingüísticos más aceptados. Pero eso no impide que, en un acto de prestidigitación burocrática, se la convierta en cómplice involuntaria de decisiones políticas que nadie quiere asumir.

Así, la palabra “emérito”, perfectamente válida para catedráticos jubilados o prelados retirados, se aplica al monarca abdicado como si se tratara de una figura establecida por la Constitución. Y nadie parece preguntarse si es legal, si es coherente con el ordenamiento jurídico, o si se trata simplemente de un parche protocolario para evitar hablar del elefante en la habitación.

Porque el verdadero problema no es semántico. Es político. Y jurídico. Porque si se considera que el ex-rey debe conservar un título, un tratamiento, un estatus especial, eso debe regularse mediante ley. No basta con el Diccionario. Y, sobre todo, si el uso del título “emérito” genera problemas de comprensión, de competencias o de responsabilidad, entonces debe cambiarse. Porque las leyes, en democracia, se pueden cambiar.

Las leyes se cambian (cuando se quiere)

Este es el punto crucial. En España, como en toda democracia parlamentaria, los decretos ley tienen carácter provisional hasta que son convalidados por el Congreso. Una vez convalidados o transformados en leyes ordinarias, estas normas pueden ser modificadas, derogadas o sustituidas por otras. Cualquier gobierno con mayoría suficiente en el Parlamento puede impulsar una modificación legislativa que redefina, por ejemplo, el estatus del jefe del Estado tras su abdicación.

No hay impedimento legal alguno. No hay ninguna disposición constitucional que impida regular expresamente qué ocurre cuando un rey abdica. Se podría establecer, por ley orgánica, que el ex-jefe del Estado pasa a ser un ciudadano privado sin título alguno. O que conserva ciertos honores, bajo condiciones estrictas. O que recibe un tratamiento protocolario sin competencias ni dotación económica. Todo eso es posible. Y deseable. Porque en una democracia moderna, las figuras institucionales deben estar claramente reguladas. No basta con la costumbre. No basta con una carta.

Pero, ¿por qué no se ha hecho?

La política de la pereza

La explicación es sencilla: porque ningún gobierno ha querido meterse en ese jardín. Porque tocar el título de Juan Carlos I implica reabrir el debate sobre su figura, sobre sus acciones pasadas, sobre sus cuentas opacas, sus amistades peligrosas y sus cacerías imprudentes. Es un melón incómodo. Un campo de minas mediático. Y en la política española, el arte de no incomodar se ha convertido en doctrina de Estado.

El Partido Popular nunca ha tenido interés en modificar nada que afecte a la monarquía, su buque insignia sentimental. El PSOE, atrapado entre su ambigua tradición republicana y su responsabilidad institucional, ha preferido mirar hacia otro lado. Unidas Podemos ha alzado la voz en algunos momentos, pero sin éxito legislativo. Y el resto del arco parlamentario, entre el oportunismo y la resignación, ha dejado que el asunto se pudra en la indefinición.

Y así, entre la cobardía de unos y la desgana de otros, el título de “Rey Emérito” se ha consolidado como una categoría ficticia, sostenida únicamente por el uso repetido, la complicidad protocolaria y la pasividad gubernamental. Un “título” sin base jurídica, pero con efectos prácticos: desde la financiación pública del emérito hasta su participación (o no) en actos institucionales.

Epílogo: Cuando las palabras gobiernan

El caso de Juan Carlos I es un ejemplo paradigmático de cómo las palabras pueden acabar gobernando la realidad. De cómo una denominación, aceptada por costumbre y legitimada por el diccionario, puede convertirse en un hecho consumado, incluso sin respaldo legal. Y de cómo los gobiernos, en lugar de corregir esta anomalía, prefieren dejar que el tiempo lo tape todo.

Pero las palabras no deben sustituir al derecho. Y los gobiernos no pueden delegar en la RAE lo que les corresponde como función esencial del Estado: legislar, regular, ordenar. Si un término no es adecuado, se cambia. Si un estatus no es claro, se define. Si una figura institucional genera dudas, se legisla. No se deja al albur del protocolo ni del capricho semántico.

Porque en democracia, los símbolos también deben estar regulados. Y las palabras, por bellas que sean, no deben esconder la falta de ley.

Así que no, el culpable de que Juan Carlos I sea hoy “Rey Emérito u Honorífico” no es la RAE. La Academia solo puso la palabra sobre la mesa. El problema es que ningún gobierno tuvo el coraje de levantarla. Y así seguimos, atrapados entre el lenguaje y la desidia, gobernados por el arte de no hacer nada. Y llamando “emérito” a lo que debería haber sido, simplemente, historia.

O sea que, ni emérito ni honorífico.

Puesto que cargo honorifico, según la susodicha RAE y sus acólitos significa que deberá nombrarse a una persona especialmente proba (y, una persona proba es aquella que se caracteriza por su honestidad, integridad y rectitud moral. Es una persona honrada, íntegra y que actúa conforme a los principios morales y éticos...o sea, el propio Juan Carlos I en pura ironía) y arraigada en la comunidad. 

Es decir que el individuo no cumple – según los datos que tenemos – el término “honorifico” ni en broma. Sencillamente el de “Ex-monarca”.

¡Hala, ya basta de tontás! Chimpum. @mundiario